Las pruebas especializadas se realizaron bajo control fiscal y notarial. La investigación continúa y las aeronaves permanecen precintadas y bajo custodia policial.
eju.tv / Video: FELCN
Cuatro de las cinco aeronaves intervenidas el 5 de febrero de 2026 en el municipio de San Ramón, departamento de Beni, dieron resultado positivo para cocaína en las pericias técnicas de microaspirado, realizadas el 12 de febrero, según el reporte preliminar del Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (CITESC), dentro del proceso investigativo BN-X-10-26, bajo dirección funcional del Ministerio Público.
De acuerdo con un comunicado emitido este viernes por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, los resultados periciales confirman que la intervención, el precintado y la preservación de las aeronaves se realizaron conforme a procedimiento, desvirtuando versiones que sugerían una supuesta liberación irregular de estos bienes vinculados a una investigación por narcotráfico.
Desde el día de la intervención, las cinco aeronaves fueron formalmente precintadas, al igual que el hangar donde se encontraban, señala el informe. Asimismo, refiere que se designó un depositario conforme a la norma vigente, se estableció la custodia policial permanente y no se registraron movimientos ni novedades en el lugar. La instancia estatal explica que no se realizó una requisa inicial con el fin de evitar la contaminación de indicios, priorizando la ejecución posterior de pericias técnicas especializadas.
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Las pruebas de microaspirado se efectuaron con la presencia de un fiscal de Sustancias Controladas, peritos del CITESC, Notaría de Fe Pública y personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). Como resultado del procedimiento, cuatro aeronaves arrojaron resultado positivo, mientras que una quedó en observación técnica, debido a condiciones estructurales que podrían afectar la pureza del indicio. Se aguarda la remisión formal del informe pericial escrito.
Paralelamente, la investigación continúa en curso con requerimientos de información dirigidos a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Servicios Técnicos Auxiliares y el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC).
Asimismo, se solicitó la entrega de las aeronaves a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), en calidad de bienes secuestrados, conforme a la normativa vigente.

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas sostiene que las versiones que aludieron a una supuesta liberación de aeronaves no coinciden con los actos procesales verificables y remarca que, en investigaciones vinculadas a estructuras criminales complejas, la prudencia y responsabilidad en las declaraciones públicas es esencial para no afectar procesos en curso ni dañar la honra de servidores que cumplen su deber.
“Aquí no se protege a nadie: se actúa con procedimiento, prueba técnica y control fiscal. La lucha contra el narcotráfico se sustenta en resultados, no en especulación. El Estado está actuando”, subraya el comunicado institucional.
