El ministro Óscar Mario Justiniano aseguró que la norma aún no está en vigencia y defendió el “espíritu” de la ley. El Ejecutivo apuesta por el diálogo con regiones, indígenas, campesinos y productores para redefinir el rumbo de la norma.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano. Foto: El Deber
Fuente: El Deber
La polémica por la Ley 1720 sobre tierras abrió un nuevo frente político y productivo en Bolivia. Mientras sectores campesinos e indígenas exigen su abrogación mediante movilizaciones y bloqueos, organizaciones agropecuarias defienden la vigencia de la norma y advierten con futuras medidas de presión.
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En medio de esa tensión, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que el Gobierno apuesta por el diálogo y descartó una imposición desde el nivel central.
“El espíritu de la ley es darle libertad al pequeño productor para decidir si quiere seguir siendo pequeño o crecer”, sostuvo la autoridad en una entrevista concedida a EL DEBER.
El ministro insistió en que la discusión no debe reducirse únicamente al contenido de la Ley 1720, sino a un debate más amplio sobre la administración de tierras y las competencias regionales en el país.
Gobierno dice que la ley aún no está en vigencia
Justiniano aclaró que la norma todavía no cuenta con reglamentación y, por tanto, “no está en vigencia”. Además, recordó que el proyecto no nació en el Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa.
“Esta ley nace del Senado, pasa posteriormente por Diputados y llega al presidente para su promulgación”, explicó.
Según el ministro, el proyecto permaneció archivado desde 2018 y fue elaborado en un contexto político completamente distinto al actual, marcado entonces por la hegemonía del MAS.
“Ya no estamos en la época del MAS de 2018, donde existían partidos únicos y hegemónicos que imponían decisiones desde el nivel central”, afirmó.
Debate regional y presión de sectores
El Gobierno considera que la solución pasa por profundizar la participación de las regiones y activar mecanismos departamentales como las Comisiones Agrarias Departamentales y los Planes de Uso del Suelo (PLUS).
Justiniano sostuvo que producir en departamentos como La Paz, Oruro o Potosí es muy diferente a producir en Santa Cruz, Beni o Tarija, por lo que las políticas sobre tierra deben responder a realidades regionales distintas.
“La complejidad del país pasa necesariamente por diálogos y consensos desde las regiones”, remarcó.
El ministro también confirmó que la norma fue remitida a la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, donde se evaluará si corresponde modificarla, perfeccionarla o incluso tomar otro rumbo legislativo.
Mientras tanto, algunos sectores campesinos e indígenas mantienen protestas y bloqueos en rechazo a la ley, argumentando riesgos sobre territorios comunitarios y derechos colectivos. En contrapartida, organizaciones agropecuarias del oriente consideran que la norma otorga mayor libertad para el desarrollo productivo y anunciaron reuniones de emergencia para la próxima semana.
El trasfondo político de la Ley 1720
La controversia también expone el nuevo equilibrio político que vive el país tras las elecciones subnacionales y nacionales. El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira intenta articular una descentralización y construcción de consensos con gobernaciones y alcaldías de distintas corrientes políticas.
En ese contexto, Justiniano aseguró que el Ejecutivo busca “trabajar con todos los gobernadores y alcaldes” y abrir espacios de concertación para evitar decisiones unilaterales sobre tierra y producción.
“El mensaje que dio Bolivia es claro: ya no existen partidos hegemónicos y las decisiones tienen que construirse desde las regiones”, enfatizó.
La Ley 1720 se ha convertido así en el primer gran conflicto político y territorial que enfrenta el Gobierno en sus primeros meses de gestión, con impactos directos sobre el sector agropecuario, la gobernabilidad regional y el debate sobre autonomía y propiedad de la tierra.