Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
La Comisión de Constitución de Diputados en sesión plenaria. Foto: Cámara Baja
Comisión de Diputados aprueba ley transitoria para realizar elecciones judiciales hasta el 30 de junio. Comisión aprueba con cambios el proyecto para garantizar funcionamiento del TCP. BID: Seguridad y educación, los pilares fundamentales para trabajar en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley transitorio que habilita la realización de elecciones judiciales complementarias para completar la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estableciendo como fecha límite el 30 de junio de este año. El Proyecto de Ley 022 de Régimen Transitorio, también autoriza de manera excepcional que la Sala Plena del TCP pueda sesionar y emitir resoluciones con un quórum mínimo de cuatro magistrados electos, ante la falta de cinco autoridades que cesaron funciones tras fallos constitucionales emitidos en octubre del año pasado. El diputado del PDC, Rudy Pantaleón, explicó que el objetivo central de la iniciativa es evitar la parálisis institucional y brindar certeza jurídica. “Lo que tratamos en la Comisión de Constitución es un proyecto de ley donde se establecen facultades para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó.
– Comisión aprueba con cambios el proyecto para garantizar funcionamiento del TCP
La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley 022 de Régimen Transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la comisión, el diputado de Unidad, Juan del Granado, explicó que se realizaron cambios de forma que no afectan el fondo de la normativa y que ahora pasará al pleno para su consideración. “Una vez que se aprueba en comisión, va al pleno camaral y el pleno es el que toma la decisión final; la comisión es un órgano de trabajo. El Pleno Camaral es el que toma la decisión final”, dijo Del Granado. Este proyecto de ley señala que el TCP podrá funcionar con los cuatro magistrados electos en las elecciones del pasado 15 de diciembre. La idea, explicó Del Granado, es que se organicen elecciones para completar el Órgano Judicial y el TCP hasta el 30 de junio, de modo que todos los procesos sean ajustados a este plazo.
– Legisladores de tres fuerzas apuntan a aprobar una ley antibloqueos
Asambleístas de APB Súmate, Alianza Unidad y Alianza Libre, coinciden en la necesidad de una normativa en este sentido y un senador del oficialista PDC, que habla a nombre personal, disiente. “Personalmente estoy en total desacuerdo con esta normativa”, sostiene el senador Humberto Suárez (PDC), y se refiere al reciente conflicto entre el gobierno y la COB, que se arregló tras un diálogo y consenso. Así se deben solucionar los problemas de este tipo, deja entrever Suárez. “A la ALP nos estaban haciendo a un lado (con el DS 5503 que la COB logró que se derogue). La CPE dice que toda medida de esa naturaleza debe pasar necesariamente por el Legislativo y el gobierno nos quería excluir”, remarca. Claudia Mallón, senadora por APB Súmate, afirma que “se debe garantizar el derecho a la protesta, pero no a los bloqueos. Hay que pensar en el bien mayor, en millones de bolivianos que necesitan trabajar, que quieren progreso, que no pueden continuar con esa lógica de poner piedras en el camino”.
– Proyectos de Ley antibloqueo: uno blinda a policías y otro pone límites a la protesta
Las propuestas, impulsadas por los diputados Carlos Alarcón (PL-094/25) y María José Soruco (PL-092/25), coinciden en criminalizar los bloqueos, pero difieren de manera sustancial en su enfoque jurídico, la severidad de las sanciones y el rol del Estado frente a la protesta. El proyecto de Alarcón plantea un giro punitivo más duro. Su objetivo central es tipificar el bloqueo de vías como un delito autónomo e independiente, desvinculándolo de cualquier reivindicación social o colectiva. Bajo esta lógica, el bloqueo no es considerado un mecanismo legítimo de protesta y es declarado incompatible con la Constitución. La propuesta prioriza el restablecimiento del orden público y otorga un rol central a la fuerza pública, tanto policial como militar, para intervenir y desbloquear rutas. En materia penal, establece penas de tres a seis años de cárcel por bloqueo básico, que se elevan a cinco y a ocho años para promotores u organizadores. En casos agravados las sanciones pueden llegar hasta los 20 años de prisión.
– BID: Seguridad y educación, los pilares fundamentales para trabajar en Bolivia
Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que se invitó a Bolivia a ser parte de la Alianza para la ‘Seguridad, la Justicia y el Desarrollo’. Esta instancia es una plataforma regional para el diálogo, la cooperación, el intercambio de conocimientos y la movilización de recursos para prevenir y responder a la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe. «La alianza que nosotros creamos hace un poco más de un año fue la respuesta a los pedidos de los países, estos 22 países de la región, que tenían un problema común, que es la inseguridad y en particular, el crimen organizado, que tiene influencia en los homicidios. Y mucho de la respuesta que tenían no dependía de un país, porque el crimen organizado es transnacional. Y la respuesta tiene que ser organizada y transnacional «explicó Goldfajn. Entre los beneficios que ha otorgado esta alianza está el intercambio de datos e información, también en fuerzas de tareas rápidas e intercambio de información.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó un “shock de confianza” en la economía tras el diálogo abierto con diferentes organismos multilaterales y la reciente visita del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Las autoridades bolivianas acordaron un paquete de $us 4.500 millones para el período 2026‑2028 destinado a respaldar la ambiciosa agenda de reformas del gobierno para estabilizar la economía, recuperar el crecimiento y ampliar la creación de empleo. “Llega el presidente del BID trayendo recursos, más de $us 4.500 millones. Súmenle a eso, la CAF, que ha ya comprometido $us 3.500 millones en los próximos años. Por lo tanto, tú tienes una fuente, un flujo de financiamiento bastante grande que refleja la confianza que se tiene en el país”, dijo el ministro. Espinoza agregó que el gobierno trabaja en paralelo con otros organismos multilaterales como el Banco Mundial y Fonplata, para comprometer nuevas líneas de financiamiento, pero no solo créditos.
