Marcelo Arce es investigado por su presunta participación en toma de decisiones en YPFB y Rafael, está con mandamiento de aprehensión y sello rojo por no presentarse a su audiencia de medidas cautelares.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García. Foto El Deber
Fuente: El Deber
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realiza un rastreo patrimonial en las cuentas de bancos de 72 personas involucradas con presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre esas solicitudes están los casos que investigan a los dos hijos del presidente Luis Arce: Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira y también al propio ex jefe de Estado.
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El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, en entrevista con EL DEBER, informó que su cartera de Estado solicitó dicha información a la UIF, en el marco de las pesquisas que realiza en todos los procesos de investigación tras las denuncias que llegaron a su despacho.
“Desde esta instancia se han requerido 72 informes de investigación patrimonial y que a la fecha están pendientes de remisión. Esperamos que en los próximos días podamos tener el rastreo patrimonial de estas personas particulares”, informó la autoridad.
El rastreo patrimonial que se realiza a los hermanos Arce Mosqueira es por distintos casos de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito con bienes del Estado.
En noviembre de 2025, pocos días después del cambio de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz instruyó una auditoría general a todas los ministerios y entidades dependientes del Estado. El 13 de noviembre en un primer diagnóstico, el jefe de Estado afirmó que encontró “una cloaca de dimensiones extraordinarias”, en alusión a hechos de corrupción detectados en todo el gobierno central y que vinculaban a las exautoridades como es el caso del expresidente Luis Arce y de su entorno familiar.
El rastreo patrimonial que realiza la IUF es un paso esencial para Transparencia porque de acuerdo a los datos que emita esta unidad, se presentarán las denuncias por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas y por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
¿Entre estas 72 investigados están exautoridades del anterior gobierno?, consultó este medio a García, y el viceministro respondió: “Son exautoridades del anterior gobierno y también son allegados de las exautoridades del anterior gobierno”, respondió.
Con sus declaraciones se puede deducir que estos 72 casos involucran personas vinculadas hechos de presunta corrupción en distintos niveles del Estado entre ellos del sector de hidrocarburos, Emapa y Fondo Indígena. No obstante, se abstuvo de dar más detalles de quiénes están entre los investigados.
“Es un listado que está en reserva en la UIF, sin embargo, una vez que tengamos el reporte o el resultado de estos casos, y presentemos la denuncia ante el Ministerio Público, por supuesto que vamos a brindar toda la información de nombres de personas, entidades, fechas y montos en donde se han producido estas operaciones”, explicó.
Los hijos de Arce
Los hijos varones del expresidente Luis Arce Catacora – detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por un caso de desfalco del Fondo Indígena – Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, son investigados, en distintos casos y grados, por el Ministerio Público.
Mientras, la Fiscalía sigue los pasos y acciones de Marcelo y su presunta participación en entidades estatales del sector de hidrocarburos, Rafael tiene al menos tres investigaciones penales también por corrupción y que ya están con imputación formal.
Entre esos casos están la compra de un predio (Adán y Eva) por $us 3.3 millones, el segundo caso es porque se detectó un «patrimonio inusual» en La Paz con más de $us 755.000 y la tercera investigación penal es porque Arce Mosqueira generó «movimientos económicos millonarios» de unos Bs 7 millones y la transferencia de tres inmuebles en la pasada gestión.
“Nosotros creemos que debe haber mucho más patrimonio y nuestro trabajo justamente es apoyar todas las instituciones que están a cargo para que podamos ir rastreando todo el patrimonio que hubiera sido consecuencia y resultados de corrupción”, dijo García.
El jueves 22 de enero debía realizarse la audiencia de medidas cautelares de Arce Mosqueira en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no obstante, el sindicado no se presentó ni envió un justificativo de su ausencia. Por lo tanto, la justicia lo declaró en rebeldía, se emitió el mandamiento de aprehensión y se solicitó a Interpol que se active el sello rojo para capturar a Arce Mosqueira.
“Este mandamiento habilita que se pueda activar el sello rojo o notificación roja, de tal manera que con ese mandamiento, todos los mecanismos policiales internacionales van a tener la facultad de poder conducir a este ciudadano ante un juez por la fuerza pública independientemente del lugar donde se encuentre, así esté fuera del país”, explicó a este medio el viceministro García.
En el caso de Marcelo, la autoridad precisó que “también está en investigación” pero el proceso está en la parte inicial y aún no se estableció el grado de su presunta participación en hechos de corrupción estatal.
“Hasta que no se tengan los resultados de la información financiera y patrimonial, dar a conocer los mecanismos que se está generando el Ministerio Público y la UIF, podría generar algún tipo de entorpecimiento (a la investigación)”, explicó.
No obstante, adelantó que se realiza el rastreo patrimonial de Marcelo Arce por su rol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya que es de conocimiento público “que este ciudadano con otro esquema de personas, tenía inclusive un piso exclusivo e YPFB desde donde se daban órdenes y se tomaban decisiones sobre recursos públicos en el área de hidrocarburos”.
En ese marco el viceministro de Transparencia invitó a la ciudadanía que conozca estos hechos, haya sido funcionario, técnico, o parte de alguna comisión vinculada al caso de hidrocarburos, que brinde información al respecto y el Gobierno se compromete a protegerlos como testigos y víctimas de esos hechos.
“Consideramos que todavía está en fase preliminar la investigación en hidrocarburos, pero con seguridad, en esta etapa, vamos a establecer los nexos existentes de manera documentada”, afirmó García.