Un politólogo considera que se debe combatir la “cultura de la cooptación”. Propone control social ciudadano y herramientas de Gobierno Abierto, para verificar que los concejales cumplan su papel.
El reciente escándalo sobre una cuarentena de “pegas” dadas por la alcaldía a concejales de Comunidad Autonómica (C-A, alianza entre Comunidad Ciudadana y la agrupación del ex candidato a alcalde Gary Añez) abre el debate sobre un eventual debilitamiento del rol fiscalizador en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
En esta ocasión, eju.tv consultó la opinión del presidente del Colegio Departamental de Politólogos de Santa Cruz, Alejandro Balcázar.
Acuerdos programáticos o subterráneos
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“Es algo que viene dándose también desde gestiones pasadas. Los municipios en general carecen de gobernabilidad, no hay una fuerza política que pueda detentar la administración del poder municipal por sí sola desde hace bastante tiempo. En muchos casos, es saludable para la democracia construir consensos, acuerdos en torno a lo programático para poder llevar a cabo una gestión”, señaló.
Sin embargo, Balcázar fue más crítico sobre los “acuerdos subterráneos, solamente en torno a lo funcional y que casi siempre vienen acompañados de cuotas de poder o espacios para la militancia en el organigrama municipal”.
“Hemos visto esos acuerdos en la gestión de Percy Fernández, que los tenía con los concejales del Movimiento Al Socialismo. No fue un acuerdo basado en los programático sino subterráneo y derivó en el apoyo para la aprobación de normas y presupuestos. Lo propio está pasando en esta nueva gestión de Jhonny Fernández”, indicó.
“Concejales condicionados por espacios en la alcaldía”
Sobre la afectación de los cuoteos a las funciones del Órgano Deliberante, el politólogo dijo que el mecanismo deja “al descubierto” el rol fiscalizador que puedan tener los concejales, “dado que están condicionados con esos espacios a tener un apoyo a la gestión de quien detenta el poder, el alcalde”.
“Esperemos que al hacerse públicas estas denuncias el rol fiscalizador que puedan tener estos concejales sea efectivo. Para esto es necesario que la ciudadanía haga un seguimiento exhaustivo de las sesiones del Concejo, de la participación de cada concejal y de los temas a tratar, para poder realizar un control social ciudadano y exigirle a las autoridades que han sido electas para fiscalizar al Ejecutivo que puedan cumplir con su trabajo”, remarcó.
Balcázar dijo que este tipo de prácticas vienen impregnadas en la democracia boliviana desde hace bastante tiempo, “fruto de la acción de los partidos políticos, sus punteros y sus líderes, y de la necesidad de ubicar a sus bases en espacios laborales para que puedan seguir haciendo política en miras de la siguiente elección. Así de cruda es como se da la realidad en la política boliviana”.
Sobre los casos de cooptación de parlamentarios opositores en la ALP, consideró que “ya es un nivel superior y eso debería remitirse a otro tipo de tratamiento, como son los comités de ética de cada partido e incluso el Tribunal Supremo Electoral debería manifestarse sobre los curules en disputa”.
“Hay que combatir la cultura de la cooptación”
El politólogo subrayó que “a la cultura de la cooptación hay que combatirla. Se debe a que no tenemos partidos políticos fortalecidos. Otro tema fundamental es que hay muy pocos jóvenes que se estén involucrando en política porque la ven como algo ajeno, dañino. Cuando lo que se debe hacer es involucrar en política a la gente más proba, más profesional, mejor preparada, con más energía e ideas nuevas, para poder combatir esos vicios de la política e ir generando el cambio transformacional”.
“Es importante que la ciudadanía pueda estar atenta a lo que están haciendo con sus recursos públicos. Eso se hace con lo que se conoce como Gobierno Abierto: la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en el espacio de la administración pública”, concluyó.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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