Zeballos fue incluido, por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, en una nómina de más de 10 ciudadanos bolivianos que perdieron la visa de acceso a ese país porque “atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.
Por eju.tv / La Paz / Video: FGE
Frente a la decisión de los Estados Unidos de retirarle su visa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, defendió su trabajo y afirmó que entre enero de 2025 a la fecha se iniciaron 856 procesos por tráfico de drogas.
Zeballos fue incluido, por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, en una nómina de más de 10 ciudadanos bolivianos que perdieron la visa de acceso a ese país porque “atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.
No obstante, el fiscal cuestionó que el Departamento de Estado acuse una supuesta “protección al narcotráfico” como razón para que él pierda la visa de turista que tenía y que la empleó en una ocasión: en agosto de 2025 para asistir a un curso internacional de organización criminal realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Basado en datos oficiales del departamento de Santa Cruz, dijo que “desde la gestión 2025 a la gestión 2026, tenemos un total de 856 procesos penales que se han aperturado por delitos inmersos en la Ley 1008, tráficos de sustancias controladas, contra autores identificados y muchos de ellos guardando la medida seccional de la detención preventiva, otros con sentencia”.
De los 856 procesos, 472 se encuentran en etapa de juicio oral debido a que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra los involucrados.
“Tenemos casos cerrados, con sentencias condenatorias, con salidas alternativas y además procedimientos abreviados. Es decir, se trata de número considerable considerando el resultado que hemos venido realizando desde la gestión institucional de nuestra máxima autoridad ejecutiva como lo es el doctor Roger Mariaca Montenegro y a su vez también desde las gestiones impulsadas desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, defendió.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en conferencia de prensa.
Ante las posturas de algunos actores políticos, como los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, respectivamente, que pidieron que Mariaca se aparte del cargo mientras se realizan las investigaciones, Zeballos invocó la independencia institucional.
Si bien dijo que es respetuoso de las opiniones que realizan representantes de “cada una de las instituciones y órganos del Estado”, recordó que artículo 12 de la Constitución Política del Estado “establece claramente que los órganos del Estado son independientes y por ende están separados entre sí y no pueden ser delegables ni reunidos en una misma instancia para tomar una decisión al respecto”.
“Esto se traduce en una independencia judicial y para el Ministerio Público se traduce en una autonomía tanto funcional, administrativa como operativa, y, por ende, esta soberanía que cuenta el Ministerio Público como institución autónoma, vamos a respetarla”, aseguró.