Caso Ávalos estaba en investigación; Fexpocruz redobla control


Fiscales cruceños no participaron en el operativo antiterrorista.

Fexpocruz redobla la seguridad y control de ingreso a campo ferial

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Autoridad. El representante del Ministerio Público cruceño pedirá que sus fiscales participen de las investigaciones del hecho

Caso Ávalos estaba siendo investigado en Santa Cruz

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Violencia. Jaime Soliz ratificó que desde la Fiscalía General de la República le ordenaron que no intervenga en los operativos. Confirman que no hubo fiscal en la incursión al hotel

El Deber

Christian Peña y Lillo H. |

El atentado contra la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, tuvo control jurisdiccional primero en un juzgado de nuestra capital. El Gobierno justificó el accionar de los efectivos policiales en el hotel Las Américas asegurando que un juez paceño previno la legalidad de los hechos antes y así explicaron por qué los fiscales cruceños no fueron parte de los operativos realizados la madrugada del jueves 15 de abril, donde se víctimó a tres personas y se detuvo a otras dos.  

Sin embargo, ayer se conoció que el juez Luis Hernando Tapia Pachi, del juzgado Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz, conoció el caso del dignatario de Estado el 1 de abril de 2009. El inicio de las investigaciones fue puesto a conocimiento del juzgador por el fiscal Óscar Flores, que recibió la denuncia del atentado contra Ávalos de la esposa de éste, Yolanda Claros de Ávalos.

“Todas las acciones ejecutadas son nulas de pleno derecho. Han avasallado jurisdicción y competencia”, afirmó Tapia, refiriéndose a las acciones policiales ejecutadas la madrugada del jueves en el hotel Las Américas.

El Gobierno, luego de los operativos en la capital cruceña, aseguró que los supuestos terroristas habían sido identificados y seguidos hace tiempo, luego que sucedió el atentado contra el viceministro. Aparentemente, esto fue la punta del ovillo que originó las investigaciones, que se aceleraron después del atentado explosivo en la casa del cardenal Julio Terrazas.

La jueza Bethy Yañiquez, encargada del juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz, indicó ayer que ella tuvo conocimiento de los hechos la mañana del miércoles, día de la balacera en el hotel, y afirmó que no se requería orden judicial para ingresar en el hospedaje porque supuestamente hubo flagrancia en los hechos.

Adicionalmente, aclaró que ella emitió la mañana del mismo día una orden de allanamiento para que se ingrese en los predios de la Feria Exposición de Santa Cruz, donde se encontró en el stand que alquila la cooperativa de telecomunicaciones Cotas armas, municiones y explosivos. Los directivos de esta muestra internacional aún no han señalado si hubo o no esta orden.

El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, explicó que el caso fue trasladado a la sede de Gobierno porque, luego del atentado que sufrió Saúl Ávalos en nuestra capital, el Ministerio de Gobierno presentó una querella ante las autoridades judiciales paceñas y por ello el control jurisdiccional estaba a cargo de fiscales de ese departamento.

Pero las competencias jurisdiccionales en este caso no son las únicas observaciones que hay. El fiscal de Distrito cruceño, Jaime Soliz, ratificó ayer que por orden de la Fiscalía General de la República los representantes del Ministerio Público del departamento no actuaron en el operativo en el hotel.

“Estábamos mandando fiscales al lugar de los hechos, pero Mario Uribe (fiscal general de la República) me dijo que una comisión especial de La Paz investigaría y pidió que Santa Cruz se abstenga de conocer el caso porque se trataba de un hecho de seguridad de Estado”, afirmó Soliz y anunció que pedirá que los fiscales cruceños participen de las investigaciones en adelante.

Por su parte, el fiscal paceño Marcelo Sosa aseguró que todas las acciones policiales fueron legales y dijo en una conferencia de prensa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que no hubo orden de allanamiento en Las Américas, porque “el hecho ocurrió casi en flagrancia”.

