Es la posición de los abogados en la defensa de las pruebas. Los juristas Ritter, Prado y Hoffmann ratifican que la obtención de la carta, audios de Soza y los testigos fueron recabados legalmente.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: Juicio. Gelafio Santistevan cuestionó al juez por pretender resolver sobre legalidad de pruebas sin escuchar a la defensa.
La Fiscalía pretende presuntamente «borrar» las evidencias de las irregularidades del caso Rózsa al intentar anular las pruebas de descargo por la defensa. Esa la posición de tres abogados de la defensa, al ratificar la vigencia de las pruebas documentales y testificales, presentadas en el incidente en actividad procesal defectuosa, interpuesto por el imputado Gral Gary Prado Salmón.
Los juristas Otto Ritter, José Hoffmann y Gary Prado Araúz argumentaron que las pruebas fueron obtenidas de manera legal y por ello, pedir la anulación de las mismas es una forma de borrar las evidencias sobre la verdad histórica de los hechos.
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Aseguraron de que tanto la carta de Marcelo Soza, los audios con la voz del exfiscal, se los adquirió enmarcados en la norma.
“Sin extorsionar, ni matar a nadie”, afirmó Prado, en su calidad de representante de Hugo Paz.
Mientras que Ritter remarcó que la misiva del exinvestigador del caso Rózsa, es una verdad irrefutable y que si no fue legalizada por la Cancillería boliviana y el Consulado de Bolivia en Brasilia, es porque no les dieron la gana de hacerlo. “Sin embargo está la legalización hecha en la Cancillería de Itamaratí en Brasil y que incluso otros países también la adquirieron y la están usando como pruebas en un proceso contra del Estado”, explicó el patrocinante de Prado Salmón. Hoffmann explicó también que la declaración de Boris Villegas, ratificó una vez más que el caso fue armado con fines políticos y que se violó los derechos de los imputados.
En su carta y los audios precedentes, Soza revela diversas irregularidades como la ausencia de fiscal en operativo en el hotel Las Américas (16 de abril del 2009), sembrado de pruebas y compra de testigos con el fin de desarticular a los líderes del movimiento autonomista opositor.
Acusadores insisten en anular pruebas. Por su parte, Rodrigo Arévalo, representante del Ministerio de Gobierno, siguiendo la línea de la comisión de fiscales, pidió al presidente del Tribunal, Sixto Justo Fernández, de que anule las pruebas presentadas por la defensa. Incluso insiste que fueron obtenidas con fines ilícitos con el fin de dilatar el proceso. Mientras que el juzgador Fernández después de escuchar ambas partes, instruyó cuarto intermedio para hoy a las 9:00 para que su Tribunal resuelva si rechaza o admite las pruebas de descargo entregadas por la defensa de los imputados.