Llevamos cuatro décadas construyendo nuestra democracia, con avances importantes, pero también con crisis políticas, conflictos, instituciones debilitadas y una creciente desconfianza ciudadana. Hemos aprendido que votar es indispensable, pero no suficiente. La democracia también necesita justicia independiente, autoridades idóneas, respeto a los derechos humanos, libertades protegidas e instituciones que funcionen más allá de las personas que circunstancialmente las dirigen.
A pesar de sus dificultades, creo que estamos de acuerdo en que la democracia sigue siendo el sistema que debemos defender y mejorar. No porque todo funcione bien, sino porque ofrece la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, cuestionar decisiones, exigir rendición de cuentas y resolver nuestras diferencias respetando los derechos de todos.
Por eso, la salida de Roger Mariaca y la necesidad de elegir a un nuevo Fiscal General deberían ser algo más que un cambio de autoridad. Son una oportunidad para preguntarnos qué debemos hacer para elegir mejor, para recuperar la confianza en nuestras instituciones y para no seguir debilitando nuestra democracia.
La historia reciente nos deja lecciones. Después de un prolongado interinato de Mario Uribe, en 2012 fue elegido Ramiro Guerrero; en 2018, Juan Lanchipa, y en 2024, Roger Mariaca, cuyas gestiones estuvieron rodeadas de cuestionamientos. Pese a las diferencias entre cada administración, persistieron las dudas sobre la independencia del Ministerio Público y los avances en la institucionalización de la carrera fiscal. Cambian las autoridades, pero los problemas estructurales continúan sin resolverse y crece la percepción ciudadana de que, lejos de mejorar, todo empeora.
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¿Hemos aprendido algo? ¿O vamos a repetir el mismo procedimiento esperando resultados diferentes?
No estamos partiendo de cero. La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Fundación Jubileo y UNITAS han observado procesos de selección de altas autoridades, desde la elección del Defensor del Pueblo hasta la preselección de candidatos a las elecciones judiciales y la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estas experiencias ayudaron a identificar problemas en la evaluación de méritos, la transparencia, el acceso a la información y la aplicación de los reglamentos.
En febrero de este año la MOE de Jubileo presentó nuevamente recomendaciones a la Asamblea Legislativa para mejorar estos procedimientos. Se propuso fortalecer la evaluación de méritos y probidad, incorporar pruebas escritas y entrevistas estructuradas, establecer criterios claros de calificación para evitar la discrecionalidad y garantizar que las decisiones puedan ser conocidas y verificadas por la ciudadanía.
La Comisión de Constitución de Diputados ha recibido nuestras recomendaciones y esperamos que se incorporen en el reglamento que se prepara para elegir al nuevo Fiscal General. Y, como aún no hemos visto que la Asamblea haya aprobado el reglamento ni la convocatoria, es el momento de insistir que se consideren los aportes de la sociedad civil y de mostrar que la experiencia de la veeduría ciudadana puede traducirse en mejores reglas.
No hay excusas; no tenemos que esperar una reforma de la Constitución para empezar a cambiar. Podemos mejorar las evaluaciones, transparentar las calificaciones, fundamentar las decisiones y fortalecer la participación ciudadana. Es el momento de revisar también cómo resolvemos los interinatos prolongados y cuánto debería pesar no solo la experiencia o la capacidad, sino la probidad en la designación de quienes ejercen cargos públicos. Y mucho de esto está en manos de los asambleístas, por lo que también es momento de que demuestren que son capaces de implementar nuevas prácticas desde ahora y actuar con voluntad política y con responsabilidad.
Pero estamos claros que esta tarea no solo es de los asambleístas y no se limita a la elección del próximo Fiscal General. Es una tarea que no solo requiere voluntad política porque involucra a las instituciones públicas, organizaciones ciudadanas, academia, medios de comunicación y sociedad civil; y que nos obliga a mirar más allá para asumir que necesitamos nuevas reglas que sirvan por lo menos para los próximos 20 años.
Para eso, es prioritario construir, de forma participativa, acuerdos claros y transparentes sobre las reglas básicas que deben orientar la gestión pública, más allá de las diferencias políticas o de intereses particulares.
