Desde la Cámara Forestal se declararon en emergencia al advertir que la norma pone en riesgo la estabilidad jurídica del país, mientras que la Caneb señala que se genera un precedente peligroso para el ordenamiento territorial.
Foto referencial
Fuente: Unitel
Desde el sector privado pidieron al Gobierno la anulación del Decreto Supremo 5613 al considerar que la norma afecta a la seguridad jurídica, según lo advertido por instancias como la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), que ya emitió una declaratoria de emergencia ante este escenario.
El decreto -publicado en la Gaceta Oficial del Estado- instruye a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) revisar las concesiones forestales -maderables y no maderables- para verificar su vigencia y si han sido utilizadas de acuerdo al Plan de Uso de Suelo (PLUS), así como la documentación legal y si hay posición territorial o permanencia de comunidades campesinas e indígenas con solicitud de dotación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Asimismo, la norma señala que el informe emitido por la ABT, permitirá revertir concesiones para que el Estado, posteriormente pueda convertirlas en tierras fiscales disponibles y seguir el procedimiento de dotación en favor de comunidades campesinas e indígenas de acuerdo a la normativa vigente.
Para la CFB, este ámbito “es un reconocimiento a ocupaciones de hecho sobre áreas bajo derecho forestal, lo cual sienta un precedente funesto para el ordenamiento territorial y el respeto al Estado de Derecho”.
“Esta norma genera serios riesgos para la paz social y la estabilidad jurídica del país, al establecer la posibilidad de reversión de derechos forestales, para favorecer a un minúsculo grupo que solo tiene intereses políticos y económicos, afectando derechos previamente otorgados que trabajan en la conservación de los bosques”, reza un comunicado difundido por la CFB.
De esta manera, exhorta al Gobierno a reconsiderar la norma y abrir un diálogo nacional técnico e institucional que garantice seguridad jurídica, desarrollo y sostenibilidad ambiental, con miras a una política de Estado post-saneamiento.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Barriga, coincidió en las observaciones y resaltó la necesidad de consolidar una etapa post-saneamiento basada en reglas claras y estabilidad jurídica, “no retroceder hacia esquemas que premian la informalidad y la ocupación ilegal”.
“La posibilidad de revertir derechos forestales y legitimar ocupaciones de hecho genera un precedente extremadamente peligroso para el ordenamiento territorial y para el respeto al Estado de derecho”, señaló, al advertir además que se afecta la confianza de inversión y se incentivan cambios de uso de suelo incompatibles con la normativa vigente.