Descartan aumento salarial y proponen volver a la racionalidad económica del país.
Fuente: El Diario
Cambio de modelo, mayor participación del sector privado y modificaciones a normas en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y litio, así como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, fueron las principales coincidencias de las seis alianzas y partidos políticos que participaron en el primer Debate Económico del ciclo “Compromiso por Bolivia”, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
El encuentro, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y realizado en alianza con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), permitió identificar coincidencias, pero también evidenciar las diferencias en la forma en que se pretende ofrecer una solución a la población boliviana.
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Más de 300 personas, entre líderes empresariales, autoridades nacionales, departamentales, municipales, público en general y medios de comunicación, asistieron al Recinto Ferial Alalay, mientras que miles de personas lo siguieron a través de diferentes plataformas.
Ante la evidencia de que el país vive una crisis económica, los participantes destacaron la necesidad de recuperar la institucionalidad y garantizar la independencia de la justicia, como elementos esenciales para brindar seguridad a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que es uno de los elementos esenciales para reactivar la economía, generar divisas y mitigar el actual impacto de la escasez de dólares, la inflación y el subsidio a los carburantes, entre otros problemas.
En el debate participaron los líderes de los equipos económicos de la alianza Unidad, José Gabriel Espinoza; de alianza Libre, Ramiro Cavero; de APB Súmate, Vincent Gómez-García; y del Movimiento al Socialismo (MAS), Martín Moreira. Asimismo, estuvieron presentes Wilder Véliz Armas, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Andrés Rolando Ortega, candidato a primer diputado por Cochabamba por la alianza Libertad y Progreso – Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Aunque con matices, todos los panelistas destacaron la importancia de establecer un diálogo con el sector privado y tomar en cuenta su posición a la hora de elaborar leyes y políticas públicas. Entretanto, el representante de ADN abogó por una libertad plena y reducir la presencia estatal en la economía, mientras los representantes de Libre, Unidad y Súmate coincidieron en la necesidad de dialogar con los privados para avanzar en la elaboración de normativas que impulsen la formalización y la reactivación de la economía.
Cavero adelantó que se conformarán mesas de trabajo porque “de nada sirve una ley si no se trabaja con quienes la deben aplicar”. Gómez-García expresó que la participación del sector privado está establecida en los mecanismos legislativos y tiene que viabilizarse a través de la Asamblea Legislativa, agregando que debe haber “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
Espinoza precisó que “el sector privado no va a participar en ninguna negociación salarial, porque no habrá decreto el 1 de mayo”, sosteniendo que debe volver “la racionalidad económica” y los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Reiteró que se trabajará con el sector para reducir la “sobrerregulación” y “quitar los cuellos de botella” paulatinamente.
Ortega insistió en la necesidad de reducir los impuestos, en un modelo en que el Gobierno no tenga dinero para gastar y deje la actividad productiva a los privados.
A su vez, el representante del MAS, Martín Moreira, destacó la importancia de generar alianzas estratégico-productivas, lo que demanda una activa participación de los privados, en áreas como el agro y turismo, entre otras.
Véliz, a nombre del PDC, planteó la necesidad de generar condiciones para que los empresarios bolivianos inviertan en el país, pues hoy muchos están migrando porque no encuentran condiciones en “un Estado tranca”.
La búsqueda de financiamiento
Uno de los temas que generó mayor discusión fue cómo las diferentes alianzas pretenden obtener recursos para viabilizar medidas económicas estructurales en el inicio de su eventual mandato. Más allá de las diferencias, varios coincidieron en que será necesario solicitar recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el representante de la alianza Libre, Ramiro Cavero, ratificó que tendrían los primeros desembolsos en un plazo de dos meses; el de Unidad, José Gabriel Espinoza, estimó que se requiere más tiempo y el de Súmate, Vincent Gómez-García, insistió en que su eventual gobierno obtendrá 10.000 millones de dólares por la venta anticipada de litio.
Espinoza indicó que no alcanza con el cambio de normas, pero que se debe avanzar en modificaciones en las leyes de inversiones, hidrocarburos, minería y tributos. Moreira sumó tierra, aduanas y litio, en el afán de atraer inversión privada. “Se requiere un Estado eficiente, no una reducción”, aseguró y dijo que en el corto plazo la minería tiene el potencial de generar un colchón importante de divisas, además de la necesidad de establecer incentivos para la inversión.
Cavero, por su parte, al igual que José Rolando Ortega, cuestionó el régimen tributario y propugnó que los cambios deben apuntar a brindar mayor competitividad al país y tener un sistema regulatorio independiente.
Bloqueos y conflictos
Un tema de especial interés en el debate que se realizó en Cochabamba, fue qué harían frente a los conflictos y bloqueos, tomando en cuenta su impacto negativo en la economía nacional y el hecho de que los corredores internacionales están dejando fuera a Bolivia, que no puede aprovechar su privilegiada posición geográfica. Coincidieron en que se debe castigar a quienes bloquean y aplicar las normas que ya existen en el país, precisando que esto no atenta contra el derecho democrático a la protesta.
Moreira puntualizó que “la política y los bloqueos son los culpables de la inflación” y que en 2024 provocaron pérdidas por 4.500 millones de dólares. Aseguró que “es necesario un pacto social y de inclusión productiva”.
Cavero expresó que además de las acciones penales, se debe establecer el resarcimiento, como lo establecen las normas internacionales. Gómez-García manifestó que hay que generar condiciones de transitabilidad y fortalecer a las instituciones del orden.
Espinoza fue enfático al señalar que es esencial “restituir las instituciones y perseguir el dinero que financia delitos. Los bloqueos son delitos”.
Este fue el primero de dos Debates Económicos organizados por la CEPB en el marco del ciclo “Compromiso por Bolivia”. El siguiente tendrá lugar el 23 de julio en la ciudad de El Alto. Posteriormente se llevarán a cabo otros dos debates con la participación de los candidatos presidenciales, programados para el 1 y 12 agosto. Estas dos jornadas serán organizadas por la CEPB junto al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Fuente: El Diario