Apuntan al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez como hombre de confianza del presunto líder de la red de extorsión.
“Es una investigación acerca de todos los casos y la forma cómo lo han llevado estos abogados”, dijo Carlos Romero, ministro de Gobierno
Procesos hechos por abogados de la red irán a auditoría jurídica
Página Siete, La Paz, Bolivia
Fernando Rivera es escoltado por policías, fue al término de la audiencia en Santa Cruz.APG
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que se realizará una auditoría jurídica a todos los procesos jurídicos en los que tuvieron participación los ex abogados de esa cartera Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, ahora detenidos como principales sospechosos de una red de extorsionadores.
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Hasta ahora se ha relacionado que Rivera, Rodas y otros ex funcionarios de Gobierno y de la Dirección de Bienes Incautados extorsionaron al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido desde 2011 acusado de narcotráfico. La red se quedó con sus bienes y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.
El grupo fue involucrado en los casos terrorismo I (Rósza), terrorismo II, Olorio, Navía, Gastos Reservados I y II, y al menos tres más. El ministro Romero dice que se debe esperar los resultados del examen jurídico para emitir un criterio al respecto.
¿A esta altura, ya se puede conocer cuánta gente forma parte de la red de extorsionadores?
Es muy difícil aún adelantar un número porque se puede entrar a un terreno muy especulativo, inicialmente la red ha aparecido conformado por funcionarios y ex funcionarios públicos ligados a Dircabi, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, en el caso de un ex funcionario, y luego también ha aparecido una persona particular que es este señor (Gustavo) Céspedes, que habría sido el nexo de los abogados del Ministerio de Gobierno para realizar algunas gestiones.
Hemos planteado, a modo de hipótesis, la posibilidad de que esta red pueda tener nexos con el órgano jurisdiccional y lógicamente si existieran estos nexos, posiblemente otra gente aparecería implicada, por eso todavía es difícil adelantar números, pero si es posible ratificar plenamente de que existe esta estructura y estamos en camino de desbaratarla.
¿En cuántos casos están involucradas estas personas, fundamentalmente Rivera y Rodas?
La cuantificación de casos podemos tener en función a una auditoría jurídica que vamos a realizar sobre los procesos que han llevado estos abogados. En todo caso lo que es seguro que más allá de la cantidad de casos, aquí hay un elemento cualitativo, la relevancia de los casos que ha estado a su cargo, los casos más importantes que le ha tocado gestionar jurídicamente al Ministerio de Gobierno han estado a cargo de estos dos abogados.
Uno de ellos es el caso terrorismo ¿ahora que no está Rivera, qué previsiones tomó usted para dar continuidad a este proceso tan importante para el Gobierno?
Obviamente estamos realizando algunos ajustes internos para que podamos reestructurar la unidad jurídica que tenía a su cargo los procesos judiciales que era una unidad de staf. Hay que tomar en cuenta cualquier proceso como el de Jacob (Ostreicher) o el de terrorismo o cualquier otro, hay que distinguir diferentes dimensiones del proceso, un tema es la cuestión de fondo del proceso, es decir si Jacob es culpable de legitimación de ganancias, si tiene nexos con el narcotráfico, es un tema que sólo se lo puede resolver en el proceso judicial, ése es el tema de fondo que se debate en ese proceso judicial.
En el caso de terrorismo lo mismo, nosotros hemos presentado una acusación contra la gente que intentó fragmentar el país, dividirlo en una acción separatista, en fin, y ese tema de fondo continuará debatiéndose en el proceso judicial. Que luego hayan habido extorsiones, ése es un tema que hemos comprometido que vamos a investigar, independientemente de cuál sea el proceso del que se trate, que haya irregularidades en la sustanciación de los procesos, porque si hubiera nexos con gente del Órgano Judicial, bueno, es un tema que igualmente formará parte de las investigaciones. Lo que quiero significar que el fondo de las acusaciones de los procesos deben seguir sustanciándose en ese nivel, en el caso de separatismo se cambiarán los abogados, pero obviamente el proceso continúa.
¿Usted hablaba de una auditoría jurídica, en qué consistirá y cómo se realizará?
