Bolivia se encuentra al borde de una situación preocupante a nivel internacional. En junio de 2025, el país podría ser incluido en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a los limitados avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué implica esto para Bolivia? La inclusión en dicha lista traerá consigo obstáculos concretos: mayor dificultad para las operaciones de comercio exterior, encarecimiento de transacciones financieras internacionales, posible pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria y un severo daño a la imagen del país como destino de inversión. No se trata de una sanción simbólica, sino de una advertencia con impactos económicos reales.
Lo más grave es que desde la evaluación efectuada por el GAFILAT en 2023, el Gobierno boliviano ha mostrado escasa reacción. Si bien se reconocieron avances menores en algunas recomendaciones técnicas, persisten vacíos legales y debilidades institucionales. La postergación de reformas como la ley de extinción de dominio, la falta de autonomía plena de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la ineficaz supervisión a sectores vulnerables reflejan una preocupante pasividad estatal.
Un punto especialmente crítico identificado en el informe de 2023 es la falta de regulación y supervisión sobre el uso de criptoactivos. A pesar de que más de 250.000 personas en Bolivia poseen estos activos digitales y que su volumen de transacciones ha crecido notablemente, el país carece de un marco legal integral y de una supervisión adecuada para prevenir su uso en operaciones ilícitas. Aunque el Banco Central de Bolivia emitió una resolución autorizando su comercialización a través de instrumentos electrónicos, el GAFILAT considera esta medida insuficiente y advierte que esta omisión afecta el cumplimiento de las Recomendaciones 15 y 16 del GAFI, relacionadas con los proveedores de servicios de activos virtuales y la prevención de delitos financieros mediante nuevas tecnologías.
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Para evitar esta situación, Bolivia debe actuar de inmediato. Es urgente actualizar su normativa penal económico-financiera, garantizar la independencia de la UIF, reforzar la supervisión de sectores de alto riesgo, y asegurar la cooperación internacional en materia de información financiera. Particularmente, se debe priorizar la creación de una ley específica para criptoactivos que defina su estatus legal, establezca controles a los proveedores de servicios de activos virtuales y obligue a reportar operaciones sospechosas.
El ingreso a la lista gris sería un golpe para la economía nacional en un momento crítico. Bolivia aún puede evitarlo, pero para ello necesita decisión política, coordinación institucional y un compromiso firme con la transparencia financiera y el control de nuevas tecnologías financieras.
Bismarck Javier Arevilca Vásquez, Ph.D.
Economista