En el departamento del Beni, una de las regiones más afectadas por el «efecto dominó» del cerco nacional a las rutas de abastecimiento, la noticia de la abrogación de la Ley 1341 provocó reacciones inmediatas y encontradas entre los sectores productivos y la sociedad civil trinitaria.
Fuente: https://lapalabradelbeni.com
Para el sector ganadero, comercial y gremial de la capital beniana, que arrastra pérdidas cuantiosas tras 24 días sin poder sacar ganado en pie ni recibir hortalizas y carburantes del occidente, la flexibilización de los requisitos para un Estado de Excepción es vista como la única salida real a la asfixia.
Dirigentes del sector privado local señalaron de forma preliminar que, ante el fracaso de las mesas de diálogo nacionales, el despeje de las vías mediante el uso legítimo de las fuerzas del orden se ha vuelto una necesidad de supervivencia para la economía del departamento.
Sin embargo, el panorama genera cautela en colectivos sociales y de derechos humanos en Trinidad. Representantes civiles advirtieron que un Estado de Excepción generalizado conlleva el riesgo latente de excesos en el uso de la fuerza pública y la vulneración temporal de garantías constitucionales elementales para la población civil ajena a los conflictos.
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La mirada del Beni está puesta ahora en la Cámara de Diputados. De concretarse la sanción de la ley, las miradas se trasladarán de inmediato al escritorio del presidente Rodrigo Paz, de quien dependerá presionar el botón de la intervención militar en las rutas de las cuales depende el alimento cotidiano de las familias trinitarias.