Juan, Felipe y Ana pertenecen a los Esse Ejja, un pueblo indígena amazónico que ha perdido a sus ancianos. Dicen en Eyiyoquibo que todos ellos se apagaron en silencio. Antes de partir, ya casi no hablaban.
Mauricio Carrasco / Avril Carrasco
En una pequeña comunidad Esse Ejja en la Amazonía boliviana, los adultos tienen una muerte temprana y una nueva generación nace con daños neurológicos irreparables.
Los niños
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Ana sostiene a Juan por la espalda y le acerca una cuchara con una mezcla de pescado cocido y desmenuzado con arroz. Él abre los labios. Traga. Cierra la boca.
Después, su cuerpo vuelve a quedarse quieto.
Parte del alimento se le escapa por un costado. Ella lo limpia con delicadeza.
No hace falta que lo apure. Conoce muy bien ese cuerpo pequeñito de cinco años. Lo conoce desde que estaba en su vientre. Sabe exactamente cuánto puede darle, cuándo parar, cuándo insistir.
Sabe dónde está el límite entre alimentar y fatigar. Ese conocimiento no viene de un médico. Viene de estar alimentando a su hijo que come pero no crece, que traga pero no mejora.
En ese desgaste diario, la vida también se le ha ido a ella. De cabellos blancos, cuerpo frágil y piel castigada por el sol amazónico, Ana apenas roza los 27 años, pero parece de 60.
A pocos metros de ella, en ese cuarto oscuro que es todo su hogar —con puerta de lona pero sin ventanas—, su otro hijo, Felipe, está tendido sobre el piso de cemento. Tiene tres años. Ya comió lo que su madre le dio, o lo que pudo. Sus ojos están abiertos, pero no miran nada específico.
En Eyiyoquibo no hay pediatra. No hay análisis de sangre. No hay un diagnóstico individual oficial que certifique el daño en los cuerpos de Juan y Felipe, ni el sacrificio silencioso de Ana.
Sin embargo, en la comunidad nadie necesita un papel firmado para saber el nombre del culpable: el mercurio.
Los ancianos
En Eyiyoquibo dicen que el metal que inmoviliza a los niños también les apaga las defensas a los viejos.
Juan, Felipe y Ana pertenecen a los Esse Ejja, un pueblo indígena amazónico que ha perdido a sus ancianos.
Dicen en Eyiyoquibo que todos ellos se apagaron en silencio.
Antes de partir, ya casi no hablaban.
Al caer la tarde se sentaban frente a la hoguera y permanecían largos minutos contemplando el fuego, como si esperaran que las llamas les devolvieran el tiempo en que el río Beni era cristalino y todavía alimentaba a sus familias.
Comían poco, despacio, y después clavaban la mirada en el horizonte, allí donde las aguas desaparecen entre la selva.
Otras noches levantaban la vista hacia el cielo amazónico, cubierto de estrellas, sin pronunciar una sola palabra.
Hacía tiempo que habían dejado de reunir a los más jóvenes para enseñarles a navegar el río, reconocer los lugares de pesca, distinguir el canto de las aves o anunciar la llegada de las lluvias.
El silencio había ocupado el lugar de los consejos y ese mismo vacío llegó a las manos.
Las ancianas habían dejado de tejer, ya no entrelazaban las fibras de jipijapa —la palma amazónica con la que durante generaciones elaboraron canastos, esteras y abanicos— y pasaban largas horas sentadas en las puertas de sus hogares, observando a sus nietas jugar mientras los ojos se les llenaban de lágrimas.
En la comunidad se acostumbraron a verlos toser.
Empezaba como una sequedad en la garganta, apenas un carraspeo entre frase y frase, pero con las noches se volvía más honda, acompañada de flema.
Algunos se llevaban la mano al pecho cada vez que el esfuerzo de respirar hondo les apretaba por dentro.
Cuando el aire les salía de los pulmones, a veces traía consigo un silbido leve, como si el pecho dejara escapar algo más que aliento.
Otros días amanecían tibios, con una fiebre que nunca llegaba a asustar —apenas un poco de calor bajo la piel— y por eso nadie la nombraba enfermedad.
El cuerpo de los ancianos, decían las familias, se les iba cortando de a poco, sin fuerzas ni para levantarse.
