López precisó que la reciente norma aprobada no establece que Urioste de permanecer en el cargo necesariamente los 90 días, sino que ese es el tiempo máximo previsto para que la ALP concluya el proceso.
El jefe de bancada de la alianza Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, afirmó este lunes que los 90 días establecidos para el proceso de elección del nuevo fiscal General del Estado constituyen un plazo máximo, por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) puede completar la designación antes de ese periodo y, una vez elegido el titular, el fiscal general interino Armando Urioste cesará en sus funciones.
«La ley que aprobamos no dice 90 días su mandato. Lo que dice es que será hasta que se nombre al nuevo fiscal general titular. Y en la convocatoria dice que hasta el plazo máximo de 90 días se tiene que elegir», enfatizó el legislador, en entrevista con radio Erbol.
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La explicación surge después de que la ALP aprobó en una sesión maratónica en las pasadas horas una modificación a la normativa del Ministerio Público, tras la destitución de Roger Mariaca, quien enfrenta dos procesos judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Posteriormente, el Legislativo designó a Urioste como fiscal general interino, cuya posesión está prevista para este lunes a las 19.00 horas.
López precisó que la reciente norma aprobada no establece que Urioste deba permanecer necesariamente los 90 días en el cargo, sino que ese es el tiempo máximo previsto para que la entidad legislativa desarrolle el proceso y elija al nuevo Fiscal General titular.
En ese sentido, mencionó que por ejemplo, si la ALP concluye el proceso en 60 o incluso en 30 días, el nuevo Fiscal General asumirá el cargo y Urioste dejará sus funciones interinas «Una vez que se elige, por supuesto este fiscal interino ya cesa en sus funciones», afirmó.
Respecto al procedimiento, el jefe de bancada de Libre explicó que la comisión mixta que se conforme deberá trabajar en los requisitos, recibir las postulaciones, realizar las entrevistas y desarrollar el proceso de preselección para posteriormente remitir una terna a la ALP, instancia que tendrá la responsabilidad de elegir a la nueva autoridad del Ministerio Público.
López consideró que los 90 días serían suficientes para desarrollar este proceso y planteó que, más allá de los títulos académicos o la experiencia profesional de los postulantes, se priorice su probidad, ética y solvencia moral.
«De nada nos sirve tener una persona que nunca haya sido funcionario público, que sea un abogado con 30 años de experiencia, que tenga maestría, que tenga doctorado, pero en la parte profesional, en el ejercicio del derecho, no sea una persona que garantice la probidad», sostuvo.
Consultado sobre si Urioste puede postularse al cargo titular, López señaló que no existe impedimento, siempre y cuando cumpla los requisitos que establezca la convocatoria.