Una de las principales banderas de campaña de Rodrigo Paz fue la propuesta del 50/50, que consistía en dividir las recaudaciones que cada departamento aporta al Estado en partes iguales: el 50% para el gobierno central y el 50% para el departamento de origen. Dicha propuesta ha generado interpretaciones diversas en cada región, aún más cuando las elecciones subnacionales la han adoptado como símbolo de avance en la lucha autonómica.
El problema es que el auge del autonomismo data de hace más de veinte años. Pretender que la mera aplicación de estatutos, la invocación de preceptos o la repetición de discursos ya conocidos constituye un avance real es, cuanto menos, una ilusión. La autonomía como idea política ha quedado estancada, y lo que se necesita no es reivindicarla en los mismos términos de siempre, sino actualizarla.
A esto se suma una inconsistencia de fondo: hablar del 50/50 en un Estado que busca evitar el default, que necesita con urgencia recursos para honrar sus deudas, roza lo incoherente. Plantear que el gobierno central ceda la mitad de sus ingresos en un momento de crisis fiscal severa no solo es cuestionable desde el punto de vista técnico, sino políticamente irresponsable.
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Pero más allá de la viabilidad financiera, la percepción de la autonomía no es uniforme a lo largo del país. No es lo mismo el 50/50 para Tarija, que ya ha registrado avances concretos en la administración autónoma de sus recursos, que para Santa Cruz, donde el discurso sigue siendo en gran medida el mismo de hace cincuenta años: chovinista, federalista y desconectado de las complejidades actuales. Esa heterogeneidad de visiones no solo haría difícil la implementación, sino que generaría fricciones y distancias entre los propios departamentos que dicen compartir el proyecto autonómico.
El punto más crítico, sin embargo, es el de la factibilidad. ¿Es posible implementar el 50/50 en menos de cuatro años? La respuesta ya la dio la propia exviceministra de Autonomías: se puede avanzar, pero es un proceso largo. Y no podría ser de otra manera: una descentralización real supone una transformación burocrática, institucional y jurídica que no se mide en meses, sino en años, quizás en décadas.
Finalmente, conviene señalar una trampa conceptual que atraviesa buena parte del discurso autonomista: la tendencia a presentar al Estado central como el único obstáculo al desarrollo regional. Si bien el centralismo ha traído consigo serios problemas estructurales, sería deshonesto ignorar que ciertas políticas estatales —impositivas, de inversión pública, de fomento productivo— han favorecido históricamente a regiones como el oriente boliviano. Cabe entonces preguntarse si departamentos como Santa Cruz están verdaderamente preparados para competir y sostenerse sin esas facilidades que, durante años, el Estado que critican les proporcionó.
La reflexión es inevitable: la autonomía es una idea compleja, que exige estructura, vigencia y aplicabilidad real. No alcanza con discursos que avivan un sentimiento legítimo pero anacrónico. Sin contenido técnico, sin coherencia fiscal y sin una visión actualizada del país, el 50/50 corre el riesgo de quedarse en lo que hasta ahora ha sido: una consigna electoral, no una política de Estado.
Jorge Caro Molina
Abogado