Personas del entorno del expresidente Luis Arce Catacora administran la Gestora Pública —con más de 29.500 millones de dólares— y presiden el BDP SAM. El nuevo gobierno no ha dispuesto cambios ni exigido rendición de cuentas.
Fuente: El País.bo
El 7 de noviembre de 2025, un día antes de que concluyera el mandato de Luis Arce Catacora, el Ministerio de Economía —a cargo entonces de Marcelo Montenegro— transfirió 197.568.000 bolivianos al Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP SAM) en concepto de “aporte de capital”. La operación se formalizó mientras el país atravesaba una aguda crisis de abastecimiento de combustible y las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia estaban prácticamente agotadas.
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Al frente del directorio del BDP SAM se encontraba, y se encuentra todavía, Ninette Denisse Paz Bernardini, economista que entre 2006 y 2014 se desempeñó como Asesora General del Ministerio de Economía bajo la conducción del propio Arce Catacora, cuando este era ministro de Hacienda y luego de Economía de Evo Morales. Paz Bernardini también trabajó en el Banco Central de Bolivia en el período en que Arce ejercía funciones en esa institución.
El BDP SAM es una sociedad anónima mixta con 85% de capital estatal. La CAF, que había tenido hasta hace poco el 20% de las acciones, declinó aportar su parte proporcional en una capitalización anterior y cedió ese 5% al Estado. Al cierre de esta edición, el directorio del banco —Paz Bernardini en la presidencia, con los mismos vocales y secretario designados por el gobierno anterior— permanece sin cambios.
Consultado por este medio sobre la razón del desembolso de 197 millones de bolivianos en la víspera del fin del mandato presidencial, el BDP SAM respondió que los aportes de capital son un “mecanismo común” para mantener el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) dentro de los rangos regulatorios, y que la capitalización estaba prevista en la planificación estratégica 2022–2024.
El dinero y el poder: cronología de los hechos
Desde mayo de 2024 hasta hoy, una secuencia de transferencias millonarias, designaciones cuestionadas y silencio regulatorio configura el mapa del control financiero del Estado boliviano. Haz clic en cada tarjeta para ver el detalle.
El fideicomiso inaccesible
En mayo de 2024, el Banco Unión —con participación estatal de 98,5%— transfirió 300 millones de bolivianos al BDP SAM para el Fideicomiso FIREPRO. Este medio solicitó al BDP SAM los resultados del fideicomiso, las áreas de la economía beneficiadas y una copia del contrato.
La respuesta fue terminante: “Las condiciones contractuales, así como la información de los fideicomisos están sujetas a cláusulas de reserva y confidencialidad, que facultan exponerla sólo a la ASFI y a las autoridades competentes.” La entidad no informó si la ASFI, como regulador, accedió efectivamente a esa información ni si el actual gobierno lo ha requerido.
El Fideicomiso FIREPRO, según lo que el banco admitió, está destinado a créditos para el sector microempresarial. Sin embargo, esas condiciones contractuales, impiden cualquier verificación independiente de ese uso declarado.
Fernández Quiroga en la Gestora
El 18 de noviembre de 2025, el ministro de Economía Gabriel Espinoza posesionó a Marcelo Vladimir Fernández Quiroga como gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la entidad que administra los ahorros de jubilación de todos los trabajadores bolivianos. Al 24 de febrero de 2026, esos fondos suman 205.383.056.525 bolivianos, equivalentes a más de 29.500 millones de dólares al tipo de cambio oficial (Bs 6,96), lo que representa aproximadamente el 60% del PIB nominal boliviano registrado en 2024.
Al presentar la designación, el ministro Espinoza destacó la “trayectoria” y los “estándares de calidad y meritocracia” de Fernández Quiroga, aunque no se publicó mediante qué instrumento jurídico se lo designó: ¿Resolución Suprema, Decreto presidencial? Ninguno aparece publicado en la Gaceta Oficial. De acuerdo a la norma, es el presidente del Estado el que lo nombra de ternas elevadas por el ministro de Economía. Tampoco se ha reportado el cumplimiento de este procedimiento.
Al respecto, según consta en el sitio oficial de la Gestora Pública, Fernández Quiroga fue Gerente General del BDP Sociedad de Titularización S.A. (BDP ST) desde 2014 y hasta 2021. Antes, fue funcionario del Banco Central de Bolivia en diversos cargos por 13 años.
En su paso por el BDP ST, de mayoría accionaria del Estado, tuvo como jerárquica superior a Ninette Denisse Paz Bernardini, miembro del Directorio. En 2021, una fiscalización de la ASFI emitió observaciones de fondo a varias operaciones del BDP ST bajo responsabilidad de Fernández. El plan de acción presentado por la entidad para subsanarlas fue rechazado en primera instancia y debió ser reformulado. Una de las consecuencias directas del proceso fue la salida de Fernández Quiroga y otros dos funcionarios, cuyas presuntas responsabilidades en las operaciones observadas determinaron su desvinculación.