Nadie ponía en palabras las despedidas, solo decían que los mayores se estaban muriendo de pena y en silencio.
Y el silencio es lo primero que se percibe en Eyiyoquibo.
Esa quietud se extiende hasta el borde mismo de la comunidad.
La única certeza escrita de la existencia de este rincón boliviano, lo único que prueba que está en el mapa, es un letrero de madera casi tragado por la maleza clavado junto al camino de tierra que lo conecta con el municipio de San Buenaventura.
Dice Eyiyoquibo y, debajo, la fecha de fundación: 16 de marzo de 1999.
Unos metros más allá de ese letrero, el tiempo se cuenta de otra manera.
Los jóvenes
Jhonny Sossa es capitán grande de la comunidad.
Tiene 25 años, mide poco más de metro y medio —la estatura común entre los hombres Esse Ejja— y carga un liderazgo heredado, porque la generación que debía ejercerlo comenzó a apagarse.
Camina hacia el cementerio, un cuadrado de tierra removida dentro del mismo poblado, y se detiene frente a las cruces más recientes.
—¿Y cómo los mayores no van a morirse de pena ante tanta tragedia? —dice sin levantar la vista—. Aquí la muerte llega una y otra vez, y la enfermedad no da descanso.
En Eyiyoquibo viven 501 personas repartidas en 104 familias. Sossa dice la cifra con la precisión de quien la actualiza cada mes, porque cada mes cambia.
La última vez que la dijo, había una persona más.
El nombre de la comunidad significa «pie de montaña» en lengua Esse Ejja.
El asentamiento está precisamente al pie de las alturas cubiertas de selva verde y tupida que rodean los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, en un territorio de bosques húmedos, barrancos y planicies ribereñas donde la Amazonía se encuentra con las primeras estribaciones de la cordillera.
A un lado del río está Rurrenabaque, en el departamento del Beni, próspero en turismo; al otro, San Buenaventura, en La Paz, sobrevive entre calles polvorientas y comercios apagados.
Durante siglos el Beni separó y comunicó a estos pueblos. Ahora un puente de más de trescientos cincuenta metros une ambas orillas, pero la corriente sigue marcando la vida de quienes dependen de sus aguas.
El curso del Beni recorre cerca de 1.600 kilómetros desde los Andes bolivianos hasta unirse, ya en la frontera con Brasil, con el río Mamoré.
Juntos forman el río Madeira, el afluente más caudaloso y de mayor longitud de todo el Amazonas.
Lo que desciende por el cauce frente a Eyiyoquibo no se queda en la comunidad, cruza un país vecino y termina en el corazón de la selva más grande del planeta.
En época de crecida, el río arranca pedazos enteros de sus orillas. También arrastra el mercurio, una amenaza que no se ve.
Diez hectáreas tenía Eyiyoquibo cuando la fundaron los misioneros estadounidenses de la Misión Nuevas Tribus, que cedieron el terreno al pueblo Esse Ejja.
Las familias levantaron entonces sus casas de madera y palma convencidas de que aquel pedazo de tierra alcanzaría para vivir de la pesca, la caza y los cultivos, mientras esperaban a que el Estado terminara de dotarles el territorio prometido.
Esa espera duró más de veinticuatro años, y cuando por fin llegó una respuesta, en 2021, no fue la tierra que pedían: eran 900 hectáreas en un predio llamado Fortaleza, una pequeña parte de las 20.000 que la comunidad había solicitado.
El terreno está al norte, a unos 50 kilómetros de Eyiyoquibo, lejos de cualquier río.
Para un pueblo que durante siglos vivió de la pesca y la navegación, aquella tierra significaba alejarse de la vida que conocían.
Las diez hectáreas originales se redujeron a siete. Las inundaciones se llevaron el resto, casa por casa, año por año, y con cada crecida el espacio entre las viviendas se hace más estrecho.
El joven líder camina despacio entre las construcciones de madera y las lonas azules deshilachadas que hacen de techo o paredes en las más precarias.
En los senderos que hacen de calles, los niños corren tras perros reducidos a piel y huesos.
Juan y Felipe no están entre ellos.
El capitán grande saluda a cada una de las personas que encuentra por su nombre.
Se detiene frente a una mujer mayor, demacrada y delgada, de largos cabellos negros entreverados de blanco. Viste apenas una pieza de tela, como si hubieran cortado una funda y la hubieran dejado caer hasta las rodillas.
