El gobierno del presidente Rodrigo Paz ve que detrás de los bloqueos y protestas están los intereses del expresidente Evo Morales y del narcotráfico
eju.tv /Video:BoliviaTv
A 10 días del bloqueo y las protestas que golpean a La Paz, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunció que la movilización tiene financiamiento del narcotráfico y busca únicamente desestabilizar la democracia; pero la actual administración —afirmó— no cederá en la defensa de la democracia y no descarta un estado de excepción.
La posición la hizo conocer el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, quien aseguró que “fuerzas oscuras” pretenden desestabilizar la democracia y advirtió que quienes conspiran contra el orden legalmente establecido y pacten con el narcotráfico deberán asumir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos.
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“El Gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que va a hacer el Gobierno boliviano es, justamente, usar esas prerrogativas cuando sean pertinentes para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos. De tomarse ese tipo de medidas, serán anunciadas oportunamente por el presidente”, afirmó al ser consultado sobre el estado de excepción.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari cumplen un prolongado bloqueo que golpea a La Paz y El Alto. A 10 días de la medida de presión, hay desabastecimiento de alimentos y riesgo de escasez de medicamentos, oxígeno medicinal y combustible.
La dirigencia, entre ellos Mario Argollo, descartó cualquier diálogo con el Gobierno y acordó ir por la renuncia de Paz, quien llegó hace seis meses al poder. En una conferencia de prensa, Argollo se decantó por insistir en la dimisión del presidente por —según dijo— no haber atendido en este tiempo las demandas sociales.
“Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar, no va a triunfar. Los bolivianos tienen que saber que nuestra lucha es contra esos poderes, principados y potestades del mal, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, afirmó.
Desde el Gobierno se apunta al expresidente Morales, quien desde el Chapare, en varias oportunidades, respaldó los bloqueos que asfixian a los habitantes de El Alto y La Paz. Gálvez aseguró que los dirigentes de las protestas sociales son “funcionales a los intereses políticos de Evo Morales”, que cuenta con un fuerte financiamiento.
“El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira es la garantía que tenemos de un régimen democrático y va a ejercer todas sus prerrogativas constitucionales para garantizar que el narcotráfico no tome por la fuerza el país; no vamos a ceder en esta lucha porque estamos del lado correcto de la historia. Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que, en alianza con el narcotráfico, quieren tomar por la fuerza el poder”, insistió.
No cerró las puertas al diálogo, pero para negociar demandas legítimas. Gálvez reiteró la convocatoria a un diálogo nacional para construir el nuevo Estado y advirtió que quienes actúan al margen de la ley deberán asumir las consecuencias.
