Bolivia, Brasil y EEUU firmaron un documento antidroga en enero. El Gobierno boliviano dice que el pacto está en etapa de “implementación inicial”. El protocolo de 1988 suscrito entre Bolivia y Brasil impide la vigencia plena del acuerdo.
El embajador de Brasil junto al vicecanciller, el año pasado. Archivo APG
Un documento firmado en La Paz en agosto de 1988 deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aplicación del acuerdo tripartito antidroga suscrito entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos el 20 de enero del presente año. El gobierno brasileño impuso como condición que aquel convenio sea implementado antes de la firma del acuerdo.
Página Siete accedió a los documentos que en reserva firmaron Brasil, Bolivia y EEUU y obtuvo el protocolo adicional de 1988 que condiciona la puesta en vigencia el acuerdo.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde, en conversación con este diario, indicó que el antiguo protocolo deberá ser ratificado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que es uno de los motivos por los que el acuerdo tripartido recién se encuentra en una etapa preliminar.
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“El acuerdo está en la fase inicial de implementación, vamos a avanzar recién en los detalles de operativización. (…) Este protocolo (de 1988) requiere una ratificación de parte de la Asamblea Plurinacional y se están iniciando los procesos que corresponden”, manifestó la segunda autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El protocolo de hace 24 años
El apartado 4.1 del documento firmado entre Bolivia y Brasil hace más de un mes establece que “los participantes acuerdan que la entrada en vigor del presente Memorándum de Entendimiento (del acuerdo tripartito) está condicionada a la entrada en vigor definitiva del Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia Recíproca para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas que producen Hábito, firmado en La Paz el 17 de agosto de 1988”.
De esta forma, el acuerdo tripartito se pondrá en marcha recién a partir de una ratificación legislativa del documento que fue rubricado hace 24 años.
En criterio del ex canciller Armando Loayza, aquel punto incorporado por el Brasil es conocido como una “cláusula suspensiva” que Bolivia debe cumplir para honrar los compromisos internacionales asumidos.
“Si el país aceptó esta cláusula se debe poner en ejecución el protocolo, porque si no se cumple queda limitada la aplicación de un acuerdo tan trascendente como el acuerdo tripartito”.
Sin embargo, aquel documento suscrito entre los cancilleres de ese entonces; Guillermo Bedregal (MNR), por Bolivia, y Roberto de Abreu Sodre, por Brasil, fue cuestionado en aquel tiempo y también durante estos años.
En 1988 se dieron pasos decisivos en la política antidroga: la promulgación de la hasta ahora criticada Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (juio) y el convenio de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (diciembre).
En el medio de la puesta en vigencia de ambas normativas se firmó el protocolo adicional con Brasil.
Página Siete conversó con un diputado del MNR durante el periodo legislativo 1985-1989, que pidió el anonimato, y éste recordó que ya en ese tiempo existió una serie de críticas desde los medios de comunicación y la clase política hacia el protocolo adicional pues se habían observado elementos considerados atentatorios contra la soberanía.
Recordó que el acuerdo se firmó en el marco de varios convenios firmados con Brasil debido a la visita del entonces mandatario de aquel país José Sarney.
Mientras tanto, el entonces parlamentario del Partido Socialista-1 Róger Cortez indicó que los acuerdos antidroga firmados con Brasil quedaron al margen pues en esa época Estados Unidos controlaba de manera casi hegemónica las políticas contra el narcotráfico que se ejecutaban en toda la región.
De hecho, el protocolo que ahora reclama el país vecino nunca pasó por el Congreso y debe ratificarse en la Asamblea Plurinacional, pese a que Brasil anunció en los últimos años que el mismo se “actualizaría”
“El acuerdo está en la fase inicial de implementación, vamos a avanzar en los detalles de operativización”.
Juan Carlos Alurralde
Brasil anunció actualizar tratado de 1988
Pese a que ahora es una condición impuesta por Brasil para poner en marcha el acuerdo tripartito, durante 2011 la delegación diplomática de aquel país anunció la actualización del protocolo adicional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas que producen Hábito de 1988.
Eso es lo que señalan los comunicados emitidos por la embajada de aquel país en marzo de 2010 y enero del año pasado. “Se dará continuidad a la realización de estudios y la obtención de información con miras a la actualización del ‘Convenio de asistencia recíproca para la represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia’, que está vigente desde el 17 de agosto de 1977, así como del Protocolo Adicional de 2 de agosto de 1988”, señalan los comunicados que la delegación diplomática brasileña envió a los medios de comunicación y que fueron reproducidos a raíz de un convenio de cooperación bilateral a favor de la Policía.
Sin embargo, pese a aquellos anuncios, el documento suscrito hace 24 años ahora es una condicionante para la puesta en vigencia plena del acuerdo tripartito de cooperación antidroga entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos.
Página Siete conoció de fuentes extraoficiales que esta demanda brasileña apuntaría a mantener la influencia de este país en Bolivia al mismo nivel que Estados Unidos en lo que a política antinarcóticos se refiere y que no se repita lo sucedido en los 90.
Protocolo de 1988 habla de “hábito” y no de “adicción”
El protocolo de 1988 con el que Brasil condicionó la puesta en vigencia plena del acuerdo tripartido antidroga se refiere a “represión del tráfico ilícito de drogas que producen ‘hábito’” y no a la adicción, que es el término que se usa en la actualidad.
El término ‘hábito’ es usado por Bolivia para defender el legal masticado de la hoja de coca en el concierto internacional y lo diferencia de la ‘adicción’ que producen los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que están vetadas en la convención firmada en Viena en 1988.
Este elemento fue, de acuerdo a la información que obtuvo Página Siete de fuentes gubernamentales que optaron por mantener la reserva de fuente, una de las observaciones que el equipo técnico nacional hizo durante la negociación del acuerdo.
Aquel protocolo, además, establece la participación de Brasil en tareas de colaboración de erradicación de la hoja de coca, apoyo en la sustitución del plantado de cocales por planes de desarrollo alternativo, en la represión del tráfico ilícito de drogas y en la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social de gente con problemas de farmacodependencia.
Sin embargo, todas estas funciones fueron asumidas por Estados Unidos durante el final de la década del 80 y todo el decenio posterior.
En la lectura del ex canciller Javier Murillo, el gobierno estadounidense controló la política antinarcóticos en la región a partir de la firma de los convenios de Cartagena de Indias, en Colombia. Esos acuerdos se conocieron como los de “3+1”, que incluían a Bolivia, Perú y Colombia como países productores y Estados Unidos como proveedor de recursos para la lucha antidroga.
Fuente: Página Siete / La Paz – 28/02/2012