Sucre declara emergencia y la Suprema respalda a Fernández.
El Gobierno quiere ver en la cárcel al jefe de la Suprema.
La magistrada Salame dice que se trata de “un tiro de gracia” que pretende quebrar al Poder Judicial.
Investigado: el Presidente de la Suprema (izq.) en una conferencia de prensa, ayer en la Corte Suprema (La Prensa)
El Gobierno quiere ver en la cárcel al jefe de la Suprema
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La Razón
El Ministerio de Defensa será coadyuvante en el proceso que se le sigue al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Evo Morales dijo que debe renunciar. En Sucre, el Comité Interinstitucional se declaró en emergencia.
El presidente Evo Morales pidió ayer la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, mientras su ministro de Defensa, Walker San Miguel, reveló que quiere verlo en la cárcel, por lo que decidió constituirse en parte coadyuvante del juicio que el bloque oficialista de la Cámara de Diputados decidió llevar adelante en contra del ministro, por presunta retardación de justicia en tres juicios.
“Cuando tiene que juzgar a Gonzalo Sánchez de Lozada se excusa, levanta las manos. ¿Para qué está en la Corte Suprema de Justicia? ¿Para decir no me corresponde? Por eso, en vez de excusarse, debería renunciar ese señor”, afirmó el Jefe de Estado.
“En algún momento tiene que estar en la cárcel”, declaró por su parte San Miguel, tras señalar que el magistrado “es indigno de su cargo” y calificar a la Suprema como un órgano “podrido”.
“Huele a podrido en la Corte Suprema, todos los miembros deben irse, están ligados a los masones y a los partidos políticos tradicionales”, afirmó San Miguel, durante un acto en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. La reacción de las autoridades judiciales fue inmediata.
“El Gobierno está utilizando políticamente estas imputaciones para hacer daño no sólo al Presidente de la Corte, sino al Poder Judicial del país”, declaró Fernández en Santa Cruz, mientras en Chuquisaca los principales líderes de la oposición se declararon en emergencia en defensa del Poder Judicial y anunciaron movilizaciones. En La Paz, la oposición política denunció que el oficialismo quiere destruir al Poder Judicial para evitar control.
San Miguel dijo que sugirió a Fernández renunciar a su cargo “porque también está haciendo retardación de justicia en el caso (Fernando) Kieffer, no sólo en el caso (Tonchi) Marinkovic, no sólo en el caso Chito Valle, no sólo en el caso Octubre Negro. Por ese motivo el Ministerio de Defensa va a ser coadyuvante ante esta denuncia en la Comisión de Constitución, hasta conseguir una sanción del eneferista Eddy Fernández”, sentenció.
LA SESIÓN • La Comisión de Constitución de Diputados decide seguir con la investigación a Fernández. Fue el jueves.
El viernes, la Comisión de Constitución de Diputados instruyó al Comité del Ministerio Público iniciar investigaciones para definir el inicio de un juicio por prevaricato contra Fernández, tal como solicitaron instituciones de defensa de DDHH.
La respuesta fue inmediata. El Poder Judicial y la oposición política y regional cerraron filas en torno a Fernández, quien anunció que no renunciará y denunció un intento de descabezamiento.
“Quieren destruir nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu”, aseveró la ministra Rosario Canedo, mientras su colega, Hugo Suárez, dijo que si destituyen a Fernández “sería casi un golpe de gracia, porque quedaríamos siete (ministros en la Suprema)”.
La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, coincidió en que “yo diría que es hasta un tiro de gracia, porque si la Corte Suprema pierde al Presidente (Fernández) indudablemente el nuevo Presidente va a responder a los intereses del Gobierno (central)”.
En Chuquisaca, sus líderes se sumaron a la defensa de Fernández. “El Comité Interinstitucional declara estado de emergencia y movilizaciones en todo el departamento en defensa de la sede del Poder Judicial y de los derechos de todos los bolivianos”, anunció en la tarde el presidente del Comité Cívico, Jhon Cava.
