El funcionario es acusado de realizar presuntos cobros irregulares a nombre de otra funcionaria. La FELCC investiga el caso y no descarta la existencia de otras posibles víctimas.
eju.tv / Video: F 10
Un funcionario público del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto fue aprehendido en las úlitmas horas por un presunto caso de cobros irregulares, luego de ser denunciado por supuestamente solicitar dinero a nombre de otra funcionaria municipal, informó este viernes el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, Jorge Sologuren.
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«El funcionario público aprehendido fue denunciado por realizar cobros irregulares a nombre de otra funcionaria de la Alcaldía de El Alto. Le habría pedido la suma de Bs 1.000 para que pudiera ser recontratada. No se descarta que existan otras personas implicadas en el caso», indicó la autoridad policial.
El investigado fue trasladado a dependencias policiales y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.
Consultado sobre los presuntos cobros irregulares que se le atribuyen, el funcionario respondió brevemente: «No, no es así», negando los señalamientos en su contra.
Sologuren explicó que la investigación continúa y que no se descarta que existan otras personas afectadas por este tipo de cobros. La Felcc solicitó que se realicen las pericias correspondientes al dispositivo móvil del funcionario, con el objetivo de establecer si existen conversaciones u otros elementos que permitan identificar a posibles víctimas y determinar si hubo más cobros.
«Estamos pidiendo también el estudio respectivo y las pericias del dispositivo móvil para determinar si existen otras víctimas», señaló la autoridad policial.
De manera paralela, las instancias municipales de Transparencia avanzan con la verificación de las denuncias, entre ellas la presunta solicitud de dinero a cambio de una recontratación y la supuesta utilización del nombre de una autoridad municipal.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Hasta que exista una resolución judicial, el funcionario mantiene su presunción de inocencia.
