“La violación, el acoso sexual en una unidad educativa son las cosas más aberrantes que se pueden producir en un establecimiento”, declaró el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en el evento de promulgación del Decreto Supremo 1302. Erradicar la violencia, el maltrato y el abuso que atente contra la seguridad física, psicológica y sexual contra los niños, niñas y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos de nuestro país, es la intención primordial del Decreto Supremo (DS) 1302 promulgado este miércoles 1 de agosto por el presidente, Evo Morales, en compañía del ministro de Educación, Roberto Aguilar. La reglamentación castigará a directores, maestros y administrativos que la incumplan y mientras dure su juicio penal serán suspendidos de manera inmediata sin goce de haberes. “Este DS es para proteger a los estudiante y si hay algún problema los que cometan errores deben ser sancionado para que estos hechos no proliferen, (…). El DS es un aporte del gobierno actual para poder corregir errores que se han cometido y sobre todo para proteger a nuestros hijos ante denuncias de chantajes por notas, citas fuera de los establecimientos, profesores que establecen multas, lo más grave violaciones, abusos, intimidación y amedrentamientos”, declaró Morales luego de la firma del Decreto.
Por su parte, el Ministro de Educación hizo conocer que el DS 1302 contempla cuatro artículos, “el primer artículo tiene como objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación, de la violencia, del maltrato y abuso que atenten contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de los niños, niñas y adolescentes. El artículo dos nos dice que se deben seguir mecanismos de denuncia y seguimiento en la acción penal”, expresó.
Con relación al articulo dos de este decreto puntualizó que el Estado se auto obligará a seguir la medidas penales contra todos aquellos que la irrumpan “Hasta ahora se establecía en la norma general que ante una denuncia de acoso o violaciones, la denuncia llegaba ante el Ministerio Público y las acciones dependían de los padres de familia y si el padre no tenia dinero el caso quedaba en la impunidad y si el maestro debía ser procesado no se seguía el proceso y quedaba en nada, lo único que sucedía era su traslado a otra unidad educativa” En este sentido recordó un hecho en el que un director fue denunciado por acoso sexual, el mismo fue cambiado de establecimiento, una vez más recibió denuncias de acoso y al tercer traslado cometió la violación contra una estudiante, “por eso es que se ha establecido que tanto las Direcciones departamentales y Distritales deben realizar un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, por que ahora todos somos responsables de seguir las acciones penales y acompañar a la familia demandante hasta el juicio penal y buscar sancionar a la persona con lo que se merece”, declaró Aguilar.
Por otro lado, el artículo tres establece medidas de seguridad y protección donde todos los miembros del platel educativo que sean imputados por el Ministerio Público serán suspendidos de manera inmediatamente de sus funciones docentes y administrativas hasta la conclusión del juicio y sin goce de haberes. Finalmente, el artículo cuatro establece que además se debe instituir un plan para una educación sin violencia. “Este es un momento de una lucha dura y tenaz que padres de familia defienden hace mucho tiempo y que el Estado apoyará con tenacidad, contra aquello que ha sido una lacra y un drama en la educación boliviana, la violencia, contra nuestros niños y niñas que muchas veces ha ido quedando en la impunidad y generó una situación de desastres humanos, (…)”, declaró la autoridad educativa.
Fuente: ATB, Fides.
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