Además, Sosa reconoció que él no participó en la acción directa de los policías en el hotel y confirmó que llegó a la escena del crimen la mañana del jueves.

Para el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, esto demuestra que las acciones son nulas y recalcó que para un operativo de este tipo es indispensable la presencia de un representante del Ministerio Público, más aún si la Policía ya tenía conocimiento del paradero de los supuestos terroristas.

Fuentes policiales locales afirman que los cincos implicados en terrorismo (los tres muertos y dos detenidos) fueron seguidos desde septiembre del año pasado.

Finalmente, aún no se ha esclarecido con certeza si hubo o no enfrentamiento, ya que las autoridades policiales y judiciales se han limitado a indicar que esto se verificará cuando se tengan los informes de balística que se elaboran en La Paz.

   Proceso del viceministro   

– Denuncia. El caso fue denunciado el 1 de abril, a las 9:46. La denunciante es Yolanda Claros de Ávalos y la víctima Saúl Ávalos Cortez, viceministro de Autonomías.

– Delitos. De acuerdo con la primera relación de los hechos, se denuncia en contra de quienes fueron los autores de los delitos de terrorismo, peligro de estragos, tentativa de asesinato, atentado contra dignatarios de Estado y otros.

– Fiscalía. Óscar Flores, fiscal asignado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue el encargado de iniciar las investigaciones del hecho y puso a conocimiento del juez Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal, Luis Hernando Tapia Pachi, el hecho el 1 de abril, diez minutos antes de las 17:00.

– Investigador. De acuerdo con el memorial en el cual se pone en conocimiento del juez cautelar el inicio de las investigaciones, el policía asignado al caso es Andrés Arcaine Quispe, de la división de Crimen Organizado de la Felcc.

– Pedido. El fiscal Óscar Flores solicitó al juez Tapia Pachi, el martes siete de abril, la ampliación de término para continuar con las investigaciones del caso, en cuyo memorial se establece que el único delito sería terrorismo.

– Proceso. El último documento presentado en este caso es una solicitud del lunes 13 de abril por Saúl Ávalos, a través de su abogado, Abraham Quiroga, donde se pide al juez una inspección del lugar del atentado y la reconstrucción del hecho.

Armas serán entregadas a los militares

El armamento del supuesto grupo terrorista pasará a tuición de las Fuerzas Armadas, así lo informó el ministro de Defensa, Walker San Miguel, mientras prosiguen las pesquisa a cargo de los organismos de seguridad.

La autoridad dijo que estas investigaciones pueden estar en unos cuatro días, de manera que el Ministerio Público tome conocimiento de todos los detalles y resultados de los operativos que se ejecutaron para desactivar las actividades de este grupo. Aún no se conoce si el material explosivo encontrado en el stand de Cotas en la Feria Exposición será destruido por la Policía.

Respecto a la calificación de ‘arsenal’ que han hecho las autoridades de Gobierno al armamento encontrado en los predios de la muestra internacional, un ex comandante de la Policía y un ex comandante de la Octava División, que pidieron no ser identificados, han señalado que por las características de lo encontrado no se trata de un arsenal.

Según ellos, las armas son viejas y parecen no tener las características de uso para atentados bélicos de magnitud.

De igual forma, aún no se aclaró por qué las armas que se encontraron en el cuarto de los abatidos son más modernas que las encontradas en la feria.

Fexpocruz redobla la seguridad y control de ingreso a campo ferial

Violencia. La empresa de seguridad física Falcón requisa desde ayer a todos los motorizados que entran al campo ferial. El número de guardias subió de cinco a diez. Piden intervención

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Control. La Fexpocruz determinó que todos los motorizados y personas particulares sean inspeccionados antes de ingresar en el predio. El control también tocó a la prensa

El Deber

Fernando Rojas M.

A raíz del supuesto hallazgo de armamento y material explosivo en el stand de Cotas, que es relacionado con los presuntos terroristas que fueron abatidos a tiros por la Policía el jueves, en el hotel Las Américas, la Fexpocruz dispuso redoblar la seguridad y requisar los motorizados y personas particulares que ingresan en el campo ferial.

