El gobernador cruceño brindó su declaración sobre la publicación del Decreto 373 que dejaba en manos de un secretario las atribuciones del gobernador haciendo a un lado al vicegobernador.
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En el marco de la investigación por la supuesta publicación del Decreto departamental 373, que posteriormente fue anulado de la Gaceta de la Gobernación de Santa Cruz tras la denuncia de un exfuncionario de esa repartición estatal, este jueves el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho asistió de manera espontánea a la Fiscalía para brindar su declaración sobre el caso.
Cerca de las 8:30 el gobernador ingresó a las instalaciones del Ministerio Público acompañado de su abogado para declarar por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Al salir de la Fiscalía, Camacho conversó con los medios de comunicación e informó que durante la declaración explicó a la fiscal Rosemary Barrientos que el decreto se debió a un error administrativo y que además no entró en vigencia.
Asimismo, cuestionó a parlamentarios de oposición por tratar de perjudicarlo con este tema tratando de distorsionar los hechos.
«Esa es la actitud que tiene el MAS, queriendo dañar la gestión, buscando una situación de mentiras y queriendo desinformar a la ciudadanía con los hechos ocurridos, pero aquí no tenemos nada que esconder por eso vinimos de forma espontánea», señaló Camacho.
El pasado sábado 9 de abril, la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Raquel Valencia, pidió a la Fiscalía citar al gobernador Luis Fernando Camacho para que informe sobre el caso del Decreto 373. A lo que Camacho respondió que, si era citado, iría a prestar su declaración, pese a que considera que se trata de una persecución del partido de Gobierno.
“Es un proceso político de persecución que no tiene ni pies ni cabeza y más bien raya en la ignorancia de querer, por el error de un funcionario, encarcelar a un gobernador. Esa es la clásica del MAS, pero no tenemos ninguna preocupación”, aseguró Camacho en dicha ocasión.
Hasta la fecha, además del gobernador, han declarado 18 funcionarios de la Gobernación en calidad de testigos.
El 9 de marzo se aprobó el Decreto departamental 373 y posteriormente fue anulado de la Gaceta de la Gobernación de Santa Cruz por denuncia de un exfuncionario de esa repartición estatal. A partir de esa fecha se desató una serie de explicaciones y réplicas sobre este polémico documento que dejaba en manos de un secretario las atribuciones del gobernador haciendo a un lado al vicegobernador. El MAS llevó el caso a la justicia ordinaria y también a la Asamblea Legislativa.
El pasado 7 de abril la autoridad departamental se encontraba en Brasil y en poblaciones fronterizas, por lo que no pudo asistir a la ciudad de La Paz a una petición de informe oral convocada por la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que informe sobre el mismo tema.
Sin embargo, Camacho confirmó que, pese a que no es atribución del ente nacional fiscalizar al gobernador, ya que es una atribución de la Asamblea Legislativa Departamental, asistirá a la interpelación si la fecha no interrumpe sus actividades previamente agendadas.
“Si nos convocan obviamente vamos a ir, siempre y cuando no tenga una agenda que cumplir porque para mí, las funciones como gobernador y la atención a nuestro pueblo están primero que prestarme a una payasada como la que quieren hacer. Si no hay agenda, obviamente voy a ir”, aseguró Camacho.