Es una investigación acerca de todos los casos y la forma cómo lo han llevado estos abogados. Estamos definiendo los términos para realizar lo más pronto posible.
¿Seguirá funcionando una oficina como en la que trabajaban los abogados Rivera y Rodas?
Obviamente vamos a tener que diseñar un sistema de control cruzado para este tipo de procesos.
Señalan al fiscal Isabelino Gómez como hombre de confianza del presunto líder de la red de extorsión
Santa Cruz, 02 de diciembre (Oxígeno).- Uno de los acusados de formar parte de la banda de extorsión, Gustavo Céspedes Rosales, declaró que Isabelino Gómez(foto), ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, formaba parte del grupo del abogado Fernando Rivera, ex director Jurídico del Ministerio de Gobierno, para ejercer presión sobre autoridades judiciales y lograr fallos favorables a sus intereses.
Céspedes Rosales ha sido detenido esta semana. Y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo ha acusado de ser el brazo derecho de Fernando Rivera, en el caso de extorsión al ciudadano estadounidense Jacobs Ostreicher. En una declaración ampliatoria, Céspedes reveló detalles del poder que ejercía Gómez, quien se postuló para el cargo de Fiscal general del Estado Plurinacional.
Céspedes, que ha sido enviado al penal de Palmasola, para que guarde detención preventiva al igual que José Manuel Antezana Pinaya, ex director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia. En la citada declaratoria, declara que Fernando Rivera y Dennis Rodas Limachi, ex abogado del Ministerio de Gobierno, tenían poder para remover o mantener en el cargo a fiscales.
A partir del caso Ostreicher, Céspedes revela que Isabelino Gómez tenía poder para lograr fallos, y que lo ejercía a través de otros fiscales, como Yaneth Velarde. En la declaración cuenta una conversación que tuvo con el juez Zenón Rodríguez, quien cambió un fallo en una cuestión de horas, pasó de revocar a ratificar la detención preventiva. “Me dijo que (lo hizo) por presión de Isabelino Gómez, ya que tanto la fiscal Velarde como el fiscal Roberto Achá y Javier Cordero gozaban de la protección y confianza de Gómez. Después este año, en el aeropuerto Viru Viru, una de esas veces cuando el doctor Rivera vino a Santa Cruz y pidió vía telefónica al doctor Isabelino Gómez indicándole que se rechace la denuncia en contra el juez Zenón y el fiscal Cordero lo rechazó”.
Según la declaración de Céspedes, el abogado Rivera tenía capacidad de controlar a jueces como Zenón Rodríguez, Wilson Arévalo y la juez Eneas Gentile.
El poder de Isabelino Gómez
En su relato, Céspedes, que era asistente de Rivera sin ser funcionario del Ministerio de Gobierno, testimonia que Gómez era parte del círculo conformado por Rivera y Rodas, para quienes el juez del caso accedió que cumplan su detención preventiva en las celdas de la FELCC.
“Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, tenía una afinidad estrecha con Denis Rodas y Fernando Rivera ya que él hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en el despacho del fiscal de distrito”, dice Céspedes quien recuerda que llevara a Rivera en su vehículo hasta el despacho de Gómez.
Cuenta que en el caso del ex teniente Navia, Rivera determinó el cambio de un fiscal, llamado José Parra, porque no estaba de acuerdo con su desempeño. En el Palacio de Justicia de Santa Cruz, “el doctor Rivera ahí me comenta que al fiscal Parra lo habían cambiado a otra unidad sacándolo de la Felcn y en eso llega el fiscal Parra y le pide al doctor Rivera que por favor no lo cambie, ahí le responde al fiscal Parra: "dejame que esto yo lo arreglo ahorita" y lo llamó (a Isabelino Gómez) para frenar su cambio”.
Gomez ha sido incluido en la investigación que el Gobierno ha iniciado para descubrir la red de extorsión que ha sido montada desde la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno.
Ex asesores del Gobierno son enviados a celdas de la FELCC
El Ejecutivo expresa su preocupación por la decisión judicial. Fernando Rivera y Denis Rodas alegaron que sus vidas corren peligro en la cárcel de Palmasola.
