“Respaldamos contundentemente, dando el apoyo moral y material a la marcha indígena – campesina, que partió en días pasados de la población del Porvenir del departamento de Pando, en rechazo y por la abrogación de la ley nº 1720, normativa que afecta las tierras de nuestros compañeros del agro”, señala el instructivo.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) emitió un instructivo en el que ordena a sus sindicatos afiliados en todo el país a sumarse a partir del próximo lunes 27 de abril, a la marcha indígena – campesina que partió desde el municipio de El Porvenir, en Pando, en rechazo a la Ley 1720. La resolución, adoptada en un ampliado nacional minero realizado en Potosí el 21 de abril, califica la norma como favorable a los “grandes gamonales terratenientes” y perjudicial para las tierras de los trabajadores del agro.
El documento instruye con carácter obligatorio a todos los sindicatos afiliados y a las dirigencias mineras de la COB, a designar trabajadores para que se sumen a la movilización, de acuerdo a la proporcionalidad de cada organización. La cita es a las 08:00 de la mañana del lunes, con la indicación de “dar alcance a la marcha” con su respectiva logística.
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“Respaldamos contundentemente, dando el apoyo moral y material a la marcha indígena – campesina, que partió en días pasados de la población del Porvenir del departamento de Pando, en rechazo y por la abrogación de la ley nº 1720, normativa que afecta las tierras de nuestros compañeros del agro”, señala el instructivo.
La FSTMB advierte que las regionales del país deberán comunicar a los sindicatos para garantizar orgánicamente la presencia de los trabajadores del “subsuelo”. Una comisión de organización de la federación estará presente para controlar estrictamente la asistencia y la disciplina sindical.
En paralelo, el Gobierno nacional intenta desactivar el conflicto por la vía institucional. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó horas antes que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1720.
La medida responde directamente a las demandas de la marcha indígena, cuyos dirigentes exigen la anulación de la norma por considerarla atentatoria contra la pequeña propiedad campesina. Paredes explicó que, de no obtener una respuesta pronta, el Gobierno solicitará una medida cautelar para suspender los efectos de la ley.