Este medio no ha podido acceder al contenido del informe de la ASFI ni al plan de acción reformulado. La ASFI no respondió consultas al respecto al cierre de esta edición.
¿De qué tamaño es el ahorro de los bolivianos?
El fondo de pensiones es el mayor cúmulo de riqueza colectiva constituido en la historia económica de Bolivia. Equivale al 62,8% del PIB boliviano de 2024, y al 69,7% del PGE consolidado de 2025. Es 14,9 veces las Reservas Internacionales Netas de octubre de 2025, y más de 2 veces la deuda externa de Bolivia. Desde hace ocho meses, nadie fuera del sistema sabe con exactitud en qué está invertido.
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El regulador y las puertas giratorias
El mismo 18 de noviembre, Espinoza posesionó también a Mario Walter Requena Pinto como Director Ejecutivo de la ASFI, el organismo que regula y supervisa a todo el sistema financiero boliviano, incluidas las entidades bancarias y el mercado de valores. Requena tiene formación en economía por la Universidad de Chile y Boston University, y el ministro destacó su “sólida trayectoria en el sector financiero”.
Esa trayectoria incluye un pasaje relevante, pues según su perfil profesional en LinkedIn, Requena se desempeñó en el Grupo Financiero Fortaleza, que controla el Banco Fortaleza y otras empresas del sector financiero boliviano, entre ellas una agencia de bolsa. Todas esas entidades son reguladas por la ASFI. Requena pasó de ser funcionario de una entidad supervisada a dirigir al supervisor.
Este mecanismo, conocido en el ámbito regulatorio como “puertas giratorias”, plantea preguntas sobre la independencia del regulador respecto de las instituciones que debe fiscalizar. El gobierno de Rodrigo Paz no ha explicado públicamente si existe algún período de incompatibilidad aplicable al caso.
Tampoco se conoce si fue designad por decreto presidencial o resolución supremo u otro tipo de norma. La Gaceta Oficial no ha publicado ninguna de ellas. Esta designación le corresponde también al presidente del Estado, según el artículo 20 de la Ley de Servicios Financieros.
Las nuevas designaciones dentro de la Gestora
Desde su posesión, Fernández Quiroga efectuó nombramientos al interior de la Gestora que replican el patrón de vínculos con el sector financiero regulado. Designó como Gerente Nacional de Inversiones interino a Jorge Alejandro Zerdas Cisneros, con trayectoria en la Bolsa Boliviana de Valores y como representante de la AFP Futuro de Bolivia, ambas entidades supervisadas por la ASFI y, la segunda, también por la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
Nombró además a Claudia Amparo Corrales Dávalos como Gerente de Gestión Financiera y Comercial, exfuncionaria de la ASFI involucrada en 2013 en un proceso abierto por la Fiscalía en Trinidad por supuesto incumplimiento de deberes en un caso de captación ilegal de recursos del público. Este medio no pudo confirmar el resultado de ese proceso al cierre de esta edición.
Paz Bernardini: el puente entre gobiernos
Ninette Denisse Paz Bernardini no solo preside el directorio del BDP SAM. Su nombre aparece también en el directorio de BDP Sociedad de Titularización, entidad de la que Fernández Quiroga fue gerente hasta que la ASFI formuló sus observaciones. Se trataría, en términos de gobernanza corporativa, de una red de cargos en entidades del Estado que comparten directores, gerentes y vínculos con el gobierno anterior, que permanece intacta bajo la nueva administración.
Ella, además, es la ex esposa de Roberto Moscoso, asesor político de Samuel Doria Medina y candidato a senador por La Paz de la agrupación política que este preside. Ese vínculo cruzado —entre el círculo del gobierno anterior y figuras del espacio político hoy en el poder— no ha sido abordado públicamente por ninguno de los involucrados.
El expresidente que la designó, Luis Arce Catacora, guarda hoy prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Helmer Laura lo envió a prisión por cinco meses, en el marco de una investigación por presunto desvío de recursos del Fondo Indígena (FONDIOC) cuando Arce era ministro de Economía de Evo Morales. La Fiscalía estima que el daño económico supera los 360 millones de bolivianos, aunque señala que hay “casos conexos” que podrían ampliar esa cifra. Arce ha negado toda responsabilidad y calificado las acusaciones de “claramente políticas.”
El fondo más grande de la historia boliviana, sin actualización pública
El fondo de pensiones administrado por la Gestora, con sus más de 29.500 millones de dólares, es el mayor cúmulo de ahorro constituido en la historia económica de Bolivia. Su cartera de inversiones incluye depósitos en el sistema bancario, títulos del Estado y valores del mercado de capitales.
La última actualización pública del informe de diversificación de cartera de la Gestora data del 30 de junio de 2025. Desde entonces, la entidad no ha publicado una actualización. Ni la ASFI —cuyo director proviene, como se señaló, del sector privado regulado— ni el Ministerio de Economía le han exigido que lo haga, según allegados consultados.
