Parte I – Dante N. Pino Archondo
Somos un pueblo que se recrea constantemente. Se reinventa y por eso mismo, parece no tener principio ni fin. Nos dicen que el Estado en Bolivia es el resultado de esta dinámica. Ni Estado débil, ni Estado neoliberal. Que tales expresiones son solo frases que esconden la realidad. Es un Estado que cambia de estado, al compas del estado que adquiere la democracia: unas veces al servicio de elites sin conciencia de clase y otras al servicio de organizaciones sociales sin sentido de historia.
Lo democrático en Bolivia depende del ojo con que se mira. No siempre los gobiernos constitucionales han sido vistos como democráticos. Y algunos gobiernos de facto han sido comprendidos como tales. Por eso la necesidad de definirse en democracia depende del ojo con que se vea.
La nueva constitución que nos delimita como un Estado Plurinacional, es el resultado de un proceso, en el cual, la democracia pactada terminó su ciclo por falta de capacidad en el manejo de su modelo económico, y sus postulados sociales con resultados concretos. El Estado del 85 al 2005 se consumió como vela sin remedio, anunciando estabilidad sin empleo y crecimiento económico sin producción.
Esta ausencia de resultados ocasionó el final de los pactos inter partidarios que sostenía la concepción del viejo Estado. En realidad, uno de los factores que determinaron el tránsito hacía el nuevo Estado, tiene mucho que ver con la pérdida de inserción social que sufrieron los partidos del pacto y el avance con miedo, primero, y coraje después, con el que grupos corporativos sindicales se lanzaron a debilitar la autoridad Estatal y quitarle legitimidad hasta obligarla a negociar bajo sus condiciones. (1)
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Asistimos a una confrontación donde se suceden avances y retrocesos de las dos caras del Estado que perviven. El viejo Estado con sus factores neoliberales y el nuevo Estado con sus pretensiones estatales. Esta situación refleja la pérdida del control del Estado por la vieja aristocracia política pero por otro lado la incapacidad de los nuevos actores en función de gobierno para consolidar el nuevo Estado.
Y así el ciclo de la reinvención social vuelve a girar de un punto a otro retornando al origen. Bolivia no puede definirse y esto la convierte en un espacio donde todo puede suceder y donde lo que sucede bien pudo haber sucedido. Por eso retornar al Estado Capitalista del 50 al 80 puede ser visto como “cambio” el año 2005 y las masas asumen esta situación como cierta.
¿Cuál es la verdad en la lucha por crear un nuevo Estado y la resistencia que se advierte para ello? Primero que no hay un nuevo Estado, sino el cambio de nombre del viejo Estado. Lo que se advierte, es más bien la decisión de las clases dominadas por asumir la conducción del Estado y dejar de ser las receptoras de ofertas sin resultados. Las clases excluidas – se dicen ahora – los indígenas campesinos originarios, aspiran a formar parte de los más altos cargos del Estado.
Y han comprobado que su voto puede hacer esto realidad. Por tanto si algún cambio se ha producido es este. Y a partir de ello el partido político que desee perforar la presencia del Movimiento al Socialismo en sus bases sociales deberá tener en cuenta esta situación.
La resistencia a la conformación de un nuevo Estado, ha sido más bien formal. Y la aparente oposición a la política social dispuesta en este período tiene que ver más con la cáscara que con el contenido. Las autonomías se convirtieron en el dique de contención para defender la propiedad agraria. Y al final se produjo lo que adelantamos el año 2007: una transacción entre la reelección presidencial a cambio de garantizar esta propiedad.
Situación que se dio en la modificación senatorial al contenido de la nueva constitución; donde se especifica la continuidad de la propiedad agraria consolidada por irretroactividad al límite de la extensión de tierra, dispuesto en la consulta a cambio para aprobar la reelección del vicepresidente y del Presidente de la República, dejando a un lado la prohibición de que la reelección sea posible para el próximo período constitucional.
La oposición se ha movido en medio de la demanda de autonomía y defensa de la propiedad agraria. El gobierno lo hizo en una sola dirección: conseguir la reelección.
En este proceso, como en todo, se han producido sumas y restas. Si analizamos al gobierno, su base social se ha extendido del sector cocalero, a las capas empobrecidas de las ciudades radicadas en el altiplano y ha logrado establecer un vínculo cierto de rasgo étnico entre el Palacio y el sector campesino aymara. El ícono del Indio en el Palacio es tan fuerte que sirve para perdonar al Gobierno sus errores, los mismos que ha otro gobierno de composición étnica distinta no le perdonarían.
Con esta afinidad que parece ser indisoluble, por ahora, el Gobierno ha dispuesto, aprovechando una favorable coyuntura económica: el reparto de Bonos en dinero a sectores sociales, como los niños, los ancianos y las madres embarazadas. Ha estatizado el gas y las acciones de los bolivianos producto de la capitalización, pero ha pagado el valor de sus acciones a las petroleras, ha dispuesto el control estatal de la minería, la extensión de la presencia estatal en empresas de leche, cartón, papel, aviación y la importación de alimentos, para mostrar un Estado distinto al anterior.
Por su parte la oposición se ha limitado a criticar estas medidas sin oponerse con alternativas y le ha seguido, al gobierno, el juego de la politización del cuadro nacional. El único fin de todo esto, en Santa Cruz, fue defender la propiedad agraria y para ello no dudó en sacrificar a los Prefectos de Cochabamba y La Paz; aprobar el contenido de una constitución en la que no creen y facilitar la reelección del Gobierno.
Puestas así las cosas, ahora la coyuntura se mueve en el camino de las elecciones más importantes de la historia republicana, porque de su resultado depende la continuidad del populismo indigenista afianzado en el Palacio o la reedición de un pacto político que mediatice esta presencia y modifique la tendencialidad estatizante que se ha puesto en marcha.
(1) La pérdida de inserción social o capacidad de convocatoria social ha sido la causa para perder el control del Gobierno. Tales los sucesos del año 1964 (MNR) y del año 2003 (MNR; MIR y NFR)