Para el estudio, que fue elaborado desde agosto de 2025, se organizaron grupos focales y se realizaron entrevistas a 10 personas de diferentes edades, ocupaciones y responsabilidades, entre ellas familiares de menores, mujeres que cuando eran adolescentes fueron forzadas a casarse.
Fuente: ANF
La pobreza y la economía de supervivencia, además de normas sociales, culturales, la violencia y las carencias afectivas son causas identificadas por una investigación realizada en los municipios de Desaguadero, Rurrenabaque y Cobija sobre la persistencia del matrimonio infantil.
El estudio titulado “Matrimonios y/o uniones infantiles forzadas y tempranas en Desaguadero, Rurrenabaque y Cobija”, fue realizado por las investigadoras Aida Fereyra y Adriana Tordoya.
“Hemos identificado que hay un mayor nivel de naturalización de este fenómeno en Cobija y en Rurrenabaque que en Desaguadero, básicamente porque existen menores oportunidades para visibilizar un futuro distinto para las niñas y adolescentes”, afirmó Fereyra este jueves en la presentación del documento.
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La investigación se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Conexión e Ipas Bolivia.
Para el estudio, que fue elaborado desde agosto de 2025, se organizaron grupos focales y se realizaron entrevistas a 10 personas de diferentes edades, ocupaciones y responsabilidades, entre ellas familiares de menores, mujeres que cuando eran adolescentes fueron forzadas a casarse y autoridades campesinas.
El primer aspecto relacionado con los matrimonios entre un adulto y una menor es el factor económico. La pobreza funciona como un mecanismo estructural para camuflar la explotación laboral. A ello se suman la búsqueda de beneficios transaccionales y la falta de oportunidades.
El segundo factor tiene que ver con normas sociales y prácticas culturales en las que persiste la idea de que los padres pueden decidir sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes, además de asociar el inicio de la fertilidad de las mujeres con una “habilitación social” para buscarles pareja.
En ese sentido, Fereyra indicó que se detectó casos en los municipios de Rurrenabaque y Cobija en los que las madres jugaron un rol en el ofrecimiento de las niñas para las uniones, mientras que, en Desaguadero, el padre es quien asume esa determinación.
“El rol de los decisores: mientras en el altiplano la decisión de ‘entregar’ a la hija es predominantemente masculina, en la amazonia las madres juegan un rol activo ofertando o preparando a las niñas, lo que a menudo reproduce los ciclos de violencia que ellas mismas sufren”, señala la investigación.
El tercer componente es la violencia y las carencias afectivas. Es decir, el maltrato físico por parte de familiares induce a que las adolescentes busquen refugio en una persona ajena.
Asimismo, se estableció que la falta de cariño y atención de los progenitores también influye para que las niñas sean más vulnerables a la manipulación de un adulto.
En ese sentido, la investigadora explicó que se identificó un cuarto elemento relacionado con las uniones tempranas y forzadas. En el primer caso, estas son motivadas por embarazos a temprana edad, presión social o el deseo de escapar de un entorno violento.
Entre tanto, las uniones forzadas se producen por decisiones familiares basadas en retribuciones económicas, alianzas de poder o la búsqueda de prestigio, según la investigación.
El estudio también plantea algunas recomendaciones para evitar los matrimonios de menores de edad con adulto, siendo la principal el fortalecimiento del marco normativo y el garantizar su aplicación efectiva.
Fereyra consideró que la Ley 1639, que prohíbe los matrimonios con menores de edad, no garantiza por sí sola la disminución de los casos. Señaló que el Estado debe socializar la norma y sensibilizar a la población sobre por qué esta práctica está considerada un delito.