Se multiplican las voces que defienden la meritocracia como el único camino para resolver los problemas que atraviesa el sistema judicial en el país
Las comisiones mixtas de la ALP en el lanzamiento del proceso de preseleción judicial. Foto: Diputados
Boris Bueno Camacho / La Paz
Los bolivianos sufragaron el pasado 15 de diciembre de manera parcial a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional en una inédita elección que inició con tropiezos más de un año antes y cuyo proceso enfrentó varias cortapisas interpuestas sobre todo por el oficialismo, que tuvo como escenario de batalla dos frentes: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos magistrados fueron determinantes para esos comicios que concluyeron con ese sufragio a medias.
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En Beni y Pando no se eligieron magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); además, en esos dos departamentos, además de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, los votantes se vieron impedidos de optar por uno de los candidatos al TCP. El motivo: la Sentencia Constitucional 0770/2024 determinada por la sala Cuarta Especial, que validó un fallo previo de un tribunal de Beni sobre la declaración de desierta de convocatoria en esas regiones por supuestas transgresiones a la convocatoria de las elecciones judiciales.
No obstante, ese fue el corolario de una serie de acciones que impidieron que el proceso de preselección se materialice más de un año antes, ya que el 27 de marzo de 2023, la ALP aprobó el proyecto de convocatoria para la preselección judicial; sin embargo, poco más de dos semanas después, el 13 de abril de ese año, la Sala Constitucional del Beni dejó sin efecto ese proceso, en tanto no se subsanen las observaciones que hizo el abogado Miguel Ángel Balcázar a un artículo que fue objetado en la normativa.
El 20 de abril de ese año, nuevamente se efectúa una nueva convocatoria y reglamento; empero, un recurso fue presentado por el diputado de la agrupación Creemos Fabián Ayala ante el TCP, que emite un fallo el 31 de julio que los declara inconstitucionales y devuelve al Órgano Legislativo la responsabilidad de generar consensos para que se efectúe un nuevo proceso de preselección de candidatos a las judiciales que se respalde en una Ley que debía ser aprobada por dos tercios sí o sí.
En sujeción a dicha resolución del Tribunal Constitucional, el 31 de agosto del año pasado se emite una ley transitoria para esas justas en las que se contempla una disposición transitoria que reza que los magistrados tenían que abandonar sus cargos el 2 de enero de 2024, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que su mandato fenece en seis años, los cuales son improrrogables, y que serán los subalternos de los cuerpos del Órgano Judicial y del TCP quienes tendrán la misión de atender las causas mientras se eligen a las nuevas autoridades judiciales.
El TSJ solicita el control constitucional de esta norma al TCP y, finalmente, el 12 de diciembre del 2023, emite la Declaración Constitucional 049/2023, que prorroga el mandato de todos los magistrados del Órgano Judicial hasta que se elija por el voto popular a sus reemplazantes; a partir de ahí, las altas autoridades judiciales son bautizadas como los ‘autoprorrogados’, por la determinación tomada por ellos sin tomar en cuenta lo que manda la CPE al respecto, hecho que supuso el rechazo de políticos y juristas por este ‘fallo inconstitucional’.
La ALP eligió a 139 candidatos a las elecciones judiciales. Foto: Erbol
Es más, a raíz del fallo, surgió la necesidad de generar una reforma constitucional para cambiar la forma de elegir a los miembros de los altos tribunales de Justicia; este grupo de juristas independientes impulsaron un referéndum para el efecto, porque cuestionaban las fallas en la administración de justicia en el país debido a que la intromisión del poder político en las elecciones conseguía magistrados ‘serviles’. La iniciativa no logró la cantidad de firmas suficientes, sus miembros apuntaron al gobierno por la campaña en su contra.
“La apuesta principal de la reforma constitucional de 2009, que fue la elección de las altas autoridades de la judicatura por voto popular, ha fracasado. Se ha generado más bien un esquema de captura política, arbitrariedad y desmantelamiento institucional del sistema de administración justicia, creando una situación de impunidad estructural, afectando la posibilidad de una genuina rendición de cuentas. Las actuales autoridades judiciales han perdido toda capacidad y credibilidad para transformar el sistema de justicia, y menos aún para encarar la impunidad por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción cometidos en este período”, critica el experto Ramiro Orías.
Pero, el problema no acaba ahí. El 31 de enero de 2024, el TCP emitió una medida cautelar en la que ordena a la ALP acatar lo dispuesto en la declaración constitucional que prorroga su mandato, la 049/2023. Esto implica que la ALP debe tratar el “proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024” presentado el 31 de agosto de 2023, para poder continuar con el proceso de preselección judicial. Esto significa que, por séptima vez, se tiene que paralizar el trabajo que se llevaba adelante en la ALP.