La prefecta, Savina Cuellar, acotó que “como chuquisaqueños tenemos que estar unidos para defender a sus autoridades; haremos marchas, haremos cabildos”.
En La Paz, la oposición política denunció que hay un intento del oficialismo de destruir al Poder Judicial. “¿Con qué objetividad, con qué imparcialidad, con qué justicia puede tratar la mayoría oficialista al máximo Tribunal de Justicia del país? Si para descabezarlos ya se tiene una instrucción política”, aseveró el jefe de bancada de Podemos, Fernando Rodríguez.
Martínez aclara la situación
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, René Martínez, aclaró ayer que el informe preliminar que aprobó esta instancia no implica la suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, ni su condena.
“La imputación (que hizo la Comisión) implica que el Comité del Ministerio Público puede conducir la investigación y luego definir su acusación o sobreseimiento”, explicó el diputado.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de retardación de justicia contra Fernández que presentaron las víctimas de Octubre, derechos humanos y otras.
La demanda establece retardación de justicia en tres juicios de responsabilidades: del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio; del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle; y del ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic, ambos acusado por delitos de corrupción.
Ese Comité tiene tres meses para seguir su investigación; Martínez sugirió que en este tiempo Fernández acelere los procesos pendientes.
Evo se suma a la campaña contra la Suprema
EL PRIMER MANDATARIO PIDIÓ LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Eddy Fernández, presidente de la Corte Suprema, ayer.
Los Tiempos
Agencias .- El Gobierno pidió ayer cárcel para Eddy Fernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, además de la renuncia de todos sus integrantes porque, según el ministro de Defensa Walker San Miguel, esa instancia judicial “huele a podrida”.
El presidente Evo Morales, según difundieron canales de televisión, se sumó también a los ataques contra la Suprema, pidiendo la renuncia de Fernández y justificando la solicitud de juicio de la Cámara de Diputados contra el titular del máximo tribunal de justicia de Bolivia.
En tanto, Eddy Fernández respondió que no renunciará a su cargo y denunció que está en marcha una estrategia política para «descabezar» el Poder Judicial, después que la Comisión de Constitución de Diputados, de mayoría oficialista, expidiera un informe preliminar en que acusó al magistrado de retardar justicia.
Sucre declara emergencia y la Suprema respalda a Fernández
LA PRENSA
El ministro San Miguel pide cárcel para el Presidente de la Corte Suprema
La magistrada Salame dice que se trata de “un tiro de gracia” que pretende quebrar al Poder Judicial.
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y el Comité Interinstitucional chuquisaqueño se declararon en “estado de emergencia” y en “pie de lucha” en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, quien afronta un juicio por supuesta retardación de justicia. El Órgano Judicial cerró filas en respaldo a esta autoridad.
Luego de una reunión de los miembros de la Directiva de la organización interinstitucional, ayer se leyó el pronunciamiento de la región que, en sus partes más salientes, señala: “El Gobierno del presidente Evo Morales no ha dudado un instante en destruir el estado de derecho, la libertad, la democracia y las instituciones”.
Asimismo, se condena enérgicamente el intento de procesar a Fernández, pues sería una actitud que contradice el discurso del Jefe de Estado, que “en aparente humildad convoca al diálogo, mientras sus operadores continúan buscando el enfrentamiento entre bolivianos”.
El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava, a nombre del Comité Interinstitucional, manifestó su solidaridad para con el Presidente de la Corte Suprema, quien sería víctima de un pretendido juicio “por aquellos que violan diariamente la ley”. “No tienen moral para ningún juicio porque antes deberían limpiar la corrupción de su propia administración”.
El documento ratifica el compromiso de Chuquisaca por el respeto y defensa de la democracia y la sede del Poder Judicial. En tanto, desde La Paz, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, pidió cárcel para el magistrado y lo acusó de pertenecer a Nueva Fuerza Republicana (NFR) del ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa.
