La corrupción ha carcomido las bases de la justicia en nuestro país, se nota al extremo la negación a las víctimas y a los acusados, del derecho humano elemental a un juicio justo e imparcial. Para los justicieros, no hay nada mejor que darles prisión preventiva, reclusión domiciliaria con fianza para que prueben su inocencia, en lugar de que este hecho pueda ser realizado en libertad.
Difícilmente se sobreestima el impacto negativo de una justicia corrupta como la nuestra, solo como ejemplo: somos testigos últimamente de que se está deteriorando la capacidad de la comunidad internacional de hacer frente al terrorismo, al narcotráfico y otros que son delitos trasnacionales porque estos tienen protección gubernamental en nuestro país; se nota claramente su impacto en el comercio, en el crecimiento económico y en el desarrollo humano y, lo que es más importante, se les niega a los ciudadanos la oportunidad de optar por la seguridad jurídica o de una conciliación imparcial de disputas con los vecinos o autoridades.
Esto es una parte de lo que ocurre con nuestra justicia, lo peor es cuando sentenciados por asesinatos, violaciones, narcotráfico que tienen sentencia judicial, se los ve disfrutando de la vida en libertad, burlándose de los familiares de sus víctimas, gracias al sistema judicial corrupto que se tiene.
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Cuando ocurre esto último, esta justicia corrupta fracciona y divide a las comunidades manteniendo viva la sensación de agravio creada por el trato y arbitraje injusto. Los sistemas judiciales pervertidos por el soborno menoscaban la confianza en la gobernabilidad al facilitar la corrupción en todos los sectores del gobierno, comenzando desde el alto mando. Al hacerlo envían un claro mensaje al pueblo: en este país se “TOLERA LA CORRUPCIÓN”
La definición de la corrupción judicial esta sintetizada en lo que se denomina ‘el abuso del poder encomendado para el beneficio propio.
Esto abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material como la promoción de aspiraciones políticas o profesionales. La corrupción judicial incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales.
Los tipos de corrupción judicial que encontramos más arraigados en Bolivia son: la interferencia política en el proceso judicial por parte del poder ejecutivo o legislativo y el soborno. El MAS en los años de poder gubernamental que tiene a sus espaldas, se hizo dueño de la justicia y la utiliza de una manera macabra y estratégica para atacar a sus oponentes a través de jueces políticos, que utilizan la ley únicamente para debilitar, amedrentar y coartar cualquier pronunciamiento que puedan afectar sus intereses de perpetuarse como gobierno de manera indefinida o simplemente de sentirse protegidos ante las constantes faltas a la ley y a la CPE que generan sus desacertadas resoluciones en pro de intereses personales o colectivas afines a ellos.
Una jerarquía judicial volátil ofrece un resguardo ‘legal’ a los titulares del poder ante la comisión de maniobras dudosas o ilícitas como el desfalco, narcotráfico, contrabando, nepotismo, privatizaciones sesgadas o decisiones políticas que de otra manera encontrarían resistencia en el legislativo o los medios de comunicación.
Como ejemplo reciente, el haber encontrado al hijo del presidente actual como uno de los principales jerarcas de decisión en la empresa estratégica de YPFB…Claro ejemplo de nepotismo. O, el de conocer a través de investigaciones de la DEA de que el gobierno de Evo Morales protegía al narcotráfico aéreo y a la producción de cocaína a través de las altas autoridades de la lucha contra el narcotráfico en el país…Para no olvidarse el tema de los 33 camiones de contrabando del ex ministro Quintana, que tuvieron protección judicial y de estos hay miles de casos masistas que da vergüenza enumerarlos, y no nos olvidemos del lavado de dinero que hizo Evo con su amante Zapata.
La interferencia política se abre paso a través de la amenaza, intimidación y el soborno de los jueces, pero también a través de la manipulación de nominaciones judiciales, sueldos y condiciones de servicio. Elecciones Judiciales dirigidas como legales, pero no legítimas, donde los jueces salieron electos con menos del 1 % de apoyo en algunos casos, solo porque en el legislativo los masistas tuvieron la anuencia del jefe de partido y presidente del país para escoger a los candidatos sumisos a su poder.
El caso de mayor impacto, fue el del exmilitar jefe de las FFAA y hombre de confianza de Evo el Gral. Alcón que fue presidente de la magistratura gracias a los favores devueltos del expresidente y este luego ayudó a su hermano para que sea juez y de esta manera se convierta en el liberador de asesinos a sueldo y violadores que ya estaban sentenciados a 30 años de cárcel. O sea, mafia dirigida desde la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Como vemos, la corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente en nuestro país. Porque cuando se tiene un sistema judicial corrupto, este no aplica las sanciones a las personas que pagan cohechos y amenazas y que están acostumbrados a sobornar a los políticos. Las ramificaciones de esta dinámica son profundas por cuanto disuaden aquellos candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la política o al servicio público y prefieren mantenerse trabajando de manera privada.