Días más tarde, exactamente el 6 de febrero, la Asamblea Legislativa sanciona por más de dos tercios el Proyecto de Ley N° 144/2023-2024 “Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024”, con el objetivo de regular las elecciones judiciales y garantizar su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la CPE y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0060/2023, del 31 de julio de 2023, que rechazó que el proceso judicial se inicia a través de solo una convocatoria y un reglamento, cuando debería ser por una norma específica.
El entonces presidente del TCP, Paul Enrique Franco Zamora, defendió la determinación en sentido que ese cuerpo judicial “viene desarrollando sus funciones con absoluta responsabilidad e independencia y está promoviendo en el marco del Estado Social de Derecho, la participación por dos tercios de votos de los y las asambleístas, para garantizar un sistema ampliamente participativo con debate hacia la construcción del Sistema de Justicia que todas y todos anhelamos, donde las mayorías y las minorías sean escuchadas para desarrollar un proceso de preselección y posterior elección mediante voto popular”.
El TSE, los órganos del Estado y las organizaciones políticas no pudieron contra el TCP. Foto: ATB
La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el martes 20 de febrero el proceso de preselección de candidatos a cargos de altas autoridades judiciales, así como de magistradas y magistrados del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental, además de los miembros del Consejo de la Magistratura. Todo ese trabajo de preselección de los aspirantes al Órgano judicial tenía un plazo máximo de 230 días para su conclusión.
Sin embargo, en el transcurso del trabajo de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución de la ALP, hubo paralizaciones por demandas interpuestas por candidatos que dijeron ser afectados en sus derechos, como el de una aspirante que presentó una Acción Popular ante una Sala Constitucional de Pando, el 30 de abril ordenó como medida cautelar la paralización del cronograma de preselección debido a que la ALP no incorporó los criterios en materia de género e indígenas en la ley 1549.
En julio, esa una Sala Constitucional de Pando determinó declarar desierta la convocatoria de preselección para los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en atención a una acción presentada por María Esther Caero, la postulante que quedó marginada para ser magistrada a esa instancia. Sin embargo, el fallo fue dictado dos meses después de que terminó el proceso de preselección en el Legislativo.
Un segundo fallo fue de la Sala Constitucional de Beni cuando el proceso también estaba en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la determinación fue que se declaran desiertas las convocatorias de preselección de aspirantes al TSJ y al TCP. Este amparo fue interpuesto por el excandidato Hugo Vargas Palenque, quien consideró que se debían paralizar las elecciones judiciales ante el fallo.
El presidente Luis Arce emite su voto el pasado 15 de diciembre. Foto: ATB
Precisamente, el 7 de noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia constitucional 0770/2024-S4 a cargo de los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado, miembros de la Sala Cuarta Especializada del TCP, quienes declararon desierta la convocatoria de magistradas y magistrados al TCP en cinco departamentos, Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Cochabamba. De la misma forma a la convocatoria para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; es decir, dictó que las elecciones judiciales, fijadas para el 15 de diciembre, sean parciales. Esta determinación fue ratificada por la sentencia constitucional 0777/2024.
La determinación fue rechazada hasta por exmandatarios como Carlos Mesa, quien catalogó esta acción como un ‘fallo devastador’ y un ‘nuevo golpe a la democracia’; posición compartida por el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien observó que los magistrados autoprorrogados persisten en suspender la elección judicial. Este se mostró partidario en todo momento en que se debe anteponer la meritocracia en lugar de la elección popular para definir quiénes serán las autoridades del Órgano Judicial.
Según el experto William Herrera, una reforma estructural del sistema judicial requiere un gran acuerdo político que involucre a todos los órganos del Estado, a los partidos con representación parlamentaria y la clase política, que incluya una reforma constitucional para cambiar el sistema de designación de magistrados, porque el actual responde más a criterios sectarios que a la necesidad de elegir autoridades probas, así como el aumento del presupuesto judicial y el fortalecimiento de la carrera judicial, ya que la falta de estos cambios profundiza la crisis y alarga la ineficiencia del sistema.
“La reciente elección de magistrados y la continuidad de prácticas cuestionables evidencian la necesidad urgente de cambios profundos en el sistema judicial. Mientras el control político siga siendo predominante, las posibilidades de una reforma estructural serán limitadas. Sin embargo, un escenario político renovado podría abrir la puerta a un sistema judicial más justo, eficiente y transparente. Solo un compromiso real de todos los actores políticos podrá salvar a la justicia boliviana de su estado actual de crisis”, señaló.
El 15 de diciembre fueron elegidos 19 de los 26 magistrados de los altos tribunales de justicia y del TCP, ante esta inédita votación parcial, queda la duda de la forma en que coordinaran las autoridades democráticamente electas con quienes están prorrogados en sus funciones y mantienen la mayoría de los votos en el Tribunal Constitucional, el cual fue observado por diferentes actores políticos y sociales como el ‘verdadero poder’ que gobierna en el país. Resta conocer cuál es el mecanismo constitucional que permitirá completar los siete puestos faltantes mediante el sufragio.