Entre las principales conclusiones asumidas por el sector cañero, destaca el respaldo «pleno y contundente» a la vigencia de la Ley 1720, además de una convocatoria a las nuevas autoridades electas del departamento de Santa Cruz.
La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) expresó este sábado su preocupación y estado de alerta luego de que la Cámara de Diputados aprobó en sus dos estaciones el proyecto de ley de abrogación de la Ley 1720, normativa que permite la conversión de la pequeña a mediana propiedad y que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Senadores.
A través de un pronunciamiento público, la organización cañera afirmó que la Ley 1720 constituye una herramienta clave para garantizar seguridad jurídica, acceso al financiamiento, estabilidad productiva y protección al sector agroproductivo nacional, por lo que advirtió que su eliminación podría generar incertidumbre y afectar directamente a miles de productores del país.
«El productor boliviano no pide privilegios; exige condiciones justas, respeto y garantías para seguir produciendo y aportando al crecimiento del país», señala parte central del pronunciamiento difundido por Concabol.
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Entre las principales conclusiones asumidas por el sector cañero, destaca el respaldo «pleno y contundente» a la vigencia de la Ley 1720, además de una convocatoria a las nuevas autoridades electas del departamento de Santa Cruz y a los municipios a defender la normativa.
Asimismo, la organización exigió a las autoridades nacionales actuar con responsabilidad y garantizar seguridad jurídica para continuar impulsando la producción y el desarrollo económico del país.
Concabol también ratificó su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras organizaciones productivas en defensa del sector agropecuario boliviano y manifestó su estado de alerta y vigilancia ante cualquier medida que, a su criterio, atente contra la estabilidad y el futuro de los productores nacionales.
En el documento, el sector además expresó su rechazo a legisladores que impulsen medidas «en contra del desarrollo del sector productivo».
La aprobación del proyecto de abrogación se produjo tras una extensa sesión en la Cámara de Diputados. La presidenta en ejercicio de esa instancia, Daniela Cabrera, informó que la iniciativa será remitida al Senado para su revisión constitucional.