Esta actividad se realiza a gran escala con maquinaria moderna y tecnología avanzada, lo que dificulta su combate con los recursos actuales, advirtió el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria
Fuente: ANF / La Paz
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su director Jaime Sanabria, planteó la necesidad de crear una Fuerza Especial de Lucha Contra la Minería Ilegal, al igual que las hay contra el crimen, la violencia, o el narcotráfico, debido a la creciente complejidad y peligrosidad del ilícito en el país, que ha trascendido de ser un problema administrativo y ambiental a una amenaza estructural vinculada con el narcotráfico, contrabando de minerales, tráfico de armas y corrupción.
La sugerencia se hizo en el foro internacional “Minería Ilegal, Violencia y Crimen Organizado”, realizado en La Paz. Sanabria enfatizó que esta actividad se realiza a gran escala con maquinaria moderna y tecnología avanzada, lo que dificulta su combate con los recursos actuales.
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“Es un problema bastante grande comparado con el tema del narcotráfico. Por eso urge adoptar políticas públicas como la creación de una Fuerza Especial de Lucha Contra la Minería Ilegal, un grupo élite especializado, con fiscales especializados, con gente especializada, con todos los medios tecnológicos para enfrentarla de manera efectiva”, afirmó Sanabria.
Según los datos de la AJAM, los operativos actuales, aunque lograron destruir campamentos e infraestructura por un valor aproximado de $us 20 millones en los últimos meses, son insuficientes. La falta de una investigación penal especializada, con jueces y fiscales dedicados exclusivamente a este tipo de delitos, retrasa los procesos y reduce las sentencias.
Sanabria indicó que, además, la minería ilegal genera una evasión masiva de regalías e impuestos, inyecta dinero ilícito en la economía formal y crea una competencia desleal para los mineros legales.
La propuesta de la AJAM busca contrarrestar la delincuencia institucional y la limitación de la presencia estatal en vastas extensiones del territorio nacional, donde grupos armados han repelido incluso a fuerzas militares y policiales.
El planteamiento de la AJAM es parte de un enfoque integral para abordar la problemática, basado en tres pilares: seguridad, eficacia económica y gobernabilidad.
Entre otras propuestas está la de fortalecer el Estado mediante el uso de tecnología de monitoreo satelital y drones, ya que el sistema actual es obsoleto y precario. Además, está la implementación de un sistema interinstitucional articulado para la trazabilidad de los minerales.
También se planteó el uso de inteligencia financiera para combatir la legitimación de ganancias ilícitas, la desburocratización y digitalización de trámites, ya que, según reportes de la AJAM, la Ley de Minería 535 es un obstáculo, con procesos que tardan hasta 10 años para obtener un derecho minero.
“Se están implementando soluciones como notificaciones electrónicas y nuevos reglamentos para agilizar los procesos”, refirió Sanabria.
Subrayó que la minería es la única alternativa para el desarrollo económico del país en el futuro próximo, y que “con una política adecuada”, el Producto Interno Bruto (PIB) minero podría alcanzar los $us 40.000 o 50.000 millones anuales. Sin embargo, dijo, para lograr este potencial, es imperativo desarticular las redes criminales y ejercer un control estatal efectivo sobre los recursos minerales.