El exministro Carlos Romero dijo que la resolución de aprehensión es «ilegal» y que se ejerce presión en contra de la autoridad que resolvió una acción de libertad.
Fuente: ANF
El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, enfrenta cinco procesos penales y desde el sábado cuando se emitió una orden de aprehensión es un “perseguido político” del gobierno de Luis Arce, afirmó el exministro de Gobierno Carlos Romero.
El pasado jueves se activaron varios procesos judiciales en contra del exmandatario, explicó la exautoridad, detalló que una denuncia penal radica en la ciudad de El Alto por instigación a delinquir, una de las denunciantes es Melania Torrico, quien trabajó en la gestión del exministro Hugo Moldiz.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentó otra denuncia por la marcha que protagonizó la facción evista y que habría provocado un daño económico al Estado; se suma otra denuncia del exprocurador general del Estado, ahora ministro de Justicia, César Siles, por los presuntos delitos de difamación y calumnias.
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Otra denuncia se habría presentado en la jurisdicción de Trinidad, aunque dijo que aún no tienen precisión sobre el mismo. Finalmente, la exautoridad sostuvo que el sábado conocieron que se había emitido una “resolución de aprehensión”, además de un “plan de operaciones para aprehender al presidente Evo Morales”.
El mandamiento de aprehensión fue emitido en la jurisdicción de Tarija, por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, exministra de Justicia de la gestión de Evo Morales. El 26 de septiembre, la autoridad fiscal conformó una comisión de fiscales.
“Evo Morales es en este momento criminalizado por el gobierno nacional por protagonizar una marcha exigiendo demandas económicas y sociales e institucionales para el pueblo”, sostuvo Romero.
El exministro dijo que se había sustanciado el caso en tiempo récord, porque en dos horas se inició el caso de oficio, además surgió un informe de inteligencia policial, además en ese tiempo también se habría elaborado la imputación y se hubiera elaborado la resolución de aprehensión.
“Desde el sábado Evo Morales es un perseguido del gobierno bajo la presidencia de Luis Arce”, afirmó Romero, al calificar de “ilegal” el mandamiento de aprehensión.
“Hemos vivido horas dramáticas y de desvelo (…) No hemos encontrado garantías con una acción de libertad. Al fin, hoy (02.11.2024), hemos podido ser atendidos con una acción de libertad en un juzgado de Santa Cruz”, añadió.
La exautoridad dijo que desde que se conoció del mandamiento las organizaciones en el Chapare se movilizaron para resguardar a Morales.
Asimismo, dijo que la autoridad jurisdiccional que resolvió la acción de libertad para tutelar a Morales está siendo objeto de presiones y amedrentamiento.
El caso ha desatado un conflicto al interior del Ministerio Público toda vez que Sandra Gutiérrez denunció que el fiscal general Juan Lanchipa le inició un proceso disciplinario, le hizo llegar su memorandum de agradecimiento y que ni siquiera le permitieron ingresar a las instalaciones de la fiscalía en Tarija.