Por esta investigación, los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani fueron aprehendidos, en tanto que el exgerente Franklin Flores está recluido con detención preventiva en San Pedro, junto al exdirigente Rubén Ríos.
eju.tv / Video: Bolivia TV
El Gobierno informó este viernes que los casos harina 1 y 2 causaron al Estado un daño económico de 6,6 millones de bolivianos, hechos de corrupción que involucran a dos exministros, un exgerente y un dirigente de los panaderos.
«Sólo en los casos harina 1 y 2 son 6,6 millones de bolivianos de afectación; tenemos otros casos como la fábrica de papas, de 180 millones de bolivianos, el complejo de 87,7 millones, las autoridades trabajarán en la recuperación de estos recursos», explicó este viernes el gerente general de Emapa, Sergio Siles.
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Por esta investigación, los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani fueron aprehendidos, en tanto que el exgerente Franklin Flores está recluido con detención preventiva en el penal de San Pedro, junto al exdirigente de los panificadores Rubén Ríos.
«Hay tres contratos relacionados al señor Ríos, contratos para el transporte de harina, alquiler de galpones para el almacenamiento y para el suministro de este producto, haciendo un total de daño 6,6 millones de bolivianos (de afectación)», detalló el gerente general de Emapa.
A los casos harina 1 y 2, se suma la planta de acopio y transformación de papa, en El Alto, en el cual el señor Flores tuvo una conducta antieconómica, además del complejo piscícola del Titicaca, «plantas que no han sido puestas en marcha y suponen una afectación al erario público», dijo Siles.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, precisó que desde que asumieron el cargo se iniciaron procesos de auditorías en 14 plantas y proyectos de Emapa.
«Esto no queda acá, este daño no sólo se remite a la cantidad expresada, que no es el daño total, como Emapa y ministerio vamos a dar los elementos suficientes para esclarecer estos casos», indicó el Ministro.
Justiniano añadió que cada cartera de Estado presentará su informe de auditorías al Ministerio Público, para establecer una cifra definitiva del daño causado al Estado durante el gobierno del MAS que se extendió por casi 20 años.