La Justicia determinó este viernes enviar por cinco meses a las cárceles de Chonchocoro y de Patacamaya de La Paz a Humberto Claros y Ramiro Cucho, respectivamente, dirigentes afines al expresidente Evo Morales, por los delitos de terrorismo, instigación pública y otros.

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“Por tanto: el suscrito juez determina la detención preventiva de Humberto Claros en el recinto penal de Chonchocoro y de Ramiro Cucho en el recinto penitenciario de Patacamaya”, indicó el juez en lo cautelar.

Cucho y Claros, a la cabeza del Pacto de Unidad, lideraron los 24 días de bloqueo de caminos en el departamento de Cochabamba; que dejó incomunicado las rutas hacia el occidente y oriente del país. El Gobierno informó que, durante ese periodo de movilizaciones, el país tuvo una afectación económica que superó los $us 2.200 millones en los sectores productivos.

Resguardo

Agentes policiales resguardan las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, tras los amagues de enfrentamiento entre los seguidores del expresidente Evo Morales y al presidente Luis Arce.

Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); paralela y afín al expresidente Evo Morales, fue aprehendido el jueves en el municipio de Quillacollo, Cochabamba; y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz.

Cucho, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq); afín a Morales, fue aprehendido en Potosí y trasladado a la FELCC de la sede de Gobierno.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, garantizó el jueves el respeto al debido proceso y resguardo de los derechos y garantías de todos los investigados por los 24 días de bloqueo en el país, entre ellos Claros y Cucho.

Investigación

Aseguró que la comisión de fiscales realiza las investigaciones de manera objetiva y en el marco de la Constitución Política del Estado.

Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el Ministerio de Justicia; Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, entre otros, fueron realizadas por los delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

Mariaca indicó también que la comisión de fiscales determinará si corresponde emitir otras órdenes de aprehensión o solicitar los mandamientos de allanamiento que correspondan para esclarecer el hecho.