Y si hablamos del soborno en nuestra justicia podrida, nos damos cuenta que esto ocurre en todos los puntos de interacción dentro del sistema judicial: los funcionarios jurídicos quizás exijan dinero por realizar el trabajo que ya de por sí es su obligación; los abogados tal vez cobren ‘cuotas’ adicionales para acelerar o retrasar un caso o para derivar a clientes a magistrados conocidos por dictar decisiones favorables a cambio del pago de sobornos.
Por su parte, los magistrados pueden aceptar sobornos para retrasar o acelerar un caso, aceptar o desestimar una apelación, influenciar a otros jueces o sencillamente para fallar de un modo determinado. Es una cruda realidad, que solo el gobierno no quiere ver y no desea cambiar. Y, por ende, cuando los acusados o querellantes ya tienen un concepto negativo sobre la honestidad de los jueces y el proceso judicial, existe mayor probabilidad de que recurran al soborno de los abogados, magistrados y funcionarios de la corte a fin de lograr su objetivo.
Pero ahora vemos las contradicciones, cuando reclama la Magistratura, porque detectó casos de sentenciados en otras regiones que fueron llevados a La Paz para ser liberados. El presidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina, sin poder esconder lo que ya era una realidad, confesó que muchos sentenciados tenían la posibilidad de salir libres ya que en esta ciudad los reos consumados podrían ser beneficiados por los jueces. Ellos quieren ahora un debido proceso de parte del gobierno y se olvidan que ellos no les dieron uno a sus acusados.
Detienen a Choque luego de asesinar a dos mujeres y descubren que este tenía sentencia de 30 años y fue liberado por el Juez Alcón; recapturan a una mujer que degolló a sus hijos de 8 y 10 años y fue beneficiada con detención domiciliaria; recapturan a ‘El Killer’, liberado pese a condena por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz; comisión revisará casos de feminicidio y anuncia modificar el Código de Procedimiento Penal, se encargarán de revisar los casos de violación y feminicidio investigará 135 procesos, los cuales, ya tenían sentencia condenatoria pero los autores fueron liberados. Estos son algunos titulares de la prensa nacional de los últimos días, o sea, en el país se mata, se trafica, se roba, se condena, se sentencia y se sale libre. Luego el gobierno, como héroes quieren decirle a la población que gracias a su labor irán a recapturar a todos los sentenciados que fueron liberados, por los jueces que ellos mismos pusieron. Espeluznante realidad, ¿no ve? Gobierno corrupto y justicia corrupta igual a políticos y jueces corruptos.
Es oportuno que la sociedad civil boliviana genere una campaña de reforma judicial independiente a los deseos políticos del MAS y de los opositores. La mejor vía sería creando un órgano independiente de nominaciones judiciales: Un proceso objetivo y transparente de nominación de jueces garantizando que solamente sean seleccionados los candidatos de la más alta calidad y que estos no se sientan endeudados con el político o magistrado superior que los haya designado.
Para articular este proceso se precisa un órgano de nominaciones que actúe de manera independiente a los poderes ejecutivo y legislativo y cuyos miembros sean nombrados bajo el marco de un sistema objetivo y transparente. Los representantes del ejecutivo y el legislativo no deben para nada constituir la mayoría en el órgano de nominación.
Que las nominaciones judiciales sean con base de meritocracia: Los criterios de selección deben ser claros y ampliamente publicitados, a fin de permitir que candidatos, seleccionadores y demás involucrados adquieran un claro entendimiento de cuáles son los estándares de selección. A los candidatos se les debe exigir que demuestren poseer un récord de competencia e integridad. Que la participación de la sociedad civil sea activa, y no nos referimos aquella sociedad civil que esta sumisa al gobierno, sino aquella que busca tener una justicia independiente. No hay que esperar que este gobierno corrupto, ponga en el órgano seleccionador de candidatos, a los criminales y asesinos que han liberado, porque es lo único que nos faltaría.
Mientras tanto, sigamos siendo el hazme reír del mundo, demostrando que en nuestro país gobierna la corrupción, que el capo del narcotráfico asesora al presidente, que los jueces liberan a los culpables sentenciados y meten presos a los inocentes, que los pícaros generan empresas de préstamo con el dinero robado a las arcas públicas, que la Policía protege a los narcotraficantes, que las FFAA solo tienen cobardes en sus filas que se declaran culpables ante el estallido de una simple bala, que la DEA genera pánico a distancia, que el crimen ya le pertenece al otro género, que un Relator es liberador de criminales y se encarga de opinar para cambiar la justicia, que el procurador contrata a reos confesos y donde el presidente del país auspicia a sus hijos para que se hagan empresarios petroleros a costa de la empresa estatal YPFB.
Como en Bolivia ya no existen los principios y valores cristianos, la alternativa eran los principios indígenas que implantó el huEVOn Morales referente a: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) y la paradoja es que el gobierno que representa a estos principios, demuestra que lo realmente hay que hacer es todo lo contrario… Se ladrón porque el poder no es eterno, miente todo lo que puedas para que la justicia te libere y se flojo porque eso te ayudará a vivir como rey, con el esfuerzo de los demás…
¡BOLIVIA al fin y al cabo! ¡Este es mi país!
Alberto De Oliva Maya