Entre la disputa por el MAS, las elecciones judiciales y el horizonte electoral de 2025, el país enfrenta el desafío de romper con una dinámica de enfrentamientos que amenaza su estabilidad institucional y desarrollo económico.
Fuente: La Razón
El aprendizaje de la profunda crisis a la que hemos llegado como país, sociedades y regiones, es la penosa afirmación de que esta crisis somos. Una sociedad plural que arrastra y sufre profundas contradicciones de tipo social, cultural, étnico y clasista que no terminamos de resolver y que nos hace un país especialmente difícil. La grave crisis política y económica nos resume: es complicado gobernar una sociedad tan compleja mediante un Estado débil y una cultura político-social que apuesta al conflicto y el bloqueo antes que al diálogo y el acuerdo; por ello, los ciclos de dos décadas terminan en desbarajuste, confrontación, conspiración, dramático final y a empezar de nuevo.
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El inmisericorde bloqueo de caminos de 24 días que, prácticamente, paralizó al país agravó los problemas que ya arrastrábamos, generó mucho enojo individual y colectivo y, sobre todo, la urgencia de responder a los daños con agilidad e inteligencia. Al evismo le cuesta entender, aunque para la generalidad de la ciudadanía quedó claro, que una crisis económica, falta de combustible o aumento en los precios de la canasta familiar no se combate con bloqueo de caminos, lo mismo que a un incendio no se le echa gasolina. La falta de apoyo —salvo del trópico— en el resto del país demostró que pocos creyeron el discurso forzado de que el bloqueo buscaba salvar Bolivia. Todos los sectores económicos y productivos sufrieron daños graves y severos, y expresaron airadamente su rechazo al bloqueo de caminos; por eso terminó desmoronándose, en desbande y con el Ministerio Público encima.
Lo que deja la crisis
Varias son las lecciones que debemos sacar de este mayúsculo equívoco político: una, la política y la economía tienen una relación de interdependencia estrecha y directa, pero no pueden ni deben confundirse. La política es un escenario de disputa partidaria, de correlación de fuerzas y poder, de actores públicos. La economía es un ejercicio de construcción de condiciones y consensos productivos para la generación de riqueza con actores privados, corporativos e individuales. Dos, la economía y la producción son la base material sobre la cual se sostiene la vida social y política; en un sentido positivo logra estabilidad y, en el contrario, incertidumbre y crisis. No entender la esencialidad y delicadeza de la economía es no comprender que se hace política para mejorar las condiciones económicas de la vida social o es otra cosa, pero no política. Tres, la crisis que estamos viviendo —con el pico alto de los 24 días (que suman los 36 del paro cívico cruceño por el censo o los 16 de principios de este año)— y la que todavía viene tienen un efecto dominó sobre el conjunto social y la estructura institucional estatal y privada que nos está llevando al borde del abismo, más allá de lo estrictamente estatal o político.
Toda nuestra precaria institucionalidad, pública y privada, y los frágiles equilibrios regionales y capitalinos están en cuestión. A la crisis múltiple que arrastramos, ahora se suman la crisis del transporte en la ciudad de Santa Cruz (que muestra una absoluta informalidad y el abuso de las corporaciones) y hay en camino una «paralela» al sacrosanto Comité Cívico con fecha de cabildo incluida; un conjunto de problemas sociourbanos y políticos muy complicados en la ciudad de Sucre y problemas con el sector agrario campesino como Chuquisaca; se está judicializando la gravísima cuestión de la provisión de agua potable a la ciudad de Potosí; el epicentro de los bloqueos, Cochabamba, tardará años en reconstruir su economía productiva, empezando por la exportadora agroindustria del trópico, los floricultores que perdieron el mercado de Todos Santos, la gastronomía y un largo listado de sectores afectados; la falta de diésel y las kilométricas colas en los surtidores está provocando un grave conflicto en la Confederación de Transportistas y, en general, las tarifas del transporte urbano empiezan a presionar en todo el país; el paro de los comerciantes de carne pidiendo prohibir la exportación… Y así, un largo etcétera.
Fuerzas en pugna
Hasta acá hemos llegado en la primera parte del enfrentamiento definitivo —del enfrentamiento frontal que lleva hasta un par de años— por la ola expansiva del conflicto político y económico generado por la disputa entre el gobierno y Evo Morales por la sigla del MAS y las candidaturas del 2025. El cada vez más disminuido evismo entiende que su viabilidad política y posibilidad de retorno al poder pasa por la renuncia del gobierno y el adelanto de elecciones generales. No ha servido de mucho que la «marcha por salvar Bolivia» hubiera acabado sin pena ni gloria o que el dañino bloqueo de 24 días haya causado tanto daño y que, a pesar del esfuerzo y el sacrificio, termine con detenciones y procesos penales. Y que, finalmente, se pierda la sigla y la candidatura preestablecida sea sepultada por una sentencia constitucional y un auto constitucional ajuste el candado; aunque hay que repetir que la cuestión de la candidatura de Morales se resolverá en el marco del proceso electoral y cuando así lo determine el Tribunal Supremo Electoral; mientras tanto, lo que se diga son interpretaciones.