Ella aviva el fuego bajo una olla ennegrecida por años de cocinar a leña. El pescado hierve lentamente para la sopa del almuerzo.
—¿Ya comió? —le pregunta ella.
—Todavía no —responde él.
En un lugar donde todos se conocen, el líder también carga con las historias que hay detrás de cada rostro: los que siguen aquí y los que se fueron quedando en el camino.
Y cuando habla de ellos, la tristeza aparece antes que las palabras.
—Aquí no morimos solo de las enfermedades— dice, y se detiene un momento, como si buscara la manera correcta de explicar algo que en su lengua no necesita explicación—. Aquí la gente también se apaga por dentro.
Son las palabras con las que su pueblo intenta nombrar una pérdida que se fue acumulando durante años, con personas que dejaron de hablar y enseñar antes de morir.
El deterioro había comenzado mucho antes, cuando el río dejó de ofrecer lo que siempre había dado, cuando el territorio empezó a encogerse con cada inundación y cuando algunos niños enfermaron antes de aprender aquello que sus abuelos todavía querían transmitirles.
Agua de la vida
En las aguas del Beni corre mercurio disuelto, y estudios realizados en la cuenca han encontrado efectos de este metal sobre el sistema inmunitario.
Altera el funcionamiento de las células encargadas de la defensa del organismo y puede reducir su capacidad para responder ante las infecciones.
En los ancianos, aquella exposición silenciosa se sumó al desgaste implacable de los años.
Lo que empezaba como una tos persistente, fiebre baja o un cansancio crónico —síntomas que fácilmente se atribuían al simple paso del tiempo— terminaba por derribar organismos que llevaban décadas dependiendo de un río contaminado.
En Eyiyoquibo lo llaman apagarse por dentro. La ciencia tiene sus propias palabras para explicarlo.
Pero el nombre importa menos que el río.
Porque ahí, en una curva del Beni donde el agua se vuelve espesa y color barro después de las lluvias, los Esse Ejja han vivido durante generaciones.
El río no solo atraviesa su territorio, sino que ha marcado su forma de vida, su alimentación y su identidad.
Por eso se los conoce como los «hombres del río».
La relación de ese pueblo con las aguas antecede en siglos a cualquier draga.
Río arriba, donde el Beni alcanza un caudal imponente, operan los llamados «dragones chinos»: embarcaciones enormes que avanzan sobre el agua y remueven el lecho del río con maquinaria pesada en busca de oro, destruyendo hábitats, desgastando las orillas y alterando el cauce.
Para separar el oro de la tierra usan mercurio, y la corriente hace el resto: lleva río abajo lo que se arroja río arriba, hasta las comunidades y los territorios protegidos.
Entre ellos está el Parque Nacional Madidi, casi 1,9 millones de hectáreas de bosques, ríos y montañas al norte de La Paz, donde habitan más de 8.000 especies de plantas superiores y cerca de 1.500 de vertebrados —entre ellas, alrededor del nueve por ciento de las aves del planeta—. Ahora, la maquinaria y el mercurio avanzan también sobre ese mundo.
Los «hombres del río» nunca practicaron la minería aurífera que hoy los está matando por otro camino, ni tuvieron voz en las decisiones que trajeron las maquinarias ilegales río arriba que vierten cada día toneladas de mercurio en el agua, donde el metal se acumula en los peces —tucunaré, paiche, pacú— y de ahí llega al plato.
Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés, liderado por el doctor Roger Carvajal en coordinación con la colombiana Universidad de Cartagena y el Centro de Documentación e Información Bolivia, encontró en mujeres en edad reproductiva de la cuenca del río Beni niveles promedio de mercurio de hasta 5,5 partes por millón (ppm), cinco veces por encima del límite internacional de la Organización Mundial de la Salud, fijado en 1 ppm.
El informe documentó también alteraciones en los glóbulos rojos, incremento de la presión arterial, abortos recurrentes, insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza y mareos.
Carvajal explicó que la exposición crónica deteriora, además, el sistema inmunológico y provoca alteraciones en el ADN, además de daño hepático y neurológico.
—Ya no hablamos solo de contaminación ambiental, sino de una amenaza real para la salud humana —dijo el investigador al presentar los resultados.
