La acusación está contenida en la imputación formal presentada contra Mariaca dentro del proceso por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, documento al que accedió EL DEBER
El narcotraficante Sebastián Marset y el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Fuente: El Deber
La Fiscalía vincula al exfiscal general Róger Mariaca con la estructura que habría brindado protección a Sebastián Marset durante su permanencia en Bolivia y sostiene que, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, habría facilitado las condiciones que permitieron al narcotraficante evadir las acciones de captura en 2023.
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La acusación está contenida en la imputación formal presentada contra Mariaca dentro del proceso por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, documento al que accedió EL DEBER.
De acuerdo con la teoría fiscal, Mariaca habría cumplido un rol de “protección y ayuda” a la estructura de Marset durante su gestión como fiscal departamental de Santa Cruz, entre 2020 y 2024, y posteriormente desde la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía relaciona esa supuesta cobertura con el operativo del 29 de julio de 2023, cuando Marset logró escapar de una operación policial desplegada para capturarlo.
El Ministerio Público sostiene que el narcotraficante habría recibido información anticipada sobre operativos y que esa situación le permitió evadir los esfuerzos de captura. El documento menciona como sustento entrevistas, declaraciones, diagramas de vínculos e información atribuida a la UIF y videos, entre ellos una entrevista donde el mismo Marset afirma que Mariaca es su “amigo”.
Además, en el video que vincula a Marset con Mariaca, que fue grabado el 3 de marzo en el aeropuerto Viru Viru, el uruguayo afirmó que el ex fiscal general “le avisaba si había o no había”, dando referencia a que lo alertaba de los operativos de la Policía que buscaban capturarlo a él y sus cómplices.
La fuga que volvió a poner a Mariaca bajo investigación
El 29 de julio de 2023, Marset escapó de una mansión de la zona norte de Santa Cruz cuando la Policía había desplegado un operativo para capturarlo. El uruguayo huyó junto con miembros de su familia y permaneció prófugo durante casi tres años, hasta su captura en Santa Cruz en marzo de 2026.
Después de aquella fuga aparecieron versiones sobre una posible filtración de información. En septiembre de 2023, el propio Mariaca, entonces fiscal departamental, informó que la Fiscalía realizaría pericias a un audio difundido en redes sociales en el que supuestamente un jefe policial alertaba a Marset sobre el operativo.
La imputación presentada ahora utiliza ese episodio como parte del contexto para sostener que el narcotraficante habría contado con protección dentro de instituciones estatales.
En la individualización de la conducta de cada investigado, la Fiscalía atribuye a Mariaca un papel específico: “Cumplió rol de protección y ayuda como fiscal departamental de Santa Cruz (2020-2024) y como fiscal general del Estado (2024-2026), encubriendo y brindando facilidades a la estructura de Sebastián Marset”, según el documento.
La acusación también señala que durante ese periodo Marset habría pagado una «mensualidad» a Mariaca como parte de un supuesto esquema de protección.
El documento no establece que Mariaca haya sido quien personalmente ejecutó la fuga de Marset ni presenta en esas páginas una sentencia que determine su responsabilidad. La tesis fiscal apunta a que las presuntas facilidades y la información anticipada proporcionadas por funcionarios habrían contribuido a que el narcotraficante pudiera evadir los operativos.
Irusta, señalado como operador dentro de la Fiscalía
La imputación también incorpora al fiscal superior Martín Irusta Flores, a quien atribuye un supuesto papel operativo dentro de la estructura investigada. Según el documento, Mariaca designó a Irusta como fiscal superior en febrero de 2026 y la Fiscalía cuestiona esa designación por considerar que no habría cumplido los requisitos de convocatoria e idoneidad.
El Ministerio Público sostiene además que Irusta fue encontrado el 30 de septiembre en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, cuando presuntamente intentaba extraer documentación y expedientes confidenciales relacionados con la investigación. Los investigadores señalan que tenía un cable tipo C y atribuyen ese hecho a un supuesto intento de eliminar o extraer información. Ese extremo también deberá ser corroborado mediante las diligencias investigativas correspondientes.
Mariaca, Irusta, Alberto Zeballos y el mayor de Policía Rubén Aparicio fueron imputados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La Fiscalía solicitó para los cuatro seis meses de detención preventiva, argumentando riesgos procesales y la necesidad de realizar peritajes a teléfonos y otros dispositivos, triangulación de llamadas, análisis de información financiera y requerimientos a Migración, Interpol y otras instituciones.
La acusación fiscal representa una nueva línea dentro de la investigación sobre la fuga de Marset en 2023. La posible participación de Mariaca, la existencia de una red de protección y la relación concreta entre esa estructura y el operativo fallido deberán ser establecidas mediante elementos de prueba y las decisiones que adopten las autoridades judiciales.