Parece que la mayoría está de acuerdo en que los jueces deben ser probos, independientes y honrados; y que deben ser inmunes a las presiones y a los sobornos. Pero la realidad es otra. Según el sistema político que impere, los jueces respetan la ley, en cambio donde se restringe la libertad, estos favorecen en sus fallos al régimen populista y a sus seguidores, condenando, con frecuencia, a los opositores que resultan inocentes.
Esto viene a cuento por lo que lo que está sucediendo en España, donde la Justicia no está contaminada por la política sectaria. Pero Pablo Iglesias, líder de la agrupación populista Podemos y vicepresidente del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), criticó airadamente un fallo judicial contra su correligionaria que había quebrado la ley en Madrid. La reacción de la judicatura española no se hizo esperar: “El Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha mostrado su «profundo malestar» por las críticas e insinuaciones de Pablo Iglesias sobre la justicia tras la pena de 19 meses de prisión impuesta a la líder de Podemos en Madrid, Isabel Serra. El TSJ de Madrid la condenaba ayer por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, tras agredir a una agente de Policía Municipal”. (Libertad Digital. 23.04.2020).
Esto puede ser el comienzo de un intento del gobierno PSOE/Podemos de imponer un populismo muy parecido a los regímenes en América Latina afiliados al Foro de San Pablo, donde la independencia del Poder Judicial no existe y se pasa por alto los delitos de los oficialistas.
Esto ha venido sucediendo en Bolivia. El populismo anterior secuestró al Poder Judicial, amañó curiosas elecciones de magistrados e, invariablemente, las sentencias y los recursos de estos fueron favorables al gobierno. No habrá que olvidar el terrible caso del llamado Juicio del Siglo contra ciudadanos supuestamente autores de una subversión, de un intento de magnicidio y aún de separatismo, lo que nunca se probó. Pero, por más de una década, se mantuvo encarcelados a prominentes personajes inocentes.
Es más: a raíz de que la Policía Boliviana “no coordinó” con los cocaleros su presencia en el Chapare, estos no hesitaron en promover una asonada que ocasionó la salida de los efectivos policiales. Consecuentemente, los bancos cerraron al no contar con la protección que exigen las compañías de seguros. Es más: los culpables de ese atentado, anuncian que recurrirán a la justicia y son, precisamente, los que vulneran la ley, desconocen la soberanía nacional que es indivisible y pretenden seguir utilizando la justicia de manera partidaria y política.
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Lo inaplazable es reorganizar la administración de justicia, con la selección imparcial de sus integrantes.