El estudio, desarrollado durante dos años —entre 2023 y 2025— evaluó tanto la contaminación en los peces carnívoros como sus efectos directos en las personas.
El mercurio entra al agua, pasa a la cadena alimentaria y termina en el plato de quienes viven del río desde antes de que existiera un estudio que lo demostrara.
El capitán grande no necesitó ese informe para saberlo. Lo supo antes, viendo.
Pero cuando los investigadores llegaron a la comunidad en distintos momentos del último año y le hablaron de análisis de sangre y de un veneno capaz de atravesar la placenta antes del nacimiento, entendió con precisión científica el origen de la realidad local.
Al joven líder le explicaron, despacio, casi con lástima, que una vez en el vientre materno ese metal empieza a dañar el desarrollo del cerebro del bebé, y que Eyiyoquibo figura entre las comunidades más golpeadas por el mercurio de toda América Latina.
—Por esa razón las mujeres ya no dan a luz en sus casas como antes —dice mientras camina hacia el centro del poblado—. Ahora se hinchan, se desmayan, sufren, y hay que caminar cincuenta minutos hasta el hospital para una cesárea.
El dirigente guarda silencio, se detiene unos segundos y levanta la mirada hacia el cielo.
—Como Juan y Felipe —lamenta— hay niños que tienen profundos retrasos en la cabeza.
El Hospital Municipal de Segundo Nivel de San Buenaventura queda a cuatro kilómetros.
Sossa lo señala sin detenerse, como quien apunta hacia un lugar que ha visto demasiadas veces por las razones equivocadas.
La ley que no llegó
El hospital de San Buenaventura es, también, el nombre que aparece en una resolución judicial de 2023, cuando un juez mixto de Rurrenabaque —actuando como Tribunal de Garantías Constitucionales— ordenó tratar a todas las personas con niveles altos de metilmercurio, principalmente a los miembros de las comunidades Esse Ejja, Tsimanes y Mosetenes.
La resolución citaba el Decreto Supremo 4959, promulgado ese mismo año por el Gobierno para controlar la importación de mercurio, y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, ratificado por el Estado boliviano para reducir y controlar la contaminación causada por ese metal.
El Convenio nos remite a mediados del siglo pasado, a la pequeña bahía japonesa de Minamata.
Allí, una empresa petroquímica vertió toneladas de residuos químicos al agua, envenenando silenciosamente los peces y mariscos que alimentaban a todo un pueblo de pescadores.
Antes de que los síntomas humanos se hicieran evidentes, los felinos de la zona empezaron a enloquecer, convulsionar y lanzarse directo al mar.
Aquella situación, bautizada popularmente como el «síndrome del gato saltarín», fue la primera señal de alarma de un desastre neurológico irreversible.
Buscando frenar ese horror global, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata en 2013 y lo ratificó mediante la Ley 759 del 18 de noviembre de 2015.
El tratado internacional tiene un enorme valor jurídico, pero el Estado boliviano no ha podido honrar adecuadamente su compromiso de proteger la salud y la vida frente al veneno.
A pesar de la urgencia en los ríos, la respuesta institucional se quedó congelada en la burocracia. Sobre el papel, el Estado tenía todo listo: una ley, un decreto y una sentencia con nombre y apellido.
En 2025, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz denunció que ningún ministerio la había cumplido.
Ante el abandono estatal, el Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, amparado por la Constitución, exigió frenar de inmediato la minería aurífera ilegal en la Amazonía.
La medida busca contener el desborde de mercurio en los ríos Beni y Madre de Dios, cuyas aguas siguen inyectando un daño irreversible en la salud de los pueblos que los habitan.
En 2025, el entonces viceministro de Salud, Max Enríquez, admitió que el gobierno había tomado muestras de cabello a una cuarentena de personas en Eyiyoquibo, pero que ningún enfermo había sido atendido, culpando a la distancia y a la supuesta desconfianza de las comunidades.
A nivel de toda la cuenca, la cifra ya existía antes: de 305 personas que entregaron muestras de cabello, el 74,5 % superaba el límite seguro de mercurio.
—La ley existe. El decreto existe. La resolución existe —dicen las autoridades Esse Ejja—. Lo único que no existe es el médico que llegue con las medicinas.
Con el cambio de gestión constitucional, el Ministerio de Minería propuso sustituir el mercurio por cianuro en la extracción de oro, flexibilizando al mismo tiempo los trámites para regularizar derechos mineros.
