La radicalización de las protestas de los adeptos de Evo Morales y las demandas de diferentes sectores de la población son caldo de cultivo para la convulsión en el país.
eju.tv /Video: RRSS
Bolivia atraviesa una de las etapas más convulsionadas de su historia reciente, marcada por una simbiosis de crisis política, económica y social que ha detonado en esta semana múltiples focos de protesta en todo el país; desde la reivindicación de los sectores afines a Evo Morales para que éste sea candidato a presidente en las elecciones de agosto venidero; además del pedido de renuncia expresado no solo por este grupo, hasta el reclamo de otros grupos sociales que se manifiestan ante la profunda crisis económica que atraviesa el país, el otro detonante de las protestas.
La inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial, amén de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ha rearticulado una escalada de movilizaciones callejeras, sobre todo en La Paz, y una serie de bloqueos circunscritos sobre todo a Cochabamba, departamento en el que el expresidente aún incide en los grupos sociales y sectores periurbanos y rurales; por ello, en las dos últimas pulsetas con el gobierno, a inicios y finales del pasado año, los cercos se circunscribieron sobre todo en ese departamento.
En esta ocasión, es prácticamente la misma figura, ya que 11 de los 19 cercos que reporta el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los otros ocho se diseminan en Potosí (3), Chuquisaca (2), Oruro (1), La Paz (1) y Santa Cruz (1). El motivo esgrimido por las huestes del dirigente cocalero es la defensa de la democracia y la economía; empero, tal cual reconocieron dirigentes y los manifestantes, la verdadera motivación es el registro de Morales como candidato presidencial y la renuncia de Arce, coreo que se escucha en todas las movilizaciones.
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Comunarios de Potosí se sumaron a los bloqueos. Foto: Video: RKC
El propio Arce responsabiliza al exmandatario de ser el responsable de las manifestaciones que tienen el objetivo -dijo- de desestabilizar su gobierno y lo acusó de engañar al pueblo con el argumento de que su protesta es por la economía, contra la inflación y por la canasta básica. “Persiguen mi renuncia y la de todos los integrantes del Gobierno, y esto solamente para habilitar su candidatura por la fuerza”, indicó en sus redes sociales a propósito del estado de convulsión que atraviesa el país por la virulencia de los sitios.
Es más, reiteró que el fin de su exaliado no es otro que imponer su ‘candidatura inconstitucional’ y, para ello, no tendrá reparo en cercar las ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes; cabe recordar que el tiempo se acorta para los evistas, debido a que el 6 de junio culmina la etapa de evaluación y sustitución de candidaturas, para luego dar paso a las impugnaciones. Según el mandatario, si se ratifica la exclusión de Morales, el próximo paso será impedir la materialización de las Elecciones Generales del 17 de agosto.
La aseveración no carece de veracidad. El expresidente, en una entrevista dada a un medio internacional hace unas semanas reveló la importancia fundamental que tiene para él su candidatura al sostener que “esta clase de luchas solamente se ganan con acción de masas”, para luego ratificar que, “si inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser la responsabilidad del Gobierno; ese es mi cálculo, soy sincero”, advirtió en esa oportunidad.
Fogatas y cercos en Cochabamba. Foto: RKC
Empero, algunos analistas y líderes políticos cuestionan la permisividad gubernamental con el exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), sobre quien también pesa una orden de aprehensión por un caso de trata de personas con agravante y por la cual se parapetó en su bastión de la población de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, para resistir el embate legal; además, algunos expertos señalan también que la inercia de Arce frente a los conflictos y la crisis es llamativa.
El otro eje es el descontento generalizado por la economía: una inflación que el más somero de los analistas estma que bordeará el 15% este año, hasta otros más pesimistas que se situará entre 25% y 30% hasta diciembre, encendieron las alarmas de los sectores productivos y de la población en general, que ve cómo se reduce su poder adquisitivo día que pasa, producto de la iliquidez de dólares, que generó un mercado paralelo que disparó los precios de todos los productos, desde esenciales a suntuarios, y agravada por la falta de combustibles, que provoca también una escasez de varios bienes.
La dependencia de importaciones y subsidios ha generado un gasto significativo, mientras que las filas para obtener diésel y gasolina se extienden por días en todo el territorio nacional. El sector productivo estima que necesita 12 millones de litros de carburante para la cosecha y siembra de invierno; caso contrario, la seguridad alimentaria estará en riesgo; los micro y pequeños empresarios afirman que el 70 por ciento de las unidades han cerrado por la falta o el incremento de precios de los insumos. Los choferes toman las calles, porque pese a una promesa del propio Arce, no hay combustibles y se agrava la crisis.
Los choferes bajan a La Paz para protestar. Foto: RRSS
El gobierno solamente ha apelado a medidas coercitivas contra los productores y los productores, a quienes acusa de haber alentado la especulación, sin haber identificado a ciencia cierta dónde está el problema, aunque los aludidos aseguran que es ese dólar paralelo que trepó hasta los 19 bolivianos y se mantiene en los 15 bolivianos; Arce y sus ministros tampoco hacen un acto de contrición por el pobre impacto de las medidas propuestas como las once acciones anunciadas por el presidente para frenar la crisis, o la promesa de solucionar el tema de la provisión de los carburantes desde el 26 de mayo, hecho que nunca ocurrió
Analistas señalan que estos conflictos reflejan una nueva polarización en la sociedad boliviana, alimentada por las divisiones políticas, el ambiente electoral que marca también un probable cambio de timón en el país, el impacto en el bolsillo de la gente y la incertidumbre sobre el futuro del país, que enfrenta en la actualidad una suerte de tormenta perfecta en la que confluyen todos los vientos adversos. La falta de consenso y diálogo impide la resolución de los problemas y, por el contrario, amenaza con profundizar la crisis multisistémica en la nación.