La proliferación de los narco-sicarios en Bolivia no se produce por generación espontánea, ni se trata de un mero fenómeno exógeno de criminales que por pura casualidad recalan en el país.
En realidad, este flagelo se registra en medio de la reactivación del narcotráfico boliviano en los últimos años, algo que se ha dado de la mano de la política oficial de tolerancia a la expansión de cocales excedentarios.
Si bien en el 2012 se vio cierto avance en la erradicación, de todas maneras desde la llegada de Evo Morales al poder se ha constatado un aumento neto de cultivos ilegales, no sólo en el bastión presidencial del Chapare, sino también en nuevas zonas de colonización cocalera.
Esta situación es el caldo de cultivo ideal para que lleguen al país, atraídos como moscas a la miel, representantes de organizaciones criminales de distintos lugares, como el PCC del Brasil, los narcoterroristas de las FARC o delegados de los cárteles mexicanos.
En este contexto, son varias las voces que se han elevado para denunciar presuntos vínculos de altos funcionarios con el narcotráfico. Es el caso del investigador norteamericano Douglas Farah, quien cuenta al gobierno de Bolivia entre las administraciones latinoamericanas “criminalizadas” por sus lazos con la mencionada actividad delictiva.
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Y recordemos también el polémico reportaje de la revista Veja, en el que se sindicaba al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, de reunirse con el narco brasilero Max Dorado, entrevista de la cual habría salido portando sendos maletines según el artículo.
Ahora, es precisamente este funcionario el que anuncia que el gobierno “ha definido” aumentar los cultivos permitidos de coca a 20.000 hectáreas, decisión ilegal que choca contra la normativa vigente y que se convierte en una nueva señal atractiva para las organizaciones internacionales del narcotráfico.
La determinación gubernamental se produce sin que se haya divulgado el estudio sobre el consumo tradicional de coca financiado por la Unión Europea, cuyos representantes diplomáticos en Bolivia se cansaron de pedirle al gobierno de Evo Morales que hiciera públicos los resultados.
Hay una relación estructural entre tolerancia a los cocales ilegales, aumento de la producción de cocaína, narco-sicariato y descontrol de la violencia criminal.
Mientras no se ataque al circuito entero, todas las pantomimas de “mano dura” no serán otra cosa que un distractivo o un saludo a la bandera…