En Eyiyoquibo, la propuesta se recibe con el espanto de quien sabe que un veneno no cura otro veneno. Para los Esse Ejja, la sustitución tecnológica suena a una nueva condena de muerte envuelta en burocracia.
Las organizaciones ambientalistas advirtieron que la medida podría relajar los pocos controles existentes, justo cuando la evidencia científica sobre el daño acumulado empezaba a ser innegable.
En un comunicado, el Tribunal de Justicia Indígena de Bolivia fue más allá:
—Si la situación no cambia, los Esse Ejja pueden extinguirse —denunció su vicepresidente, Ángel Durán.
Mientras la advertencia permanece en las oficinas, en Eyiyoquibo los Esse Ejja solo siguen esperando.
Son uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución boliviana, que en el papel les garantiza salud y territorio.
En la práctica, esas garantías conviven con un pequeño cementerio que se llena de cruces más rápido de lo que la burocracia estatal tarda en actuar.
La hija ausente
Lucio Game Moreno está sentado afuera de su casa.
La tragedia que carga no cabe en ningún estudio científico ni en ninguna hectárea en disputa: hace unos meses, su hija de cuatro años falleció.
Tenía un cuerpo que, por la desnutrición crónica que arrastra toda la comunidad, parecía el de una niña de dos.
La tragedia empezó con un resfrío que no se le iba.
Su cuerpo, ya debilitado, no pudo defenderse. Todo indica que el metilmercurio había ido minando sus defensas hasta dejarla expuesta a una bronconeumonía que terminó por matarla.
Los domingos, antes de enfermar, su madre la llevaba junto a sus tres hermanas a la feria artesanal de Rurrenabaque, donde llegan miles de turistas extranjeros atraídos por la cercanía del Parque Nacional Madidi.
Este inmenso santuario natural convirtió a la región en el segundo destino turístico más importante de Bolivia, después del Salar de Uyuni.
Mientras la madre vendía, la niña y sus hermanos recorrían los comedores populares mendigando comida.
La pesca ya no alcanzaba para vivir y las artesanías eran una de las pocas maneras de conseguir dinero.
Fiebre alta, dolores en el cuerpo, una tos seca que fue agravándose hasta comprometerle los pulmones.
Una noche de febrero de 2026, Lucio y su esposa la cargaron en brazos hasta el hospital.
Los atendieron con amabilidad, pero el centro médico no tenía cómo darle, de manera gratuita, los medicamentos necesarios.
Para entonces, la escasez de fármacos ya era una herida abierta en todo el sistema de salud boliviano.
El gremio empresarial de importadoras de fármacos había pedido públicamente al gobierno que garantizara las divisas necesarias.
Sin dólares —igual que sin combustible, escasos en el país desde 2023— no había manera de abastecer los hospitales.
Sin combustible, Lucio tampoco pudo salir a pescar para ganar algunas monedas y comprar la medicina en Rurrenabaque.
Su esposa vendió todas las artesanías que tenía, pero no alcanzó.
Los médicos no pudieron salvarla.
Lucio guarda silencio un momento largo. Mira hacia su hogar y, cuando vuelve a hablar, ya no menciona a su hija.
—Hay otra tristeza que también nos golpea —dice, y baja la mirada hacia sus manos—. Aquí nadie llega a cobrar la Renta Dignidad.
Ese subsidio de 350 bolivianos —cerca de 30 dólares al mes— que el Estado entrega a los bolivianos mayores de 60 años es para él una forma de contar a los sobrevivientes.
Sus habitantes siguen dependiendo de la caza y la pesca para sobrevivir, y el trueque es una práctica cotidiana.
En un lugar donde el dinero circula poco, 350 bolivianos representan «una gran fortuna».
—Nuestros abuelos se han ido antes de cumplir los 60, sin llegar a cobrar esa gran fortuna —dice Lucio—. Con ellos se fue una parte de lo que éramos.
No necesita mostrar estadísticas, basta con señalar las chozas vacías de madera y techo de hojas de palmera donde antes vivían los mayores, y que hoy permanecen en silencio, como una extensión más de la selva que las rodea.
Madre a los 14
El sol de invierno ya está alto cuando, más allá de la casa de Lucio, Mary Tórrez refresca a su segunda hija frente a la choza donde vive con su esposo.