Los gobiernos del MAS dejaron en más de 20 años en una condición de miseria la lucha contra el narcotráfico, bajo la consigna de soberanía y financiamiento estatal, y con desconfianza de países vecinos sobre lo que se hacía, afirmó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano. “Sin equipo, la mitad de los vehículos terrestres están en pésimas condiciones, con menos fuerza de interacción. Yo debo reclamar, perdimos como país la confianza de los países vecinos”, reveló. Un elemento más que expuso para reflejar esta condición de miseria fue que solo se cuenta con uno de cinco helicópteros Súper Puma operando. El gobierno del expresidente Evo Morales decidió “nacionalizar” la lucha contra el narcotráfico y dejar al Estado su financiamiento, prescindiendo de la cooperación internacional; política que dio continuidad el expresidente Luis Arce. El presupuesto superaba los $us 50 millones. “Nos dejaron en condiciones muy débiles en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
– Caso Arica: Nuevas cargas de madera boliviana son revisadas por posible droga impregnada
Tras una reunión entre autoridades de Bolivia, Chile y España se confirmó que existen otros cargamentos de madera boliviana bajo análisis por sospecha de droga impregnada, una modalidad “invisible” del narcotráfico que no puede ser detectada por controles tradicionales. Así lo informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, tras reuniones técnicas sostenidas en Arica con la Fiscalía Regional y la Policía de Investigaciones de Chile. Justiniano detalló que el hallazgo de un contenedor de madera con 700 kilos de cocaína de alta pureza procedente de Bolivia, incautado en el puerto de Arica y con destino final a Barcelona, no es un hecho aislado, sino parte de la investigación ´Foco Puertos´, que aborda el tráfico de drogas y precursores químicos a través de terminales marítimos. En los encuentros participó también Felipe Rubio, de la Guardia Civil de España. “La droga impregnada químicamente en la madera no es detectable mediante controles tradicionales”, explicó el viceministro.
Ernesto Rafael Arce Mosqueira de 26 años, hijo del expresidente Luis Arce, amasó un cuantioso patrimonio al registrar al menos ocho bienes inmuebles, autos de lujo y realizó transacciones bancarias por fuertes sumas de dinero que no coincidían con su perfil económico. Por estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación y este miércoles presentó una imputación formal por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. El sindicado fue notificado por edicto porque no fue ubicado. “El día de hoy (14.01.2026) se ha emitido resolución de imputación formal en contra Ernesto Rafael Arce Mosqueira por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, con base en los antecedentes que tiene el Ministerio”, informó el fiscal del caso Miguel Cardozo. Arce Mosqueira enfrenta dos procesos penales, el primero por la compra del predio Adán y Eva por $us 3,3 millones y el segundo por la adquisición irregular de bienes inmuebles en La Paz y la capital cruceña.
– Balance 2025: Más de 10 mil denuncias por violencia sexual pese a leve descenso
De acuerdo con datos del Observatorio de Género, elaborados a partir de información del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 2025, el promedio anual equivale a casi 30 denuncias por día, lo que evidencia que la violencia sexual sigue siendo un problema estructural y cotidiano. El desglose por tipo de delito muestra que el abuso sexual continúa siendo la forma predominante, con 3.298 casos registrados en 2025. Le siguen las denuncias por violación, que alcanzaron 3.016 casos, y la violación de infante, niña, niño y adolescente (NNA), con 2.313 denuncias, una cifra que refleja el alto nivel de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia frente a este tipo de agresiones. Otros delitos reportados incluyen 1.847 casos de estupro, 340 denuncias por acoso sexual y 2 casos de actos sexuales abusivos, categorías que, aunque con menor incidencia numérica, forman parte del mismo entramado de violencia sexual que afecta principalmente a mujeres y menores de edad. Hay una tendencia al alza.
– Tras confirmarse la fuga de Dorgathen, Fiscalía solicita activar el Sello Rojo de la Interpol
El procurador general del Estado, Hugo León Lafaye, informó este miércoles que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la ciudad de La Paz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de la petrolera estatal dentro de la investigación de presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading. “La instancia judicial dictó la Resolución 16/2026 por la que se ha determinado declarar rebelde al imputado Armin Dorgathen y se le ha impuesto medidas como la orden de aprehensión”, declaró el Procurador del Estado. Entre las medidas que dictó el juzgado, también está la publicación de sus datos y señas personales, arraigo nacional, registro de la rebeldía, designación de un abogado de oficio, la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero. El Ministerio Público solicitó la alerta migratoria para esa exautoridad y otros funcionarios involucrados en el caso, pero sorpresivamente se conoció que había salido del país.