Página Siete / La Paz
Aunque inicialmente determinó enviarlos a la cárcel de Palmasola, el juez séptimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, José Zubieta, accedió a que los ex abogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi permanezcan en las celdas de la FELCC de Santa Cruz porque ambos alegaron que sus vidas corren peligro en ese penal.
Esta decisión generó preocupación en el Ministerio de Gobierno porque la autoridad judicial otorgó detención preventiva en esas instalaciones “sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados”.
Los ex asesores legales son parte de la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Ambos fueron imputados por los delitos de extorsión, legitimación de ganancias ilícitas, uso de influencias y otros.
La autoridad judicial descartó una acusación por el delito de organización criminal, como pidió el Ministerio Público.
Rivera y Rodas alegaron que sus vidas corren peligro si son enviados a Palmasola, pues ahí se encuentran los detenidos de varios procesos que ellos atendieron como abogados.
La solicitud fue aceptada por el juez Zubieta, aunque al término de la audiencia que duró más de 15 horas, hasta la madrugada del sábado, determinó la detención preventiva en Palmasola.
En la audiencia también se definió la suerte de Ramiro Ordóñez López, ex funcionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, quien fue enviado a Palmasola por incumplimiento de deberes, según ANF.
Tanto Rivera como Rodas alegan inocencia, pero tal situación fue refutada por el Ministerio de Gobierno, que sostiene que ambos extorsionaron al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, a quien le habrían despojado más de 20.000 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y predios que compró en Santa Cruz.
El ex director jurídico habría pedido a Ostreicher la suma de 50.000 dólares para favorecerle con la libertad y haber presionado a un juez para evitar su liberación. En este caso también está implicado José Antezana Pinaya, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, quien el jueves pasado fue encarcelado.
A ellos se suma Gustavo Céspedes (hombre de confianza de Rivera), recluido en Palmasola, y Franklin Pedraza Suárez y Eduard Stefane Bellido, ambos ex funcionarios de Dircabi, que se beneficiaron con medidas sustitutivas.
En las últimas horas también se vinculó al ex director de Régimen Interior Boris Villegas, quien es relacionado con la planificación, en 2009, de la intervención de la Policía contra una marcha indígena en defensa del TIPNIS que venía a La Paz para rechazar que un camino pase por el corazón de ese territorio indígena.
Fuentes gubernamentales anunciaron que no se descarta que en las próximas horas existan más personas detenidas por este hecho, por el momento se maneja con cautela la información.
Algunos detalles
Acusados. Los principales sindicados de encabezar la red de extorsionadores son los ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas. Éstos habrían operado en el caso Ostreicher y otros.
Terrorismo I. Se conoce que en la etapa preparatoria extorsionaron a varios implicados, uno es Juan Carlos Guillén.
Terrorismo II. La Fiscalía investiga a los financiadores de las acciones presuntamente terroristas del grupo de Eduardo Rózsa (fallecido). Éstos se encontrarían en Santa Cruz. La red pidió miles de dólares a ganaderos para minimizar sus implicaciones.
Ex fiscal Erland Eid fue detenido en 2011 por estafa de 3.000 bolivianos con un caso relacionado con el narcotráfico. Los extorsionadores le pidieron dinero a cambio de su libertad.
René Navía. El ex policía y presunto narcotraficante que fue detenido en el penal de Chonchocoro. Se presume que tuvo nexos cercanos con bandas de narcotraficantes. Le pidieron 40.000 dólares a cambio de llevarlo a Palmasola.
Olorio. El principal sospechoso del atraco a Vías Bolivia murió en celdas de la Policía, en El Alto. Siete policías son investigados por la muerte del presunto delincuente.
Gastos reservados I y II. Esta banda cobró para evitar imputaciones o ejercer presión sobre el fiscal. La hija del ex ministro Fortún (fallecido) dijo que pagó 20.000 dólares para que su padre tuviese detención domiciliaria, lo que no ocurrió, pese al pago.
Schmidt. Se conoce que se le quiso cobrar 10.000 dólares al alemán para levantar la denuncia en su contra. Actualmente está en Palmasola.
Vinchita. Familiares de Franz Reynaldo Gonzales, acusado de asesinato de Jessica Borda, denunciaron que se les pidió 10.000 dólares para trasladar al acusado a Palmasola.