Está en cuclillas junto a una mesa de madera improvisada, con un recipiente rojo lleno de agua a un costado y una olla ennegrecida cerca, en el patio de tierra.
Sonríe mientras le pasa el agua a la bebé, que se deja acariciar entre sus manos.
A su lado, su otro hijo, a quien tuvo a los 14 años, la observa de pie, quieto, sin apartarse.
Dos niñas de la comunidad están sentadas en el mismo banco, mirando la escena en silencio.
La joven madre tiene 16 años. Habla primero en Esse Ejja y después se traduce a sí misma:
—Mary Tórrez es mi nombre. Y ha nacido mi segunda hija.
Es una de las mejores alumnas de su curso en la escuela que el Estado construyó dentro de la comunidad, donde las clases se imparten en ambas lenguas en un intento por conservar la cultura.
La unidad educativa comenzó a funcionar con aulas rústicas en el año 2000 y en 2022 graduó a su primera promoción de bachilleres en una buena infraestructura.
Mary forma parte de esa nueva generación que creció entre dos mundos y sueña con estudiar enfermería cuando termine el bachillerato, dentro de dos años.
El receso escolar de mitad de año coincidió con las últimas semanas de un embarazo que recuerda como una larga tortura.
Se le hinchaban el rostro, las manos, los párpados y las piernas.
Los dolores de cabeza no cedían ni con las hierbas que le preparaba su madre.
Después llegaron la visión borrosa, la sensibilidad a la luz, el dolor en el vientre y los vómitos.
Hubo días en que le costaba respirar y otros en los que ni siquiera podía orinar.
—Era preeclampsia —dice con una serenidad que contrasta con el recuerdo.
En el hospital de San Buenaventura le explicaron que la exposición prolongada al mercurio podía estar relacionada con las complicaciones de su embarazo.
A diferencia de muchas mujeres mayores de la comunidad, Mary y su esposo, de 18 años, tenían cédula de identidad.
Ese documento les permitió acceder al Bono Juana Azurduy, el programa estatal que entrega alimentos y un incentivo económico a las embarazadas y a sus hijos a cambio de cumplir con los controles prenatales y de crecimiento.
Decidieron acudir desde las primeras semanas del embarazo, aunque cada revisión significara enfrentar la fatiga de una larga caminata hasta el hospital.
La recompensa por cumplir con todo el programa tampoco es grande. Si completan todos los controles previstos durante el embarazo y los dos primeros años de vida del niño, reciben en total 1.820 bolivianos distribuidos a lo largo de 33 meses, el equivalente a poco más de tres dólares mensuales.
Para Mary, sin embargo, el esfuerzo tenía otra recompensa, llegar al parto y saber que todo había salido bien.
—No fue cesárea y mi bebita nació bien —dice, aliviada.
Durante nueve meses vivió con el miedo de verla nacer con alguna malformación o con los retrasos de los que hablan los mayores.
El año anterior, una de sus hermanas había perdido a su bebé en un parto en casa y ella no quería que la historia se repitiera.
Pero la alegría por la hija sana apenas alcanzó para aliviar las otras heridas.
Dos de sus hermanos emigraron a Brasil para trabajar en talleres de confección de ropa, dejando atrás las redes de pesca que sostenían la casa.
Las llamadas y los mensajes reemplazaron las conversaciones alrededor del fogón.
—Todos volverán y habrá fiesta en Eyiyoquibo —dice Mary, y sonríe—. El que ya no volverá es mi padre.
Guarda silencio unos segundos. Mira a su bebé y agrega:
—Cuando murió mi sobrina y mis hermanos se fueron, mi papá dejó de hablar, dejó de reír. Se quedaba sentado junto a la puerta y pasaba las tardes enteras mirando sus viejas redes de pescar secas y rotas en el patio.
Así se fue apagando, poco a poco.
Las despedidas, ha aprendido Mary, no siempre terminan en el cementerio. Algunas terminan en una llamada telefónica desde Brasil.
El río que dejó tres heridas en una familia
Milton Game Moreno, hermano de Lucio, está sentado en su silla de ruedas sobre un camino de tierra apenas abierto entre la maleza.
A su lado, de pie, un familiar lo acompaña con una mano apoyada en el respaldo, como si vigilara que la silla no se hunda en el barro.