De todas maneras, habrá que estar atentos porque si no se pudieron asimilar dos derrotas tan evidentes, no está fuera de cálculo algún despropósito mayor. Salvo que, aunque casi sea impensable, haya un esfuerzo colectivo de análisis y balance autocrítico que replantee globalmente la cuestión política y disponga el retorno del instrumento político a las organizaciones sociales matrices —de cuyo control nunca debió salir y menos individualizarse en modelo propiedad privada— que son la base social, política e ideológica que dio origen al proceso de cambio. Es difícil, pero es la única alternativa política del bloque campesino, indígena y popular.
Crisis judicial
Ahora, el ojo de la tormenta, lo más delicado y explosivo: la realización de las postergadas elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. La situación es un ajedrez complicado; los cuatro órganos de poder están involucrados y ni juntándose con las organizaciones políticas encuentran consenso en las acciones para salir del atolladero. A riesgo de repetir, aclaremos que este grave impasse institucional es responsabilidad del Órgano Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional), que no fue capaz de convocar estas elecciones durante un año. También dejemos sentado que la autoprórroga se asumió ante el riesgo del vacío de poder y que, felizmente, se produjo porque si no estaríamos en medio de un carnaval judicial con jueces provinciales repartiendo amparos nacionales a solicitud de vecinos y que nunca se revisarían para confirmarlos o denegarlos por falta de un tribunal constitucional de última instancia.
En consecuencia, el tema es terminar con el aberrante interinato (al margen de la Constitución y existente por causa de fuerza mayor) y que, en consideración al último amparo que instruye la suspensión de las elecciones judiciales en varios departamentos, violando su unicidad y la preclusión, debe afrontarse sobre la base de un ajuste normativo que corrija el vacío legal procedimental que permite a un órgano —el judicial— interrumpir el ejercicio de materia y competencias exclusivas de otro órgano, el electoral. Esto podría repetirse con las elecciones generales, cuando cualquier candidato solicitará un amparo constitucional y entonces se postergasen las elecciones, como está sucediendo ahora.
Una situación jurídica, institucional y política que como país nos pondría al borde de un abismo político e institucional. Acá, más allá de la inocultable mala fe de un lado o del otro —ni hablar del par de magistrados que están fallando en beneficio propio— y a pesar de que la Constitución y las leyes protegen los procesos electorales en su unicidad y en el respeto del principio de preclusión, estamos ante una cuestión de extrema delicadeza que debe resolverse de forma taxativa y definitiva. Por ello, corresponde una ley específica, no «corta», porque la cuestión no tiene que ver con longitud sino con pertinencia jurídica. Hay que modificar el Código Procesal Constitucional de manera que se impida al Tribunal Constitucional —en Pleno y peor en sala especializada— intervenir en un proceso electoral una vez que está en curso y a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Así de sencillo y contundente y sin tocar la Constitución.
Elecciones 2025
Finalmente, si sorteamos la cuestión judicial con una firme voluntad política e institucional, vienen las elecciones generales del próximo año y con ello la oportunidad democrática de resolver nuestras diferencias. Para ello, es imprescindible que nadie pierda de vista la dimensión múltiple de la crisis que estamos viviendo, porque la consigna debería ser: que no se repita… el ciclo. El tenso clima político y social amaina porque el pollo ya volvió a ser accesible y muchos de los precios especulativos están bajando, las colas en los surtidores empiezan a aflojar y, en particular, acertadamente se ha liberado la importación de diésel, que la agroindustria use su propio combustible, según su necesidad y sin subvención, liberando algo del peso económico para el resto del país. Estamos obligados a sincerar nuestra economía y a prefigurar el ajuste económico que debe asumirse para corregir distorsiones y construir el puente por el cual el próximo gobierno se inicie en condiciones básicas de viabilidad y gobernabilidad.
Es de desear que la oposición baje de la docena y media de candidatos y acabe en 4 o 5 frentes porque tampoco es posible eliminar tantas diferencias —muchas inventadas por la moda— y peor si el único horizonte común es derrotar al MAS o que la autofagia masista haga el trabajo que no pueden hacer. Nadie gana con una consigna negativa; la guerra es contra la crisis, la pobreza, el racismo, y el horizonte es construir un país más próspero, sin perder lo que se ha ganado en inclusión y en la soberanía sobre nuestros recursos naturales. El MAS tiene la oportunidad histórica de reinventarse y reivindicar sus aciertos, pero debe haber un relevo generacional y un programa que recupere la cohesión que propone al país y sin la cual no es creíble.
El resto, los ciudadanos, hombres y mujeres de a pie, a ponernos al día con la información, cuidarnos de los pajpakus y pensar bien nuestro voto. Salud.
Fuente: La Razón