“Es imposible avanzar en una reactivación económica bajo estas condiciones», advirtió el empresariado
eju.tv /Video:DTV
Sectores productivos, empresariales, industriales, cívicos y del transporte de Cochabamba se unieron en un pronunciamiento conjunto que da al Gobierno del presidente Rodrigo Paz un plazo de cinco días para responder a un pliego de cinco demandas, entre las cuales figura la modificación del Decreto Supremo 5676, que incrementa el precio del diésel para grandes consumidores.
El pliego exige modificar el Decreto Supremo 5676; garantizar el abastecimiento de combustibles y la transparencia en su distribución para los nueve departamentos; reactivar la capacidad nacional de refinación; transparentar los compromisos asumidos con el FMI y el financiamiento externo; e instalar una Mesa Nacional de Seguridad Energética.
Con esta medida se consolida una postura regional unificada, en línea con las acciones promovidas en Santa Cruz a través del Comité Pro Santa Cruz y la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad frente a la escasez de carburantes y el alza del diésel, situación que mantiene en apronte al sector agroindustrial.
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El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, explicó que este pronunciamiento es el resultado del análisis, diálogo y consenso técnico entre los diferentes rubros económicos del departamento.
“Es imposible avanzar en una reactivación económica bajo estas condiciones. Estamos sumamente preocupados porque se adoptan decisiones que impactan directamente en la producción y en la actividad empresarial sin consultar previamente a los sectores que sostienen la economía”, afirmó Demeure, según cita el diario Los Tiempos.
El Decreto Supremo 5676 fijó en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores, retirando el subsidio estatal y sujetando su tarifa a la fluctuación del precio internacional del petróleo. Pese a las presiones, el presidente Rodrigo Paz descartó dar marcha atrás en la norma y planteó la disyuntiva entre mantener el gasto en subvenciones o destinar recursos al financiamiento de obras públicas.