Metros más atrás, entre la vegetación espesa, corre el mismo río que le quitó la movilidad en las piernas y, años después, se llevó a su sobrina.
Cerca de las ruedas, un hilo de agua estancada arrastra botellas y bolsas plásticas, hojas podridas y restos de comida junto al sendero.
En Eyiyoquibo el agua no solo corre por el río, se mete en los caminos, rodea las casas y deja su rastro.
Tiene 48 años y hace diecisiete que no puede caminar.
—Fue el mercurio —dice sin dudar.
Eso le dijeron los médicos.
De joven era un pescador hábil. Nadaba en las corrientes bravas del Beni, cazaba y caminaba días enteros por la selva.
Trabajó como cualquier otro hombre Esse Ejja hasta que, un día, empezó a perder el equilibrio.
Primero arrastraba los pies. Después llegaron los tropiezos. Finalmente dejó de caminar.
La medicina llama a lo que le ocurrió intoxicación crónica por metilmercurio, el metal que se acumula durante años en el organismo y termina dañando el sistema nervioso, particularmente el cerebelo, encargado de coordinar el equilibrio y los movimientos.
Milton apenas consigue incorporarse de la silla por sus propios medios. Sus piernas, antes fuertes por las caminatas en el monte, quedaron reducidas a dos miembros sin fuerza que ya no reconoce del todo como suyos.
Su cuerpo no es el único que lleva esa marca.
A cuatro kilómetros de Eyiyoquibo, en una sala del hospital de San Buenaventura, su hermano menor Claudio permanece, recostado, inconsciente, con un pañal de incontinencia, en una cama de metal blanco. Tiene 23 años.
Un tubo de oxígeno le cruza el rostro y lleva una vía intravenosa sujeta con un vendaje en el dorso de la mano. Duerme con la boca entreabierta y la cabeza hundida en la almohada, ajeno al ir y venir de la sala.
Los médicos ya le advirtieron a Claudio, apenas después del bachillerato, que el metal avanza hacia su sistema nervioso.
Desde entonces, su cuerpo también ha tenido que enfrentar una bronquitis persistente, que lo obliga a volver a esa misma cama entre tres y cuatro veces al año.
Depende de un tubo para recibir el oxígeno que sus pulmones ya no consiguen del aire por sí solos.
La enfermedad de Claudio no es un caso aislado —asegura su hermano— es una presencia que se reconoce en las historias familiares y en la vida cotidiana de un pueblo entero.
—Aquí, todos estamos enfermos, todos somos pobres —dice Milton—. Cocinamos a la intemperie, vivimos hacinados, no tenemos luz, agua potable ni alcantarillado, y cuando enfermamos casi nunca hay medicamentos.
Un pueblo reconocido, pero abandonado
La contradicción entre el reconocimiento constitucional en el papel y el abandono en los hechos no sorprende al antropólogo Wigberto Rivero, estudioso de la cultura Esse Ejja desde hace tres décadas.
De acuerdo con el experto, el Estado reconoció derechos colectivos sin proteger nunca las condiciones que hacían posible la vida de ese pueblo.
—Los Esse Ejja nunca fueron nómadas —aclara Rivero—. Fueron un pueblo itinerante que respondía a un conocimiento preciso del bosque y de los grandes ríos amazónicos: cuándo pescar, dónde cazar, en qué época recoger frutos. La selva era su territorio y, al mismo tiempo, su biblioteca.
Las mujeres, agrega el experto, sostienen buena parte de esa vida. Recolectan frutos, pescan y tejen la jipijapa, mientras la lengua madre se sigue transmitiendo como el hilo invisible que mantiene unida a la comunidad.
Es una cultura que resiste porque conserva su manera de habitar el bosque, asegura el antropólogo, pero esa manera de habitarlo, en su opinión, no le sirve de nada frente al Estado.
—Para que sus derechos en el papel se conviertan en realidad, alguien tiene que hablar el idioma del papel —comenta Rivero.
Pero quienes dominaban el idioma del río y del monte ya no están. Muchos de los mayores han muerto, y con ellos se ha ido una parte del conocimiento que sostenía la vida de la comunidad.
Ahora los jóvenes deben aprender otro idioma. Quienes llevan las riendas, como Sossa, tienen que hablar español, leer documentos y negociar con comerciantes y autoridades que no siempre actúan de buena fe.
