Normativa. Durante la socialización del proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobernador de Santa Cruz propuso incorporar un capítulo específico para las Entidades Territoriales Autónomas y establecer un mecanismo de distribución equitativa de los recursos que genere el mercado de carbono.
Fuente: Prensa Gobernación de Santa Cruz
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, participó este martes en la socialización del Proyecto de Ley de Regulación del Mercado de Créditos de Carbono, desarrollada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde presentó observaciones y propuestas técnicas orientadas a fortalecer la norma y garantizar que las regiones participen activamente en la administración y los beneficios que genere este nuevo mercado.
Durante su intervención, Velasco destacó que la futura ley representa una oportunidad histórica para Bolivia, al abrir la posibilidad de generar ingresos mediante la conservación de los bosques y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
«No es una ley más. Es una ley muy importante que puede marcar el inicio de una nueva etapa para el futuro económico del país. Es aquí donde se decide quién se sienta en la mesa del mundo cuando empiecen a pagarse los créditos de carbono, y Bolivia tiene que estar en esa mesa», afirmó.
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El gobernador recordó que Santa Cruz cuenta con alrededor de 15 millones de hectáreas de áreas protegidas, un patrimonio ambiental que, con una normativa adecuada, puede convertirse en una fuente sostenible de desarrollo económico sin recurrir al extractivismo ni a la explotación de recursos naturales no renovables.
Mayor participación de las gobernaciones
Velasco explicó que, tras revisar el proyecto junto a los equipos técnicos de la Gobernación, se identificaron aspectos que pueden fortalecerse para consolidar el rol de las Entidades Territoriales Autónomas dentro del sistema nacional de créditos de carbono.
En ese sentido, propuso que la ley reconozca expresamente las funciones de las gobernaciones en la coordinación territorial, el monitoreo, la certificación, la asistencia técnica y la implementación de proyectos jurisdiccionales, además de permitir el desarrollo de sistemas departamentales interoperables con la plataforma nacional.
«En la ley se reconoce que los departamentos somos actores del sistema, pero el reconocimiento no basta. Es necesario definir cómo participamos, cuáles son nuestras funciones y qué instrumentos tendremos para cumplirlas», señaló.
Un mecanismo justo para distribuir los beneficios
Uno de los principales planteamientos del gobernador fue la incorporación de un capítulo específico dedicado a las Entidades Territoriales Autónomas, que establezca reglas claras para la distribución de los beneficios económicos generados por los créditos de carbono.
Velasco aclaró que la propuesta no busca fijar porcentajes rígidos, sino crear un mecanismo técnico, transparente y flexible que permita distribuir los recursos de acuerdo con los aportes de cada departamento, municipio y pueblo indígena en la conservación y certificación de los bosques.
«Necesitamos saber quién recibe, cuánto recibe, cuándo recibe y bajo qué criterios. La distribución debe ser justa, técnica y consensuada», manifestó.
Asimismo, consideró que el nuevo mercado de carbono puede convertirse en una alternativa para fortalecer las finanzas de las gobernaciones, en un contexto en el que los ingresos tradicionales son cada vez más limitados.
En la parte final de su intervención, Velasco advirtió que Bolivia no debe repetir la experiencia del litio, cuya oportunidad de desarrollo no fue plenamente aprovechada.
«Así como el tren del litio se nos escapó, el tren de los créditos de carbono también puede pasar de largo si no actuamos a tiempo. Cada mes que pasa sin esta ley, perdemos los departamentos, pierden las comunidades indígenas y pierde Bolivia», afirmó.
Finalmente, ratificó la disposición de la Gobernación de Santa Cruz para trabajar de manera coordinada con la Asamblea Legislativa, el Gobierno nacional y las demás entidades involucradas en la construcción de una norma que permita aprovechar responsablemente el potencial ambiental del país y convertir la protección de los bosques en una fuente permanente de desarrollo para todos los bolivianos.