En cuanto a las posibles movilizaciones, Cava dijo que serán analizadas por la Directiva del Comité y la próxima semana, en coordinación con las instituciones locales, se definirá qué acciones tomarán para hacer que el Ejecutivo detenga las acciones en contra de Fernández.
La prefecta Cuéllar pidió la unidad de los ciudadanos para defender la “legalidad”.
La alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, criticó a los parlamentarios oficialistas por Chuquisaca. Dijo que en lugar de “descabezar” al Poder Judicial deberían tramitar y gestionar proyectos para la región.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados autorizó el jueves al Comité del Ministerio Público y Policía Judicial para que investigue a Fernández por el delito de retardación de justicia sancionado por el artículo 177 del Código Penal.
Este proceso llevará al menos 90 días, después de este plazo y con pruebas fehacientes se puede presentar una imputación formal, según el Reglamento de la Cámara de Diputados, lo que implica la suspensión inmediata de la autoridad procesada.
Sin embargo, cuando el oficialismo aprobó el informe la noche del jueves, se informó que se trataba de una imputación contra Fernández; sin embargo, el diputado masista Jorge Silva aclaró que solamente se autorizó el inicio del juicio.
Una vez que el informe del Comité esté elaborado, éste deberá ser considerado en la plenaria de la Cámara de Diputados. En caso de que sea aprobado, la resolución será remitida al Senado que actuará como Tribunal de Sentencia.
La Cámara Alta, controlada por la oposición, puede avalar la determinación de los diputados o absolver al magistrado.
Fernández es enjuiciado por la retardación de justicia en casos como “febrero negro”, “octubre negro”, los juicios contra el ex prefecto Alberto Valle y el ex ministro de Salud Vladimir Tonchy Marinkovic, además de otros.
Fernández rechazó ayer las acusaciones. Explicó que estos casos se arrastran desde anteriores gestiones. Agregó que espera un juicio imparcial, aunque adelantó que no renunciará a su cargo porque tiene mandato del Congreso hasta el 2 de enero de 2015. La autoridad fue designada el 2 de enero de 2005.
La ministra Rosario Canedo respaldó a la autoridad. La única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, también expresó su apoyo.
Bolivia presentará un informe sobre derechos
La viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, anunció que el Gobierno presentará en julio de este año un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Órgano Ejecutivo, el 18 de marzo, solicitó una audiencia a esa entidad internacional para dar a conocer asuntos relacionados con la administración de justicia, condiciones de detención y derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, además de derechos de las mujeres, de los niños y niñas y de las personas solicitantes de refugio.
La Comisión Interamericana hizo algunas recomendaciones en febrero de 2009, a las que denominó “El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, donde se sugiere incrementar los mecanismos de publicidad y difusión de los derechos de los ciudadanos.
Fernández dice que el objetivo político es claro
• SUPREMA• Eddy Fernández es el presidente del máximo órgano judicial del país.
La Razón
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, dijo ayer que el intento de enjuiciarlo por presunta retardación de justicia tiene un objetivo político, por lo que anunció que continuará ejerciendo el cargo hasta finalizar su mandato.
De acuerdo con la autoridad, existen al menos dos hechos que confirman esta hipótesis. El primero, el no haber sido convocado a la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que el jueves aprobó un informe para investigarlo por la presunta retardación de justicia en el caso del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada, y el segundo: que su caso se haya tratado con anticipación a otras solicitudes similares que hay en el Congreso.
“El Presidente (de la Suprema) está adecuadamente representado, tiene dos abogadas en la ciudad de La Paz, pero extrañamente no hemos sido notificados para esa sesión, indudablemente parece que todo estuviera calculado”, observó Fernández. Luego, rechazó la acusación de retardación que existe en su contra y aseguró que, contrariamente, “soy de la opinión de que los juicios deben continuar hasta su conclusión”.
Luego anunció que continuará frente al Poder Judicial, para defenderlo “frente a cualquier amenaza, interna o externa”.