Entre los casos identificados están Botrading, las piscinas de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las irregularidades en la contratación, ejecución y operatividad de radares del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
Por eju.tv / La Paz / Video: Radio Fides
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, solicitará al fiscal general interino, Armando Urisote, destrabar las investigaciones de sonados casos de corrupción y buscar un mecanismo para registrar los bienes de los involucrados, con el fin de recuperar los recursos estatales afectados.
Con ese objetivo, La Faye arribó la mañana de este miércoles a la ciudad de Sucre, capital del Estado, y, en primera instancia, se reunió con el magistrado y futuro presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega.
“Hoy nos vamos a reunir con el señor Fiscal General de la República a efecto de poder destrabar temas que habían estado ahí rechazados, en unos casos, paralizados en otros, y poder, obviamente, encontrar los mecanismos para poder anotar los bienes de todas aquellas personas que han causado daño económico al Estado”, informó el procurador en declaraciones a radio Loyola de Sucre.
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Entre los casos identificados por la Procuraduría están Botrading, vinculada a la empresa creada durante el gobierno de Luis Arce como intermediaria para la importación de combustibles, y el caso de las piscinas de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, se reunió con el presidente electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega. Foto: PGE
Además, está el caso referido a las irregularidades en la contratación, ejecución y operatividad de radares del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
El proyecto fue adjudicado en 2016 a la empresa Thales Air Systems por 191,07 millones de euros, con un plazo inicial de ejecución de 31 meses. Sin embargo, se habrían suscrito siete contratos modificatorios y la entrega definitiva se realizó en diciembre de 2024, pese a que estaba programada para mayo de 2019.
Entre los principales hallazgos técnicos se identificaron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: dos operaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y otros dos se encontraban fuera de servicio. Estos resultados contrastan con el registro de una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
Según el Ministerio de Defensa, la auditoría interna identificó un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones. Por ello, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público que alcanza a 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, exfuncionarios y representantes de la empresa contratista.
“Como Procuraduría, obviamente, lo que perseguimos es que se restituyan esos dineros, que vuelvan esos dineros al Tesoro General de la Nación para que con ellos se pueda hacer educación, salud, caminos, que era donde estaban destinados, no al bolsillo de esta gente”, señaló el procurador.