En momentos de conflictos sociales para el país, generados por la Central Obrera Boliviana (COB), movimientos afines al partido de gobierno del MAS derrotados en las elecciones generales de 2025 y en las subnacionales de 2026, y por quienes viven con sueldo y prebendas impulsando la bandera del caos y la irracionalidad, la judicatura boliviana ha sido golpeada en forma cobarde por sicarios del narcotráfico el jueves por la noche.
La cultura de la intransigencia que desprecia toda oportunidad de diálogo y debate abierto en la solución de conflictos que interesan a todos, no aporta en la combinación de herramientas y mecanismos legales que reporten progreso y desarrollo; por el contrario, sus artífices son identificados como “élite que matan la economía” y subsidian los ingresos magros de los educadores del país que financian directa o indirectamente los bloqueos y paros indefinidos.
El paro indefinido movilizado y otras medidas insustentables adoptadas en el Cabildo de El Alto el 1 de mayo, con una milésima parte de concurrencia, que no expresa del sentimiento de la mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las mayorías de los Consejeros y Concejales municipales de los 9 departamentos del país y 314 municipios, elegidos por más de siete millones de electores, los que tomarán juramento y posesión el lunes 4 de mayo, en su onda expansiva de un clima de inseguridad ciudadana, aterrorizada por advertencias de desestabilización del gobierno, ya ha cobrado a la primera víctima del colapso social, con la agravante de que los proyectiles segaron la vida de un Magistrado elegido democráticamente por el pueblo el 15 de diciembre de 2024.
El escenario de inseguridad se inflama con paros y bloqueos, y la escala de tensión con consecuencias irreparable en la economía del Estado, no puede quedar impune de responsabilidad si se sabe por el Discurso del presidente Rodrigo Paz, que la dirigencia política de la COB gana quince veces más que el salario mínimo nacional. Pero esta impunidad conmueve más, cuando sicarios del narcotráfico disparan a quema ropa al magistrado del Tribunal Agroambiental.
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El asesinato del Decano del Tribunal Agrario Nacional, Víctor Hugo Claure Hinojoza, atribuido a las mafias del narcotráfico, sucedió alrededor de la media noche del jueves 30 de abril, cuando el magistrado en compañía de una dama circulaba en un vehículo por la Avenida Busch, Barrio Costanera cerca del cuarto anillo, lugar en que según reporte de la policía y la fiscalía fue interceptado por sujetos en motocicleta que le gatillaron varios disparos de los cuales 4 impactaron en su cuerpo, con el consiguiente deceso lamentable por Shock hipovolémico.
El gobierno deberá extremar los mecanismos legales, policiales e inclusive con efectivos militares, para brindar seguridad no sólo a magistrados y jueces, sino para todas las personas que habitan y le aportan con su trabajo digno al país. No es posible, que Santa Cruz siga siendo desatendida y sometida a niveles de inseguridad, donde carteles de la droga y sicarios de seguridad de carteles internacionales de la droga continúen sistemáticamente con ejecuciones extrajudiciales, por ajustes de cuentas, disputas de poder y el desafío de abatir a la justicia boliviana.
La comisión de fiscales y policías de Santa Cruz, deberán investigar con prolijidad y prontitud el hecho vil y cobarde de los sicarios del asesinato del Magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, para dar con los autores, cómplices y encubridores y, a su vez, conocer los móviles del hecho criminoso, repudiado por el foro de abogados y la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de los Órganos judiciales de Bolivia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, expresó su condolencia a la familia del Magistrado, dejando sentada su profunda preocupación, al señalar que no se puede vivir en un país donde no existe seguridad, porque el sicariato acribilla sin piedad al Magistrado Decano, Víctor Hugo Claure. Pidió al Gobierno que se generen niveles de seguridad a todos los magistrados y jueces del país. La seguridad debe propugnarse con un sentido de garantías, que implique no sólo la independencia y condiciones en el desempeño de las funciones jurisdiccionales, sino que esa vida de vocación sea digna de respeto a la integridad humana, familia y entorno social.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha afirmado que tan pronto conoció el hecho delictivo, ha pedido a la policía que otorguen seguridad a los 13 magistrados que se encuentran en Santa Cruz, medida de estado inmediata que no interfiere el proceso investigativo que lleva adelante el ministerio público.
En cuanto a las medidas de seguridad y debido a la responsabilidad institucional que tiene el juez o magistrado en la sociedad, se plantea que los jueces del país cuenten con seguro de vida, donde es complejo cada vez compaginar los intereses de determinados grupos de poder en la sociedad, incluso ante los poderes de facto de orden económico y, fundamentalmente, ante los poderes del narcotráfico, cuando sienten el soplo en la nuca de la justicia y la ejecución de sus fallos, aunque con relación a este último elemento a vista y tolerancia de policías, fiscales, jueces y magistrados, la inejecución del mandamiento de aprehensión mantiene en impunidad al gobernante que se refugia en Lauca Ñ, probablemente, con derecho a veto contra la justicia del país.
El Papa Benedicto XVI dijo: “No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en toda la tierra”.
Pedro Gareca Perales