En un comunicado, expresó su preocupación porque, pese a contar con facultades legales para actuar, el Gobierno aún no impide que grupos reducidos continúen dañando al país.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó este martes que, pese a las «consecuencias devastadoras» que generan los bloqueos para los sectores productivos, las regiones, la población y los propios recursos del Estado, el Gobierno nacional aún no aplicó las medidas que le faculta la ley para poner fin a estas protestas, que en esta jornada cumplen 47 días.
Mediante un comunicado, la organización empresarial expresó su preocupación porque, a pesar de contar con los instrumentos jurídicos, la legitimidad, el respaldo ciudadano y la capacidad operativa para actuar, el Ejecutivo no haya impedido que «grupos reducidos» continúen provocando un profundo daño al país.
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«La continuidad de estas medidas está ocasionando graves perjuicios no solo a los sectores económicos y a las distintas regiones, sino también a las finanzas estatales», señala la CEPB, al advertir que los bloqueos siguen afectando el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales.
En ese contexto, la entidad reiteró su pedido para que el Gobierno diseñe con celeridad un Plan de Emergencia Económica elaborado de manera integral y participativa, que atienda las necesidades de todos los sectores y regiones sin exclusiones, incorpore la participación activa del sector privado y contemple la estabilidad fiscal y financiera como base para una recuperación sostenible.
La CEPB también valoró la decisión de algunos sectores sociales de suspender los bloqueos y optar por el diálogo y el consenso para canalizar sus demandas, aunque lamentó que otros dirigentes hayan decidido mantener y profundizar los cortes de carretera.
La posición empresarial se conoce en una jornada en la que Bolivia registra 47 días de conflictos y mantiene 50 puntos de bloqueo en carreteras de cinco departamentos, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Las medidas de presión son impulsadas por sectores campesinos y afines a la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
