Organizaciones sociales llevan adelante medidas de presión en ese departamento mientras el Ejecutivo descarta incremento y convoca a diálogo tripartito.

El Gobierno enfrenta una creciente presión social en la antesala del 1 de mayo, con movilizaciones de distintos sectores y una Central Obrera Boliviana (COB) que prepara un cabildo nacional, en medio del rechazo oficial a un nuevo incremento salarial y de los sectores productivos y empresariales.
El conflicto se centra en la política salarial. La COB planteó un incremento del 20% al haber básico y al salario mínimo nacional como parte de su pliego petitorio, una demanda que el Ejecutivo descartó por inviable.
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, fue contundente al fijar la posición oficial. “No es viable, esta discusión no debe ser solamente salarial”, afirmó en los pasados días, al señalar que el país atraviesa un contexto económico que obliga a priorizar la estabilidad laboral.

En la misma línea, el Gobierno abrió la puerta al diálogo tripartito con trabajadores y empresarios. El ministro de Trabajo, Edgar Morales, convocó a una reunión para abordar el tema salarial. “Se va a tratar el incremento salarial y la capacidad de los empresarios”, indicó.
Sin embargo, la respuesta del ente matriz de los trabajadores fue negativa. Dirigentes de la COB consideran insuficiente la postura del Ejecutivo y reclaman que la respuesta haya sido de rechazo en varios puntos de su pliego petitorio. “La respuesta del Gobierno es negativa en muchos puntos”, cuestionó el dirigente Rodolfo Ayala.
El malestar sindical se produce en un contexto de movilización creciente. Según reportes periodísticos, al menos cinco sectores, entre ellos, transportistas, maestros urbanos, indígenas y mineros, activaron protestas en el departamento de La Paz, con bloqueos y marchas en demanda de soluciones económicas.

El transporte pesado, por ejemplo, realizará un ampliado esta jornada en el que determinará medidas de presión por la escasez de combustibles, mientras otros sectores reclaman atención a demandas estructurales, lo que configura un escenario de conflictividad multisectorial.
En este contexto, el cabildo convocado por la COB para el 1 de mayo en El Alto será el escenario en el que se definan nuevas medidas frente a las políticas del Gobierno y se ratifique la demanda salarial. ‘El cabildo va a definir acciones’, anticipó el ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Mario Argollo, al señalar que el objetivo es articular a los distintos sectores en torno a una agenda común.
Desde el sector empresarial surgieron críticas al pedido sindical. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó la demanda de incremento del 20% al salario básico en Bolivia, planteada por la COB; además, advierte que cualquier intento de imponer este ajuste contraviene la normativa vigente. La entidad empresarial sostiene que la petición es ‘incongruente e inaceptable’.
La marcha contra la Ley 1720 rumbo a La Paz. Foto: RRSSRepresentantes de micro y pequeñas empresas advirtieron que un nuevo incremento salarial podría agravar la situación económica. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) expresó su rechazo al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB), que plantea un incremento salarial del 20%.
El presidente de la entidad, Edwin Fernández, señaló que un nuevo ajuste de la magnitud solicitada por la COB resultaría insostenible para las micro y pequeñas empresas, generando cierres masivos y pérdida de empleos. El representante de ese sector recordó que el sector ya asumió un esfuerzo significativo al aceptar el aumento que elevó el salario mínimo de Bs 2.700 a Bs 3.300, sin procesos de negociación previos.
Asimismo, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y actual director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, señaló que la propuesta no es viable en el contexto económico actual y que su aplicación podría derivar en el cierre de empresas y una mayor informalidad. “Hablar de un incremento del 20% es irresponsable y atentatorio contra los sectores que dicen defender”, afirmó.

El escenario se vuelve más complejo debido a que el Gobierno ya dispuso ese incremento del 20% al salario mínimo nacional a inicios de 2026, lo que, según su postura, limita la posibilidad de nuevos ajustes en el corto plazo. El está inmerso en un escenario de protestas, en el que el cabildo del 1 de mayo se perfila como un punto de inflexión para definir el rumbo del conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.