El proyecto, que tuvo el respaldo del presidente de Diputados, plantea además que los postulantes a Defensor del Pueblo y al Fiscal General sean seleccionados por la Comisión de expertos que elevará ternas para que la Asamblea Legislativa defina.
Fuente: eldeber.com.bo
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Modificar la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que en vez del voto en urnas se haga mediante un referéndum de consulta popular, es la principal propuesta que plantea el legislador Juan Del Granado (Unidad) al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, en un primer proyecto de ley que busca modificar 18 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia.
Se trata del “Proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en materia de justicia”, que entregó el legislador y abogado constitucionalista Del Granado a la Presidencia de Diputados, donde ambos legisladores con un apretón de manos acordaron impulsar esta iniciativa.
¿Y cómo se logrará este cometido? “Estamos planteando la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones”, dijo Del Granado.
Según el proyecto de ley al que tuvo acceso EL DEBER, dicha comisión estará conformada por nueve miembros de la sociedad civil y de reconocida y destacada trayectoria profesional y personal, sin militancia política.
La Asamblea podrá designar a dos miembros, la universidad pública boliviana podrá nombrar a otros dos, así como las organizaciones de la prensa, haciendo un total de seis. El Colegio de Abogados, la Asociación de jueces y el “sistema jurídico indígena originario campesino”, designarán cada uno a un miembro, para llegar a un cuerpo colegiado de nueve.
Esta comisión se encargará de preseleccionar a los postulantes al Órgano Judicial y al TCP, previa “comprobación pública de las idoneidades y la probidad de los postulantes, garantizando el principio de paridad de género y criterios de plurinacionalidad”.
Una vez preseleccionados, se enviará las ternas a la Asamblea Legislativa que deberá elegir a los futuros magistrados del Órgano Judicial y del TCP, titulares y suplentes y posesionarlos en sus cargos.
En los siguientes 15 días, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a Referendo nacional para la ratificación o denegación de cada uno de las y los designados. El Referendo se efectuará dentro de los noventa días siguientes, se lee en el proyecto.
Pero no solo se trata de modificar el proceso de elección de magistrados judiciales, sino también del Defensor del Pueblo y del Fiscal General del Estado, tarea que estará a cargo de esta Comisión que hará el proceso de preselección y enviará ternas a la Asamblea Legislativa, instancia que elegirá a las nuevas autoridades de las listas cerradas que mande dicha Comisión.
Además, se plantea eliminar la Procuraduría General, encargada de la defensa legal del Estado pero que hasta la fecha tiene una deuda millonaria de 444 millones de dólares en arbitrajes de inversión y más de 33 millones de dólares en arbitrajes comerciales.
El procedimiento
El proyecto del diputado Del Granado no es nuevo, es una propuesta que nació hace tres años en la cruzada de los juristas independientes que recolectaron firmas para un referéndum para modificar la CPE. Esta iniciativa tuvo el apoyo de 833 mil firmas y necesitaba al menos 1.5 millones, el 20% del padrón electoral. No se cumplió la meta.
El camino para otra iniciativa para la reforma parcial de la Constitución es presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de modificación parcial a la Constitución Política, a lo que corresponde que el presidente de Diputados defina el procedimiento legislativo.
Al tratarse de un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política no corresponde que una comisión de Diputados o del Senado trate el tema por lo que deberá formarse una comisión mixta – Senado y Diputados. Una vez cumplido este paso, el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, deberá convocar a sesión para tratar el proyecto.
MÁS SOBRE EL TEMA
Presupuesto. El proyecto plantea un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, la creación de los “jueces de paz”, e implementa la carrera judicial para que los juristas más preparados académicamente puedan acceder a ser jueces.
Libros destrozados. Al no lograr la meta establecida, los juristas independientes decidieron destruir los libros con las más de 833 mil firmas porque más de un político interesado se acercó a pedirles prestados esos libros para crear un partido político, relató Juan Del Granado.
Asamblea legislativa. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar reformas parciales a la Constitución Política, pero sin afectar los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía como es el derecho de elegir en voto popular o referéndum de consulta.
Leyes estructurales. De su parte, el Órgano Ejecutivo enviará en estos días a la Asamblea Legislativa al menos cuatro proyectos de ley estructurales, entre ellos están los proyectos de Ley de Hidrocarburos, de Minería, de inversiones, que serán socializados antes de su tratamiento.