“Se agota el tiempo”. La frase pronunciada por el presidente refleja la gravedad del momento que vive Bolivia.
Los bloqueos impulsados por sectores sindicales y organizaciones campesinas han dejado de ser una simple medida de presión. Hoy constituyen una amenaza real para millones de ciudadanos que viven en las ciudades capitales y en El Alto. Más del 70 % de la población boliviana habita en áreas urbanas y depende diariamente del abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y servicios básicos.
Los bloqueos están asfixiando la economía, paralizando las exportaciones y conduciendo a una situación crítica a miles de empresarios y trabajadores por cuenta propia, quienes ven colapsar sus emprendimientos ante la insensatez y la radicalidad de quienes promueven estas medidas. Resulta inaceptable que dirigentes movidos por intereses políticos mantengan en vilo a todo el país.
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La estrategia del diálogo parece haber llegado a un punto muerto. No existe diálogo posible cuando una de las partes rechaza siquiera la posibilidad de asistir a una convocatoria. Contrariamente a toda lógica de negociación y búsqueda de soluciones, los sectores movilizados han decidido radicalizar sus medidas y condicionar cualquier salida a la renuncia del presidente.
Sin embargo, corresponde preguntarse: ¿qué ocurriría si el presidente renunciara?
La Constitución Política del Estado es clara. Conforme al artículo 169, el vicepresidente asumiría la Presidencia y concluiría el mandato constitucional. Es decir, la renuncia presidencial no resolvería automáticamente la crisis ni significaría una renovación inmediata del poder político. Por el contrario, dadas las particularidades atribuidas al capitán Lara, podría abrirse una etapa de mayor incertidumbre institucional en un momento de extrema fragilidad económica y social.
La consigna de la renuncia presidencial responde a una estrategia impulsada por sectores que se resisten a perder privilegios acumulados durante dos décadas. Su principal referente es Evo Morales y el beneficiario directo, el vicepresidente Lara. Pensar que este último es ajeno a esta dinámica sería, cuando menos, una ingenuidad.
Frente a este escenario, el Estado tiene la obligación de preservar el orden público, garantizar la libre circulación y proteger los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos que hoy se encuentran afectados por los bloqueos.
La disyuntiva no debería plantearse entre la inacción y la violencia. Existe una tercera alternativa: la aplicación firme de la ley. Si existen dirigentes que organizan acciones destinadas a paralizar el país, impedir el abastecimiento de alimentos, restringir la libre circulación y generar daños económicos masivos, corresponde identificar responsabilidades individuales y someterlas al debido proceso ante la justicia.
Bolivia no puede permanecer indefinidamente sitiada. Ninguna democracia puede aceptar que millones de ciudadanos queden rehenes de decisiones adoptadas por grupos que pretenden imponer objetivos políticos mediante el bloqueo prolongado de carreteras y el aislamiento de las ciudades.
El tiempo, efectivamente, se agota. Y con él también se agota la paciencia de una ciudadanía que exige volver a la normalidad, recuperar el abastecimiento y preservar la estabilidad democrática.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.