El gobierno de Rodrigo Paz lleva más de cien días en funciones. En ese tiempo, ha recibido críticas de sectores políticos afines y opositores por mantener figuras del entorno del expresidente preso al frente de las principales entidades del Estado que administran recursos públicos, pero no ha fijado un plazo para revisar esas designaciones.
El BDP SAM y la red de entidades que Arce dejó en pie
El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM) nació en 2007, cuando el Decreto Supremo 28999 rebautizó a la anterior Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), creada en 1995. Es la banca de desarrollo del Estado boliviano: 85% de propiedad estatal y 15% de la CAF, banco de desarrollo de América Latina. Tiene 43 oficinas en todo el país y administra créditos productivos, fideicomisos públicos y programas de asistencia técnica para el sector agropecuario y la pequeña empresa.
Durante el gobierno de Arce Catacora, el BDP SAM amplió significativamente su rol como canalizador de políticas públicas. Administró el Fideicomiso FIREDIN para la reactivación industrial, el programa SIBOLIVIA con tasas de interés del 0,5% anual, y captó en 2023 la primera emisión de Bonos Verdes de Bolivia, por 102,9 millones de bolivianos, acreditándose además ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. Fue en ese período que Ninette Paz Bernardini presidió el directorio, consolidando su posición como figura central de la banca pública.
Actualmente Paz Bernardini preside el Directorio junto a los demás directores designados durante la administración Arce —Jorge Albarracín Deker, Javier Escalante Villegas, Víctor Ramírez Medina—, según confirma el sitio oficial del BDP SAM al 31 de diciembre de 2025.
El BDP ST —BDP Sociedad de Titularización, hermana del BDP SAM con mayoría estatal y Paz Bernardini en su directorio— es la entidad de la que salió Fernández Quiroga en 2021 tras las observaciones de la ASFI. Hoy Fernández Quiroga dirige la Gestora Pública, que a su vez es supervisada por la APS en coordinación con la ASFI, cuyo director llegó del sector privado regulado.
El gobierno de Rodrigo Paz ha señalado públicamente que la Gestora era una “caja chica” del gobierno anterior y que los ahorros de los trabajadores son “sagrados”.
Preguntas y respuestas: lo que dijo el BDP SAM
Este medio consultó al BDP SAM sobre dos operaciones específicas. A continuación, la transcripción íntegra del intercambio.
El País: El pasado 7 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desembolsó Bs. 197.568.000, monto que el BDP SAM contabilizó como aporte de capital. ¿Cuál la razón de ese aporte si el BDP SAM ha registrado utilidades al menos hasta la gestión 2023, las que utilizó en parte para capitalizarse? ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy el destino de ese último desembolso del 7 de noviembre de 2025?
BDP SAM: Los aportes de capital son un mecanismo común en el sistema financiero, previsto en la Ley de Servicios Financieros para mantener el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) en los rangos previstos por la normativa financiera. En este marco, la capitalización de la gestión 2025 es un hecho previsto en la planificación estratégica 2022–2024 y que viene siendo preparado desde 2024. El objetivo de la misma es mantener el CAP en los límites regulatorios. El fortalecimiento patrimonial del BDP–SAM respalda su rol estratégico como banca de desarrollo y propicia el crecimiento equilibrado de su cartera. El destino de los recursos es el apoyo al sector productivo nacional, fundamentalmente agricultura y manufactura, a través de créditos, asistencia técnica e inteligencia productiva.
El País: En mayo de 2024, el BDP SAM recibió el desembolso de 300 millones de bolivianos del Banco Unión S.A. para el Fideicomiso FIREPRO. ¿Cuáles son los resultados hasta la fecha respecto del cumplimiento de los objetivos de ese Fideicomiso? ¿Cuáles áreas de la economía y la producción nacionales han sido beneficiadas en su “reconstrucción” y cómo miden el logro de objetivos? Agradeceremos nos hagan llegar una copia digital del contrato de Fideicomiso y sus anexos.
BDP SAM: Las condiciones contractuales, así como la información de los fideicomisos están sujetas a cláusulas de reserva y confidencialidad, que facultan exponerla sólo a la ASFI y a las autoridades competentes. Sin embargo, podemos mencionar que el fideicomiso FIREPRO está destinado mayoritariamente a proporcionar créditos al sector microempresarial, sin excluir a PyMES, para el fortalecimiento de las unidades productivas urbanas y rurales del país, en concordancia con los objetivos de desarrollo productivo e inclusión financiera definidos por el Estado. También es necesario mencionar que el BDP-SAM cuenta con sistemas y herramientas especializadas para la medición y seguimiento de los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de su cartera crediticia, incluyendo la identificación y monitoreo de la denominada cartera verde. Estos mecanismos permiten evaluar, entre otros aspectos, el destino sectorial del financiamiento, la recuperación de la capacidad productiva, la generación y sostenibilidad del empleo, así como la contribución a prácticas productivas responsables con el medio ambiente. Respecto a la solicitud de una copia del Contrato, corresponderá que se haga la solicitud a la instancia competente.
Fuente: El País.bo