A diferencia de otros días, ayer los guardias de la empresa de seguridad física Falcón, que brinda el servicio de vigilancia en el predio ferial, no permitían el ingreso de motorizados sin antes verificar qué llevaban en el interior, esto para despejar cualquier duda respecto al ingreso de algún objeto no permitido. Igualmente el control es estricto para las personas particulares.

Miguel Salek, gerente general de Falcón, indicó que, por disposición de los ejecutivos de Fexpocruz, desde ayer se aumentó el personal de vigilancia de cinco a diez personas. Detalló que durante el día la mitad de ellos se encargará de resguardar las calles y ambientes descubiertos que tiene el campo ferial. El resto reforzará el control nocturno.

Salek indicó que si bien garantizan y tienen presencia física las 24 horas, la tarea que cumplen está limitada, porque sólo anotan el ingreso de personas y vehículos a la feria, no así de la mercadería u objetos, porque no están autorizados para ejecutar dicha labor.

Otro aspecto que hizo notar es que personal de Falcón no custodia los pabellones que existen en el campo ferial, porque, según él, se mantienen cerrados. “Cuando algún guardia advierte que un stand está abierto, inmediatamente comunica a la gerencia de Fexpocruz para que se tomen los recaudos”, precisó Salek.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), propietarios de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), evitaron formular comentario respecto al armamento que supuestamente se encontró en el stand de Cotas.

En la Cainco se limitaron a indicar que toda información sobre este asunto debe ser solicitada a la gerencia de la Fexpocruz. En dicha institución no apareció el titular ni contestó su teléfono celular.

Se informó de que en la jornada estuvo con una serie de compromisos laborales que impidieron tener cualquier contacto con la prensa.

Ayer, las actividades en las oficinas de la Fexpocruz y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que se encuentran en el campo ferial, se desarrollaron con normalidad e incluso los trabajos en el sector pecuario, con miras a la muestra ferial Agropecruz, prevista del 21 al 26 del presente mes, fueron intensos.

Hasta anoche, las instalaciones del stand de Cotas se mantenían precintadas y la puerta de ingreso custodiada por cuatro efectivos de la Unidad Táctica Operativa Policial (UTOP), que indicaron que se mantenían en el lugar por orden de sus superiores.

En torno al allanamiento policial al stand alquilado por Cotas en Fexpocruz, en el comando departamental de la Policía afirmaron que no participaron en el operativo porque todo fue planificado y dirigido por el comando nacional de la Policía y una comisión de fiscales que llegó de La Paz.

Operativamente, la Policía cruceña, según informaron, se limitó a realizar un trabajo de control en las áreas y zonas donde se produjo la refriega que terminó con la vida de tres presuntos terroristas y el lugar donde se decomisó el armamento y material explosivo.

El jueves, las actividades en la Fexpo fueron interrumpidas por la Policía, que acordonó el predio por unas horas.

Diputado pide intervención de Cotas

El diputado René Martínez del Movimiento Al Socialismo (MAS),  sugirió en la víspera la intervención de la Cooperativa de Teléfonos Santa Cruz (Cotas), porque en el stand alquilado por esta empresa en el campo ferial de la Expocruz la Policía encontró armamento y material explosivo.

“Por supuesto que sí”, respondió el parlamentario oficialista cuando fue consultado por la prensa si Cotas debería ser intervenida. “Por ello se deben tomar las acciones pertinentes de manera inmediata, ante la gravedad de los hechos suscitados”, acotó.

Martínez indicó que todas las entidades vinculadas a este hecho deben ser sujetos de investigación. “Los detenidos no deben estar sólo en San Pedro, sino también en Chonchocoro por la gravedad de esta organización armada”, puntualizó.

Sobre el asunto, ayer la cooperativa no emitió información oficial. Cabe señalar que el jueves se limitó a aclarar que el stand que ocupa en Fexpocruz está en calidad de alquiler para la Expocruz. /Erbol

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