El comandante de la Policía declarará como sindicado por la denuncia del vicepresidente Edmand Lara y horas después enfrentará, junto al ministro de Gobierno, una acción popular por seguridad ciudadana. La jornada coincide con el retorno del bloqueo en la ruta Santa Cruz-Beni y nuevas amenazas de movilización contra el Decreto 5676.
El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol. Foto: Unitel
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, afrontará este viernes dos actuaciones judiciales en una misma jornada, en momentos en que el Gobierno enfrenta una nueva escalada de conflictividad social, con bloqueos que desafían el estado de excepción vigente y amenazas de nuevas medidas de presión en distintas regiones del país.
Sokol deberá presentarse a las 12:00 ante la Fiscalía de La Paz, en calidad de sindicado, dentro de la investigación abierta a partir de la denuncia presentada por el vicepresidente ara. Cuatro horas después, a las 16:15, deberá comparecer junto al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto por una acción popular relacionada con la seguridad ciudadana.
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Son dos procesos distintos y de naturaleza diferente, pero ambos colocan al principal mando policial bajo presión judicial en una jornada marcada además por un escenario de tensión en las calles.
Sobre la denuncia de Lara, la citación fiscal establece que Sokol debe prestar declaración informativa policial como sindicado dentro de una investigación por concusión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo, omisión de denuncia, encubrimiento, apología pública de un delito y enriquecimiento ilícito.
El proceso se originó en la denuncia presentada por Lara después de la difusión de un audio atribuido al comandante, en el que se hace referencia a una presunta recaudación de $us 2 millones relacionada con ascensos y la designación del mando policial.
Sokol reconoció que la grabación es auténtica, aunque sostuvo que fue difundida fuera de contexto. La investigación deberá establecer si existen elementos que permitan atribuirle responsabilidad penal por los hechos denunciados. Lara, entretanto, ha insistido en que deben esclarecerse las presuntas irregularidades y ha cuestionado la permanencia del comandante mientras se desarrolla el proceso.
La segunda actuación tendrá lugar en la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que admitió una acción popular contra Sokol y Oviedo. El recurso cuestiona la actuación de ambas autoridades en materia de seguridad ciudadana y plantea que pongan sus cargos a disposición. La audiencia pública fue convocada para las 16:15 de este viernes.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y el comandante general de la Policía, Mirko Sokol. Foto: Unitel
Sin embargo, la admisión de la acción popular no significa que la Sala haya dispuesto la salida de ninguna de las dos autoridades. Será en la audiencia cuando se escuchen los argumentos de las partes y se determine si corresponde alguna medida.
El contexto: bloqueos y estado de excepción
La jornada judicial coincide con un escenario particularmente delicado para el Gobierno. El bloqueo instalado en el puente San Pablo, sobre la carretera Santa Cruz-Beni, fue retomado este viernes después de que un operativo policial y militar lograra despejar temporalmente la vía. Los productores exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676, que estableció un precio inicial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores.
La medida se mantiene pese a la vigencia del estado de excepción. El conflicto ya dejó enfrentamientos, heridos y aprehendidos durante el operativo de desbloqueo del jueves. La tensión no se limita al Beni. En Yapacaní, Santa Cruz, continúa latente la amenaza de reactivar el bloqueo después de que los productores dieran un plazo al Gobierno para responder a su demanda de abrogación del decreto.
El Gobierno ha sostenido que el estado de excepción no elimina el derecho a la protesta pacífica, pero sí impide acciones que bloqueen carreteras, afecten el libre tránsito o comprometan infraestructura crítica. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, resumió esa posición en una frase: “Protesta pacífica sí, bloqueos no, diálogo siempre”.
Una jornada que pone a prueba al mando policial
El escenario coloca a Sokol y Oviedo frente a dos tipos de exigencia simultáneas. Por un lado, deben responder ante instancias judiciales por procesos que cuestionan su actuación o su eventual responsabilidad en distintos hechos. Por otro, tienen bajo su responsabilidad la respuesta estatal frente a una conflictividad que vuelve a afectar las carreteras y que, en el caso del Beni, se desarrolla mientras está vigente un régimen excepcional que el Gobierno está obligado a hacer cumplir.
En este contexto, la actuación de la Policía adquiere una importancia particular. El Ejecutivo debe garantizar el derecho a la protesta dentro de los límites establecidos por la ley, pero también preservar el libre tránsito y evitar que los conflictos sociales deriven en nuevos enfrentamientos.
Así, Sokol llega a este viernes con una declaración fiscal pendiente y una audiencia constitucional el mismo día, mientras el Gobierno enfrenta una nueva prueba en las calles por la aplicación del estado de excepción y la respuesta a las movilizaciones contra el Decreto 5676.