Así, con apenas 25 años, el joven dirigente carga con decisiones que antes tomaban los ancianos.
—Ya no se trata —dice el antropólogo—, sólo de gestionar una cotidianidad, sino de navegar un laberinto administrativo donde la experiencia ancestral pierde relevancia frente a la técnica jurídica.
Ese laberinto también se refleja en las tierras que el Estado ha ofrecido a la comunidad, porque ninguna termina de responder a sus necesidades.
Después de la oferta de Fortaleza, inútil para un pueblo pescador, llegó una segunda: 1.141 hectáreas en Puerto Menor, en Rurrenabaque.
Pero ese terreno está fraccionado y en disputa, ocupado por asentamientos campesinos y haciendas ganaderas que llegaron antes que el papel oficial.
—Son tierras con muchos problemas —había dicho Sossa a las autoridades—. No vamos a pelear por un territorio que, además, tiene al río lejos, muy lejos.
Así que la comunidad se queda donde está, en siete hectáreas que cada año son un poco más chicas.
Dos hermanos
En Eyiyoquibo, mientras algunos niños juegan con una pelota desinflada entre las casas de madera o trepan a los árboles del patio para saltar desde las ramas más bajas, otros buscan el río apenas el sol aprieta.
Se lanzan al Beni entre gritos y carcajadas, chapotean en la corriente turbia y regresan empapados para volver a empezar.
Sus risas se escuchan en toda la comunidad.
Juan y Felipe no participan de esas carreras ni de esos juegos.
Juan está tendido sobre el piso de cerámica roja del espacio techado frente a la casa, bajo el sol crudo del mediodía de invierno que desciende sin filtro por uno de sus costados.
No llora, no se queja, solo mira. Tiene los ojos fijos en quien se acerca, sin la inquietud ni el movimiento de otros niños de su edad.
Sus piernas, delgadas hasta parecer solo hueso cubierto de piel, quedan extendidas sobre las baldosas como si no le respondieran del todo.
No lleva pañal —en Eyiyoquibo no hay dinero para eso, y tampoco es costumbre entre los Esse Ejja—, y la humedad se le nota junto al cuerpo, sobre el piso.
Detrás, contra la pared de ladrillo visto sin revocar, Felipe duerme boca abajo, con la cabeza vuelta hacia el muro, como si prefiriera no ver. Solo cambia de posición cuando algún familiar lo toma en brazos.
Está más abrigado que su hermano, envuelto en una chompa gruesa a pesar del calor. Más allá de la casa, los árboles del monte empiezan a recortarse verdes contra el cielo despejado.
Un médico, si los examinara, hablaría de discapacidad neurológica y probablemente preguntaría por exposición a metales pesados durante el embarazo, la misma pregunta que ya respondieron los estudios de la Universidad Mayor de San Andrés sobre otros niños de la cuenca del Beni.
En Eyiyoquibo nadie espera ese diagnóstico.
Su madre, Ana, sentada en el umbral de una de las pocas viviendas de ladrillo de la comunidad, solo tiene una manera de nombrar lo que ve todos los días:
—Nacieron con profundos retrasos en la cabeza.
Juan y Felipe no son un caso aislado. En Eyiyoquibo hay, al menos, otros diez niños con cuadros similares, repartidos entre las casas de la comunidad, casi todos sin diagnóstico formal.
Ana no aparta la vista de sus hijos. De vez en cuando acomoda la ropa de uno, espanta un insecto del otro o les habla en su dulce lengua Esse Ejja con una voz tan baja que apenas rompe el silencio del patio.
Los Esse Ejja, cuenta ella, creen que las aguas y el bosque escuchan las penas del hombre.
Pero saben también, agrega, que el agua viene «mala», y que pronto no quedarán árboles en la selva amazónica para atender los fríos del alma de los pueblos indígenas.
—Cada vez hay más agua contaminada, menos peces, menos árboles y más penas.
Mientras el río Beni sigue corriendo cerca, bravo y turbio con el mercurio que enferma sus cuerpos, la casa queda en silencio.
Juan apoya la mejilla sobre las baldosas. El cansancio le gana y es incapaz de sostener la cabeza.
Desde esa mirada ausente, no sabe que su historia comenzó mucho antes de que él naciera, río arriba.