Además de reponer la subvención del diésel, los cooperativistas piden la salida de los ministros de Minería Marco Antonio Calderón de la Barca y de Hidrocarburos Marcelo Blanco.
La dirigencia de Fencomin durante el ampliado del sector / Erbol
Fuente: Brújula Digital
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) exigió al gobierno la eliminación del Decreto Supremo 5716, que quita la subvención del diésel, y pidió además la renuncia de los ministros de Minería Marco Antonio Calderón y de Hidrocarburos Marcelo Blanco.
La determinación fue adoptada este miércoles durante un ampliado extraordinario realizado en Oruro, donde representantes de las federaciones afiliadas analizaron la situación económica, social y política del país. Tras el encuentro, la organización se declaró en emergencia y en “pie de movilización nacional”.
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El principal cuestionamiento de los cooperativistas está dirigido al DS 5716, promulgado el 18 de septiembre, que desembocó en que el precio del litro de diésel suba a Bs 17,95 y estableció un mecanismo para posteriores modificaciones en base a los costos internacionales.
En su ampliado, Fencomin resolvió rechazar la norma y demandar su abrogación inmediata. La organización considera que el nuevo esquema afecta los costos de operación de las cooperativas mineras y tiene efectos sobre la situación económica de sus afiliados.
Además, los dirigentes exigen la renuncia de Calderón y Blanco a los ministerios de Minería e Hidrocarburos respectivamente, por considerar que su gestión no responde a las expectativas y necesidades.
La resolución también establece que Fencomin permanezca en estado de emergencia y con disposición para asumir movilizaciones a escala nacional. Sin embargo, la organización no fijó hasta ahora una fecha concreta para iniciar nuevas medidas de presión.
Choferes en apronte
El minero no es el único sector movilizado por el “dieselazo”. En Santa Cruz, el transporte urbano e interprovincial otorgó el martes un plazo de 48 horas al gobierno para que deje sin efecto la disposición.
El dirigente del transporte urbano Mario Guerrero informó que, a partir del lunes 5 de octubre, el sector prevé ingresar en un repliegue de 48 horas acompañado de movilizaciones pese al estado de excepción decretado por el gobierno. La medida fue definida en un ampliado departamental con participación de representantes del transporte sindicalizado, federado y cooperativizado.
“A partir del día de lunes (5 de octubre), hemos decretado 48 horas de repliegue con movilizaciones para todo el transporte urbano e interprovincial, en contra del decreto 5716”, afirmó Guerrero.
Los transportistas sostienen que la eliminación de la subvención incrementó sus costos de funcionamiento y también encareció repuestos e insumos. Por ello, además de pedir la abrogación del decreto, el transporte urbano de Santa Cruz reclama una tarifa transitoria que permita cubrir el aumento de sus gastos operativos.
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