7.361 demandas, paralizadas tras la suspensión de Rosario Canedo provocada por el oficialismo. La salida de Canedo puso en jaque al sistema judicial. Siete mil causas no podrán resolverse hasta que la nueva Asamblea convoque a elecciones de magistrados en 2012. La OEA pide recuperar la institucionalidad.
Cansancio: la ministra suspendida de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, ayer, en el hemiciclo parlamentario, donde mantiene su huelga de hambre
Salida de Canedo provoca una recarga procesal en Suprema
Rosario Paz Monasterios | LA PRENSA
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Retardación: El avance de las causas que se atienden en Sucre se verá afectado ante la falta de conjueces desde el año 2010.
Con la suspensión de la ministra de la orte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, esta instancia se verá afectada en el avance de las causas y quedará pendiente una carga procesal sin resolución de, al menos, 7.361 casos, que tendrán que esperar hasta que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional designe a nuevas autoridades judiciales, que se calcula ocurrirá hasta mediados de 2011.
De acuerdo con datos proporcionados en la Corte Suprema, hasta la fecha existen 7.361 casos que se encuentran en las distintas salas (Civil, Penal y Social) y que no fueron resueltos. Entre enero y junio de este año ingresaron a esa instancia 3.014 casos, en el mismo periodo, fueron atendidos y resueltos 1.392 procesos.
Canedo quedó suspendida de su cargo el jueves, luego que la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobara una acusación en su contra por el delito de prevaricato al haber firmado un Auto Supremo en 2008 en el proceso de liquidación del Banco Sur, que lleva adelante la ex Superintendencia de Bancos, hoy Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que al parecer provocó daño económico al Estado.
Esta decisión es cuestionada por la magistrada porque supuestamente no se respetaron los procedimientos legales y no se le dio opción a defenderse, por lo que, ese mismo día, se declaró en huelga de hambre.
Con la suspensión de Canedo, la Corte Suprema se queda con seis ministros, que no hacen los dos tercios que se requieren para instalar Sala Plena, lo que perjudicará el desarrollo de las labores de las causas.
El ministro de la Corte Suprema, José Luis Baptista, según ANF, dijo que la suspensión de su colega constituye un hecho jurídico “insólito” en la historia de la judicatura porque nunca antes se abrió un proceso sin la denuncia de las partes supuestamente afectadas.
Observó que este proceso se inició luego de que el otro ministro que también firmó el Auto Supremo, Julio Ortíz, pidiera a la Cámara Baja la revisión a esa resolución, pero que en la práctica no era una denuncia formal.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (Asfi) explicó ayer que la acusación por prevaricato contra Canedo se basa en el Auto Supremo 162/2008, que firmó junto con Ortíz, por el que no se favoreció a los ahorristas del ex Banco Sur y, por el contrario, benefició a los socios e inversionistas de esa entidad bancaria.
Canedo, ayer, en una improvisada conferencia de prensa, negó esa acusación y dijo que la calificación de “grados y preferidos” para la restitución del dinero la hizo un juez de instancia y no ella.
Silvia Salame, ex magistrada del Tribunal Constitucional, visitó ayer en la mañana a Canedo para disuadirla de que suspenda su huelga de hambre y dijo que no sólo se violentaron los derechos constitucionales y humanos de la ministra de la Corte Suprema, sino que “se acabó con la existencia del Poder Judicial; desde el 1 de enero ni siquiera se podrán resolver las causas porque no habrá Sala Plena que designe conjueces”.
Según Salame, también quedarán paralizados los juicios de responsabilidades, porque los conjueces que forman parte de esos procesos concluyen su mandato el 31 de diciembre. No obstante, el fiscal de Recursos que lleva adelante el caso “octubre negro”, Milton Mendoza, dijo que en lo que se refiere a este proceso no habrá paralización, porque los cinco conjueces que hacen parte del Tribunal de Juicio deben continuar hasta emitir una sentencia, aunque su mandato concluya antes.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz y conjuez de la Suprema, Bernardo Wayar, manifestó que la situación en el Poder Judicial es preocupante, pues se incrementará la retardación de justicia, que “afectará a unos 10.000 litigantes” cuyas causas se encuentran en la Suprema y en el Tribunal Constitucional, hoy sin funcionamiento.
Su colega el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, aseguró que la “única solución” a la crisis es que el Congreso pueda designar a nuevas autoridades judiciales.
Éstas, dijo, deberán ser nombradas con un mandato transitorio hasta que la nueva Asamblea Legislativa reinstitucionalice el Poder Judicial eligiendo a nuevas autoridades, proceso que llevará año y medio, es decir hasta 2011.
Hace dos semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al Gobierno de Evo Morales recomponer el Poder Judicial y avanzar en el nombramiento de la cúpula de la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.
Una vez instalada la Asamblea Legislativa, el 22 de enero, con los parlamentarios que serán elegidos en las elecciones generales del 6 de diciembre, su primera labor será la aprobación de cinco leyes, según establece la Carta Magna; entre ellas, la Ley de Organización del Poder Judicial, marco legal que devolverá la institucionalidad a esa instancia a través de la elección por voto popular de autoridades judiciales y previa selección de postulantes en el Congreso. Sin quórum, la Suprema actualmente no podrá designar vocales en las cortes de Distrito.
Canedo fue suspendida con el voto mayoritario del MAS.
La OEA, hace dos semanas, pidió al Gobierno reponer el Poder Judicial.
Temor en el Poder Judicial
La suspensión de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia fue calificada como una acción del Gobierno para intimidar a quienes cuestionen las actuaciones del Ejecutivo, lo que repercutirá más aún en la retardación de justicia, según expresaron algunas autoridades judiciales, aunque el criterio no es compartido por el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida.
Este matutino conoció que la presidente de la entidad de justicia, Beatriz Sandoval, no se pronunciará sobre el juicio iniciado contra la ministra Canedo, quien se encuentra en La Paz.
Una fuente consultada dijo que los ministros de la Suprema que aún quedan no saldrán “en defensa” de sus colegas procesados.
Torrico inicia una “contrahuelga”
A pesar del fuerte resguardo policial que impidió que los periodistas puedan tomar contacto con la suspendida ministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, quien mantiene una huelga en el hemiciclo parlamentario, los comunicadores se dieron modos para hablar con la autoridad judicial, en tanto que el diputado oficialista Gustavo Torrico se declaró en una suerte de “contrahuelga”.
Canedo manifestó que continuará con su medida de presión aunque, según su hija, sufre de presión alta. La autoridad suspendida denuncia que sus derechos constitucionales fueron violados y que fue víctima del abuso de poder del Gobierno.
Reiteró su llamado a los organismos de defensa de los derechos humanos a no olvidarse que en Bolivia existen sectores de la población que “sí tenemos derechos humanos y nos han dejado en total y absoluta indefensión”.
Mientras Canedo lleva adelante su ayuno en el hemiciclo parlamentario, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico inició, ayer en la mañana, una huelga de hambre “en contra de la impunidad” y afirmó que permanecerá en esa medida mientras la Ministra de la Suprema continúe con la suya.
Esta acción fue cuestionada por Canedo, quien advirtió de que no permitirá a Torrico a calumniarla ni ofenderla. “(De) este señor hay que averiguar quién era, quién es y que no se atreva a mencionar el nombre de la ministra Canedo, no lo voy a permitir”. El parlamentario de Podemos Bernardo Montenegro calificó de “payasada” la huelga del diputado oficialista.